Fabra gasta cerca de 400.000 euros de la Diputación sin procedimiento de adjudicación ni presupuesto

Los dictámenes sobre "reconocimiento extrajudicial de facturas" en la Diputación de Castellón suelen ser habituales. Estos dictámenes se hacen cuando el gasto se ha efectuado sin que medie procedimiento de adjudicación alguno y cuando, además, no cuentan con una partida presupuestaria en la cuentas de la Corporación provincial. El pleno de la Diputación de ayer aprobó el pago de cerca de 400.000 euros por gastos realizados con este sistema. La mayoría de ellos, un total de 274.000, van a parar a la empresa que realiza el mantenimiento de las instalaciones de las distintas dependencias de la diputación. Pese a que la empresa ya cuenta con un contrato para estas tareas, el presupuesto que se le destina no es suficiente ya que ni siquiera es la primera vez que se le han de pagar facturas por trabajos realizados.

Otras dos de las facturas, cuyo pago se probó ayer, corresponden a la empresa Difusora de Información Periodística, la sociedad que edita la revista Época. Los pagos han de realizarse después de que la Diputación de Castellón contratara un publirreportaje "en forma de suplemento" con la oferta turística de la provincia, así como una referencia a los proyectos de envergadura como el aeropuerto y Mundo Ilusión, ambos impulsados por la Diputación pero financiados por empresas privadas y por la Generalitat. Por este "suplemento", que se repartió adjunto a la tirada de 75.000 ejemplares de la revista, la Corporación ha de pagar 34.800 euros. Además, se pagará otra factura correspondiente a la suscripción anual a la revista.

Los pagos "extrajudiciales" incluyeron ayer otra factura de publicidad y propaganda, ya que la Diputación ha de desembolsar 48.800 euros a una agencia de publicidad por el patrocinio de una serie de ejemplares de Las mejores obras literarias de la Comunidad Valenciana que ofertó como promoción el diario El Mundo.

La última de las facturas presentadas corresponde a la empresa de limpieza Rasa y acumula deudas de 2002, 2003 y 2004 por el sobrecoste de unos servicios que, al igual que en el caso del mantenimiento, sí cuentan con un contrato estipulado anualmente.

Por otra parte, los alcaldes de Almenara y La Vall d'Uixó, gobernados por el PSPV, denunciaron ayer una "clara persecución política" por el equipo de gobierno de la Diputación al excluirlos del Plan de Obras y Servicios para 2005. La justificación del PP es que ambos son deudores de la institución provincial, mientras que en las bases del plan aparece como requisito el tener las cuentas saldadas. En el caso de Almenara, como señaló el alcalde, Vicente Gil, el Ayuntamiento "ya está al corriente de pago".