La Administración embargará la licencia a los taxistas que no paguen las sanciones

El Instituto Metropolitano del Taxi (IMT) quitará la licencia a los taxistas que infrinjan por sistema el reglamento. Hasta ahora, la Administración no podía actuar contra los que, después de acumular sanción tras sanción, se declaraban insolventes. Para acabar con esta impunidad enquistada, el IMT ha iniciado un procedimiento que terminará con el embargo y subasta pública de una treintena de licencias, las de los taxistas que adeudan más de 3.000 euros en multas. El Grupo Independiente del Taxi apoya la exclusión de los tramposos, pero critica que no se actúe con el mismo celo en otros fraudes.

El embargo de la licencia acarrea la imposibilidad de ejercer la profesión. Por su extrema dureza, la medida se reserva a las causas perdidas: los taxistas que, primero, han sido sancionados en más de una ocasión con faltas graves o muy graves; y segundo, que han rehusado pagar las multas y han amontonado deudas de más de 3.000 euros. "Nos dimos cuenta de que si no hacíamos algo, los infractores seguirían riéndose de nosotros y engañando a los usuarios siempre que siguieran manteniendo sus cuentas corrientes a cero", arguye Jordi Ventayol, secretario del IMET.

En verano tomaron la decisión: embargar las licencias, un instrumento del que disponen desde que se aprobó la Ley del Taxi en agosto de 2003. Hasta ahora, esa orden sólo podían dictarla los tribunales, la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.

Ventayol dijo que todos los año se abren unos 1.200 expedientes informativos a los taxistas de Barcelona, un gremio formado por 10.500 personas. La mitad acaban en expedientes sancionadores, y entre 400 y 500, en sanción. La mayoría de los taxistas pagan las multas, pero a otros les salen gratis: al final del proceso sancionador, el Organismo de Gestión y Recaudación de Tributos no encuentra bienes a nombre del infractor. Sólo quedan el coche y la licencia: por mandato legal, el primero es inembargable al ser considerado una herramienta de trabajo; la segunda no lo es, a pesar de no ser menos imprescindible para ejercer. Para satisfacer las deudas, la Administración embargará y subastará la licencia de los sancionados, que cuesta unos 54.000 euros.

El IMET confía en que el solo anuncio del embargo empuje a muchos afectados a ir a la ventanilla de pago. "Esperamos no tener que llegar a esa situación en la mayoría de los casos", dice Ventayol. En otros, la suma adeudada es tan alta que no compensará el pago de la multa.

Los expedientados acumulan faltas graves y muy graves, algunas cometidas hace años. Las más comunes son cobrar más de lo debido (aplicar la tarifa 2 en lugar de la 1, el 30% más barata; pactar un precio y no conectar el taxímetro; elegir un trayecto inapropiado por largo) o circular con un coche que no haya pasado las preceptivas revisiones (la ordinaria de la ITV y la obligatoria para todos los taxis). En función de su gravedad, las multas oscilan entre 250 y 1.250 euros.

José María Soto, presidente del GTI, uno de los sindicatos que apoyó las recientes huelgas, apoya la purga higiénica en el sector, pero critica que no se extienda a otras prácticas. Por ejemplo, a los taxistas que esperan en el paseo de Sant Joan la llegada de turistas para pactar con ellos un precio y desconectar el taxímetro: "Hace siete meses que se lo dijimos al IMET, porque perjudicaban nuestra imagen, y ahí siguen". Miguel Ángel Martín, gerente del IMT, asegura que han intensificado el control en la zona y han hablado con las empresas de autobuses para que informen del fraude a sus usuarios. Martín descarta colocar a un inspector de guardia todo el día en la zona (hay cuatro para toda Barcelona, además del control que ejerce la Guardia Urbana y los ciudadanos). "Los erradicaremos por completo con las sanciones", asegura.