ETA arruina la estrategia de Batasuna

La necesidad de ETA de intentar contrarrestar su manifiesta debilidad con atentados como los del viernes en Madrid está arruinando la estrategia de Batasuna para evitar la "muerte civil" que le supondría a la izquierda abertzale la imposibilidad de concurrir a las próximas elecciones autonómicas vascas si no se desmarca con claridad de la organización terrorista. Cada acción de ETA para presionar al Gobierno y decirle que no está derrotada y que sigue ahí, es un golpe contra los intereses de Batasuna, e impugna el discurso de Arnaldo Otegi del 14 de noviembre, en el Velódromo de Anoeta (San Sebastián), al anunciar que ahora "toca" la paz y su apuesta "por la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas".

La organización terrorista considera "un éxito" el impacto logrado con las bombas como las de las gasolineras

El PNV advierte de que Batasuna será la única responsable si queda fuera en las autonómicas

Otegi desoye los llamamientos de los partidos democráticos y se niega a condenar los atentados de Madrid

El portavoz de la formación ilegalizada afirma que los ataques de la banda no desautorizan su propuesta de paz

Este doble y contradictorio mensaje ya se evidenció en aquel acto que Batasuna, pese a su ilegalización, pudo celebrar sin ningún impedimento. Apenas 12 horas antes de que Otegi anunciara la "renovada" propuesta de la izquierda abertzale para resolver el "conflicto", ETA hacía acto de presencia colocando dos potentes bombas en el refugio militar de Belagua, en el Pirineo de Navarra. Era su modo de advertir que la anunciada oferta de Batasuna, interpretada por algunos observadores como el traspaso del liderazgo de la izquierda abertzale de ETA a su brazo político, no significaba el silencio de las armas.

Los atentados del viernes, que colapsaron la Operación Salida del puente de la Constitución en Madrid con cinco bombas de escasa potencia, se inscriben, según fuentes de la lucha antiterrorista, en esta estrategia de recordatorio de su existencia que ETA viene practicando desde el 11-M. Con ello trata de demostrar al Gobierno socialista que, pese a evitar -al menos, de momento- causar víctimas mortales, para desmarcarse del incómodo referente del terrorismo islamista, sigue teniendo capacidad para golpear con fuerza en la propia capital de España. La colocación de los artefactos conecta con los atentados propagandísticos del pasado verano en la cornisa cantábrica, destinados a conseguir el máximo de publicidad e impacto ciudadano con el mínimo coste ante sus afines.

Esta presencia atenuada de ETA en la vida pública parece haber sido asumida por la dirección de Batasuna, pese a dejar en evidencia la escasa profundidad de su reconversión a las vías exclusivamente políticas. Frente a los requerimientos de todas las fuerzas políticas, que tras las explosiones exigieron a Batasuna que aclare definitivamente su postura respecto a la violencia terrorista, Arnaldo Otegi aseguró ayer en San Sebastián que las bombas colocadas en Madrid no suponen una desautorización por ETA de la propuesta que la izquierda abertzale presentó en el Velódromo donostiarra, sino que, por el contrario, ésta "tiene más vigencia que nunca".

Lejos del tono conciliador y hasta didáctico que utilizó en aquel mitin ante miles de seguidores al señalar que "es más difícil hacer la paz que la guerra", Otegi evitó ayer cualquier expresión que pudiera interpretarse como un desmarque de la banda. Algo que sí hizo respecto a la falsa bomba lapa colocada días atrás bajo el coche de un concejal socialista de Eibar. En este sentido, insistió en que "el mensaje" que ETA pretende dar con estos atentados "no significa desautorización de nada, sino sólo que el conflicto sigue". "Nuestra posición es hoy mucho más válida que el día 14 de noviembre", llegó a decir.

Estableciendo implícitamente que ETA tiene que hacer demostración de fuerza antes que negociar su final, Otegi, que dos días antes había aceptado públicamente que una tregua ayudaría a Batasuna, consideró que estos atentados se inscriben en un eventual "proceso de desmilitarización", eufemismo que utilizó para referirse a una eventual negociación de la organización terrorista con el Gobierno (así la establecen en su "propuesta renovada de solución"), y añadió que este proceso debía ser "global y multilateral". En este punto, recordó el procesamiento de los directivos del diario Euskaldunon Egunkaria y las elevadas penas solicitadas para los imputados por el juez Baltasar Garzón, y criticó que se exijan "todas las responsabilidades y el desarme sólo a una de las partes".

Con esta postura el dirigente de Batasuna hacía oídos sordos y se cerraba en banda ante los reiterados requerimientos lanzados de forma unánime desde el resto de formaciones políticas, incluidos todos los partidos nacionalistas. La secretaria de la ejecutiva nacional del PNV, Josune Ariztondo, reclamó a Batasuna que tome ya "la decisión definitiva". Debe optar, dijo, por "ir al abismo" de la mano de ETA, lo que supondría "la muerte política para Batasuna", o tomar la opción "de la democracia y el diálogo, que es el camino más difícil".

La dirigente del PNV, formación que ha criticado siempre la Ley de Partidos, endosó a la propia Batasuna la responsabilidad de que la izquierda abertzale quede excluida de las elecciones autonómicas vascas de la próxima primavera y pierda su única plataforma institucional, el grupo de Sozialista Abertzaleak en el Parlamento de Vitoria.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró la posición de firmeza del Ejecutivo y advirtió a ETA de que abandone cualquier esperanza de modificar su política con atentados. El único mensaje que cabe trasladar a la organización terrorista, dijo es que "tienen que dejar las armas, condenar la violencia y dejar de matar, asustar y todo lo que han venido haciendo hasta ahora". Y añadió que "los asesinos" deben tener muy claro que "con los demócratas no tienen nada que hacer".

Con esta fórmula de atentados propagandísticos, similar a la practicada en la campaña veraniega en las playas -cuyo "éxito" ETA ha proclamado en el último boletín interno-, la organización terrorista da por cerrada otra aguda crisis interna. En noviembre, apenas un mes después de la detención de Mikel Albizu, Antza, se acababa de conocer un documento en el que varios presos, ex dirigentes de mucho peso -entre ellos Francisco Mujika Garmendia, Pakito, e Ignacio Arakama Mendia, Makario- concluyen que ha llegado la hora de apoyar la "lucha institucional y de masas" que corresponde a Batasuna como partido político, dada la extrema debilidad que padece la organización a consecuencia de los golpes policiales. "La lucha armada que desarrollamos hoy en día no sirve. No se puede hacer lucha armada a base de comunicados y de proferir amenazas que luego no se cumplen", señalaba el demoledor diagnóstico sobre la capacidad de ETA.

Estas reflexiones han calado en buena parte de la militancia radical, pero no han obtenido el respaldo necesario para prosperar. El fin de la violencia y la necesidad de traspasar el liderazgo a Batasuna y propiciar su legalización han sido cuestiones debatidas en el seno de ETA y la propia Batasuna. Ésta ha optado por reformular los planteamientos de la izquierda abertzale sobre la autodeterminación en términos más flexibles, que hace años hubieran sido muy estimados por las demás fuerzas nacionalistas.

Sin embargo, tras el fiasco del Pacto de Lizarra y el regreso de ETA a los atentados en 2000, el nacionalismo institucional, que aspira a fagocitar electoralmente a Batasuna, ya no da credibilidad a propuestas "renovadas" si no van acompañadas de lo que la formación de Otegi parece no poder conceder: el desmarque de ETA o, en su defecto, una petición pública de que abandone las armas.

Desde que presentaron su propuesta, los dirigentes de Batasuna se han visto atrapados por esta contradicción insalvable. Se ofrecieron a "sacar el conflicto de la calle y ponerlo encima de la mesa" [de diálogo], pero no son capaces de conseguir que ETA haga lo propio.