Diferencia es igualdad

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad es una fecha para detenernos a reflexionar sobre la situación de un grupo social que representa más del 10% de la población andaluza, una realidad que se manifiesta en uno de cada cuatro hogares. Este dato nos muestra la discapacidad como un fenómeno inherente a la sociedad que debemos interpretar como una manifestación más de diversidad. Y también para tomar conciencia de los obstáculos aún no superados para la plena incorporación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho a la sociedad. Barreras en todos los órdenes de la vida, desde las más evidentes, como las arquitectónicas, a otras que pueden resultar menos perceptibles.

Los poderes públicos deben abordar la situación desde un principio que considero inexcusable: que una sociedad progresa sólo si lo hacen todos y cada uno de sus miembros. De acuerdo con este enfoque, las personas con discapacidad y sus familias precisan apoyos que se ajusten a su situación particular en todos los ámbitos de su vida. Porque los hombres y las mujeres con discapacidad exigen desde lo público una respuesta integral que les permitan vivir como ciudadanos y ciudadanía de pleno derecho.

Estas respuestas se hacen patentes en Andalucía en el Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas. Un plan concebido desde los principios de elasticidad y dinamismo para adaptar y reajustar las políticas públicas dirigidas a este colectivo. Un ejemplo de ello es que el próximo año los servicios de respiro familiar también atenderán a niños, niñas y jóvenes con discapacidad menores de 16 años.

Para esa detección de las necesidades que haga efectiva las políticas públicas, el Gobierno andaluz trabaja de forma coordinada con todos los colectivos y agentes sociales que cada día luchan por su igualdad real. Estos colectivos participan en la elaboración y adaptación del Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad 2003-2006. Un plan que coordina el trabajo de las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía para este grupo social, y cuya aplicación marca las líneas básicas de actuación que permitan soluciones adaptadas a las situaciones diversas en las que se encuentran.

El punto de partida del sistema de protección es la permanencia en su propio entorno. Para que esto sea una realidad es preciso extender la filosofía de la atención a la dependencia a estas personas, incluyendo servicios como la Ayuda a Domicilio, el Servicio Andaluz de Teleasistencia o las ayudas técnicas para adaptación del hogar a sus necesidades. De acuerdo con este criterio, creemos prioritario apoyar las redes de cuidadores y cuidadoras informales con programas alternativos y complementarios, como las Estancias Diurnas, el Respiro Familiar o el apoyo social domiciliario. Programas dirigidos a reducir la sobrecarga familiar de esas personas, principalmente mujeres de edad adulta, esposas o hijas, que asumen el cuidado por motivos de afecto u obligación moral, padeciendo las consecuencias de una responsabilidad superior a sus condiciones sin reconocimiento social.

En Andalucía, iniciamos este 2004 que ahora acaba con importantes medidas, como la obligación por parte de la Junta de Andalucía de reservar al menos un 10% del importe total de los contratos a empresas que tengan en su plantilla al menos un 25% de trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Un compromiso de empleabilidad que también ha quedado patente en la reforma del acceso a la Función Pública andaluza, donde se incrementa hasta el 5% en el cupo mínimo de plazas que la Administración autonómica reserva para las personas con discapacidad. El siguiente objetivo es que de ese 5%, el 1% de la oferta de empleo público quede reservado a personas con discapacidad intelectual. Por último, señalar que los Presupuestos de la Comunidad Andaluza para 2005 amplían las estancias diurnas y las plazas de respiro familiar y reducen la carga impositiva para estas personas que adquieran vivienda habitual.

Todas las medidas que hemos puesto y vamos a poner en marcha tienen un objetivo común: la extensión de todas las políticas de bienestar para que las personas dependientes puedan disfrutar de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Sólo así avanzaremos hacia una sociedad más cohesionada, justa y solidaria, de hombres y mujeres que quieren vivir en una sociedad accesible y moderna, en la que todos y todas podamos participar en igualdad de oportunidades.

Micaela Navarro Garzón es consejera para la Igualdad y Bienestar Social.