El PP abandona el Pleno sin votar la tramitación urgente de la reforma judicial

El Pleno del Congreso aprobó ayer con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que no participó en la votación, que la reforma del nombramiento de los altos jueces se tramite por la vía de urgencia y en lectura única. El texto se debatirá el día 9. Los parlamentarios del PP abandonaron el hemiciclo después de la votación en señal de protesta, según su portavoz, Eduardo Zaplana, porque el presidente de la Cámara, Manuel Marín, no les concedió previamente la palabra.

Vuelta a empezar. El segundo proyecto de ley para aprobar la reforma en los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los tribunales superiores consiguió despegar ayer para tramitarlo por la vía de urgencia, aunque en medio de la niebla. El presidente de la Cámara acababa de anunciar la resolución que se iba a votar y advirtió de que después habría explicación de voto. El portavoz popular, Eduardo Zaplana, se levantó y pidió la palabra. Marín hizo un gesto denegatorio y anunció: "Comienza la votación". Zaplana siguió de pie durante los 15 segundos que se conceden para votar y ninguno de sus diputados -salvo uno, sin duda por error respecto a la estrategia del resto- activó el sistema de votación. Marín anunció el resultado: 189 votos a favor y uno en contra, mientras arreciaban las protestas de los diputados populares y comenzaban a abandonar el hemiciclo. Zaplana aseguró después que no se permitió votar a su grupo y anunció que el PP pedirá la reprobación de Marín.

Pérez Rubalcaba asegura que los populares están "iniciando un camino extremadamente peligroso"

Eduardo Zaplana anuncia que pedirá la reprobación del presidente del Congreso por negarle la palabra

Manuel Marín afirma que se ha usado un procedimiento "perfectamente válido y conforme al reglamento"

El guirigay en torno a este asunto alcanzó ayer otra cima. Se había convocado un pleno extraordinario, a las dos de la tarde, para votar que se pudiera tramitar en lectura única, la más urgente posible, la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar el sistema de elección de altos magistrados. El lunes no se votó este procedimiento porque el presidente Marín aceptó los argumentos reglamentarios esgrimidos por el PP; de ahí el Pleno extraordinario de ayer con ese asunto como único punto del orden del día.

El miércoles se reunió la Junta de Portavoces y la Mesa para que el trámite se llevase a cabo, "sin tacha de ilegalidad", en palabras de Marín. Pero el PP siguió manteniendo que persistía la "ilegalidad" por distintos incumplimientos formales.

En este clima, a las dos menos cinco de la tarde sonaron los timbres para llamar a los diputados. El presidente del Congreso tomó la palabra y anunció que la Mesa y la Junta de Portavoces habían acordado someter a la Cámara la aprobación en lectura única del proyecto de reforma judicial. "Vamos a proceder, pues, a su votación. Al final de la votación habrá la correspondiente explicación de voto".

En ese momento, Zaplana se levantó con un ejemplar del Reglamento del Congreso en la mano y pidió la palabra. Marín le hizo un gesto que parecía indicar que podría hablar más tarde, no le concedió la palabra y anunció: "Comienza la votación". Los diputados cuentan con 15 segundos para apretar el botón de votación. En esos segundos Zaplana permaneció de pie y las protestas en los populares fueron arreciando. Marín leyó al resultado: 189 votos a favor de la tramitación urgente. En contra, uno, del PP.

Marín siguió: "En consecuencia, queda aprobada la tramitación...". Para entonces el vocerío era considerable. Ángel Acebes, secretario general del PP, sentado junto a Zaplana, hizo un gesto claro pidiendo a los suyos que se marcharan y comenzó el desfile entre gritos de "¡Qué vergüenza!"; "¡Fuera, fuera!" o "¡Esto es un fraude!". El Diario de Sesiones recoge también el grito de un diputado socialista: "¡Payasos!".

Cuando los populares estuvieron fuera -todos menos los tres miembros de la Mesa, que permanecieron en los lugares que ocupan en el estrado de presidencia-, Marín abrió el turno de explicación de voto.

Gaspar Llamazares (IV) acusó a los populares de "dar la estampida" y de iniciar "una segunda fase de desestabilización política, primero cuestionando la legitimidad del resultado electoral y ahora cuestionando también la legitimidad de la acción parlamentaria".

Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) se mostró convencido de que "se han cumplido escrupulosa y estrictamente todos los trámites reglamentarios" y fustigó al PP asegurando que tras actuar con "triquiñuelas" y hacer "un uso torticero del Reglamento", quería impedir que en el tablero de votación se reflejase "que estaban solos". Dijo también que lo ocurrido supone que el PP "está iniciando un camino extremadamente peligroso".

Joan Puigcercós (ERC) usó el turno para pedir al PSOE que "reflexione" sobre la lealtad que mantuvo con el PP en la pasada legislatura al firmar el Pacto Antiterrorista y el Pacto de la Justicia. "Creo que el Grupo Socialista tiene que reflexionar sobre la nueva mayoría que se puede producir en esta Cámara", avisó.

Por fin, el presidente Marín tomó la palabra y justificó su actuación explicando que la semana pasada había desestimado la posición de cinco grupos parlamentarios, incluido el PSOE, y también "la posición del Gobierno", que querían repetir la votación del jueves, en la que el proyecto no alcanzó la mayoría absoluta que exigía su carácter de ley orgánica. Aseguró que las decisiones de ayer de la Junta y la Mesa se habían tomado "por mayoría", es decir, sin los votos del PP. Y proclamó que "en el Parlamento o en cualquier institución no se puede pretender que cuando se toma una decisión por mayoría está viciada de nulidad".

Marín no evitó un reproche al PP. Enfatizó que estaban en el Pleno los grupos a los que él dijo "no" la semana pasada, y también el Gobierno. Pero no estaba el PP, "al que", dijo "yo ayudé aceptando este pleno extraordinario". "Me entristece", confesó.

Zaplana convocó a los periodistas para expresar su indignación por lo ocurrido. El portavoz popular se acogió al Reglamento para recordar que su artículo 72 señala que, "en cualquier estado del debate, un diputado podrá pedir la observancia del Reglamento". La decisión sobre si se le concede corresponde al presidente. Zaplana insistió en que ni siquiera se le dejó hablar para plantear, "como cuestión de orden, qué artículo del Reglamento" quería pedir que se cumpliera.

En concreto, el PP quería esgrimir que la votación de ayer era "ilegal" porque incumplía el artículo 67.4 del Reglamento. Éste señala que sólo se puede incluir en el Orden del Día un asunto que "no hubiere cumplido todavía los trámites parlamentarios" si existen "razones de urgencia y unanimidad". El problema es que el lunes, cuando se convocó el pleno extraordinario, no había unanimidad y no se cumplía el trámite de que el proyecto de ley estuviera publicado en el Boletín de las Cortes.

Zaplana apostilló: "No hemos abandonado el hemiciclo. Cuando ha terminado la votación nos hemos ido. No nos han dejado votar. No se nos puede pedir que nos quedemos a oír las explicaciones de voto cuando no nos han dejado votar". En todo caso, ya por la tarde, el PP presentó enmiendas de totalidad y parciales al texto de la polémica.

Tanto las reprobaciones al presidente del Congreso como el abandono de los plenos tienen precedentes. En diciembre de 2003, el PSOE presentó una moción en la que pedía la reprobación de la entonces presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi. Los socialistas pedían su reprobación bajo la acusación de que Rudi había propiciado un "menoscabo" del Parlamento.

También en la pasada legislatura, en mayo de 2002, el PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto (en el que entonces estaba ERC) abandonaron el Pleno de la sesión de control al Gobierno y celebraron un pleno paralelo en protesta por la actuación del Ejecutivo. Y el propio PP, que estaba en el Gobierno, abandonó un Pleno en diciembre de 2002 cuando iba a intervenir Jesús Caldera, hoy ministro y entonces portavoz socialista. El PP protestaba porque, el día anterior en un debate en comisión sobre el Prestige, Caldera repartió un documento que omitía datos, según el PP, para "dañar al Gobierno" y a su entonces vicepresidente, Mariano Rajoy.