El pacto de Jerez

En política hay errores que no se pueden cometer. Se trata de aquellos errores que después no se puede reconocer que se han cometido, porque el reconocimiento del error es peor que haber sido protagonista inicial del mismo.

De esta naturaleza es el error cometido por el PP y el PSA para repartirse por igual el gobierno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera tras el resultado arrojado por las urnas en las últimas elecciones municipales. De acuerdo con el tenor literal del pacto dado a conocer públicamente, el PP ocuparía la alcaldía durante los dos primeros años del mandato y el PSA la ocuparía los dos últimos. Sin embargo, a medida que se aproxima la fecha en que María José García Pelayo tendría que dejar que Pedro Pacheco pasara a ser alcalde de Jerez, han aparecido las resistencias a cumplir lo pactado, justificándose dichas resistencias en que hubo un "pacto secreto" de acuerdo con el cual sería la edil del PP la que permanecería los cuatro años al frente del Ayuntamiento.

La apelación a un pacto secreto para justificar lo injustificable aumenta la falta de credibilidad del PP

No sé si hubo pacto secreto o no lo hubo. El PP dice que sí y el PSA dice que no. Pero esto es completamente irrelevante. Un pacto secreto en política no existe, aunque exista, porque no se puede reconocer que existe. El pacto secreto no es incompatible con tal o cual precepto jurídico, sino que es incompatible con las premisas en las que descasa la actividad política representativa en todas sus formas de manifestación en todo Estado constitucional digno de tal nombre.

El poder político en el Estado constitucional es un poder constitutivamente representativo por dos motivos:

1º Porque se produce la separación del poder político de la propiedad privada. El poder no es de nadie, por mucha que sea su propiedad. Justamente por eso, porque el poder no es de nadie, tiene que ser de todos. Y como no es posible que todos puedan ejercerlo directamente, es necesario la introducción de mecanismos de representación, que hagan posible que todos puedan participar en el proceso de dirección política de la comunidad . Tanto desde el punto de vista de la legitimidad como de la organizabilidad técnica del poder es necesario que los gobernantes sean representantes de los gobernados, elegidos por éstos en elecciones libres, competidas y periódicamente celebradas. La separación del poder político de la propiedad privada es lo que hace que el Estado constitucional sea un poder materialmente representativo. El proceso electoral es lo que hace que lo sea desde una perspectiva formal.

2 º Porque los representantes que reciben su legitimidad de origen de la manifestación de voluntad de los electores, tienen que acreditar su legitimidad de ejercicio mediante el ejercicio público de su función representativa. La publicidad tiene que estar presente tanto en la fase de acceso al poder como el fase de ejercicio del mismo. Un poder es legítimo porque se accede a través de un proceso electoral público y porque se ejerce después a traves de un proceso presidido asimismo por el principio de publicidad.

Esto es lo que significó la Revolución Francesa en la fundamentación y el ejercicio del poder. La política en el Estado constitucional es una representación pública, en el sentido que le damos usualmente a esta expresión. Los representantes políticos son actores que tienen que subir al escenario y desempeñar el papel que les corresponde. Por eso el Parlamento es el centro de gravedad del sistema. El principio de publicidad es un elemento constitutivo de la política en democracia.

Esta es la razón por la que el secreto no es admisible en la política representativa en el Estado democrático. Un pacto secreto es lo que los juristas llamaríamos un pacto nulo de pleno de derecho. No es que no tenga ningún valor, es que no puede tenerlo. Es que no se puede admitir que exista. Reconocer que se ha suscrito un pacto secreto es peor que haberlo firmado. El que lo reconoce se desacredita de manera irremediable para hacer política.

Por eso no entiendo que se haya justificado la resistencia a cumplir el pacto públicamente suscrito con esta apelación a un pacto secreto. Es verdad que este tipo de pactos no van a poder ser residenciados ante un tribunal de justicia y que, en consecuencia, no pueden ser valorados en términos jurídicos, sino exclusivamente políticos. Pero el cuerpo electoral es un tribunal que dicta sentencia. Lo hace en términos políticos, pero su decisión acaba teniendo efectos jurídicos. Y tengo para mí que los ciudadanos que integran el cuerpo electoral y que constituirán el tribunal que tendrá que dictar sentencia en 2007 sobre el pacto suscrito por el PP y el PSA no llegarán a una conclusión distinta a la que habría llegado un tribunal de justicia en el caso de que hubiera tenido que pronunciarse sobre tal pacto secreto.

El PP tiene un problema de credibilidad muy serio en la comunidad autónoma de Andalucía. Sus dirigentes han dicho demasiadas cosas contradictorias a lo largo de demasiado tiempo, como para que no hayan generado muchas dudas en los ciudadanos acerca de su fiablidad. No creo que tengan mayor obstáculo en este momento para convertirse en opción de Gobierno en Andalucía que su falta de credibilidad, que el escaso valor de la palabra de sus dirigentes.

La apelación a un pacto secreto para intentar justificar lo injustificable no puede conducir sino a aumentar esa falta de credibilidad. Sobre todo, porque el pacto se suscribió por iniciativa de la dirección regional del PP y ha sido sacado a relucir por miembros de dicha dirección regional. "Arenas no ve otro escenario en Jerez que no sea que Pelayo continúe de alcaldesa", titulaba su información Abc ayer sábado. ¿No hay nadie en el PP que sepa que hay cosas que no se pueden hacer y mucho menos reconocer que se han hecho?