El Poder Judicial avisa de posibles discriminaciones en el Reglamento de Extranjería

El informe sobre el Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado ayer por la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que será sometido al pleno del Consejo, concilia la evaluación favorable de dicha norma con el aviso de "posibles medidas auténticamente discriminatorias en relación con algunos derechos, como los de reunión, manifestación, educación, sindicación, reagrupación familiar y trabajo".

El texto del informe, de 25 folios y del que ha sido ponente José Luis Requero, ha sido apoyado por los otros dos vocales, como Requero, propuestos por el PP, mientras los dos consejeros de la minoría, propuestos por el PSOE, se han abstenido.

El CGPJ argumenta también que, aunque las garantías jurisdiccionales de los extranjeros son idénticas a las de los españoles, "la efectividad de ellas depende de la manera como se interpreten y apliquen por los jueces y tribunales (...), dada la frágil e inestable situación de los inmigrantes, cuya expulsión del territorio puede convertir aquéllas en una pura quimera".

El informe evalúa positivamente que el Reglamento establezca, "con carácter general, el deber de motivación de las resoluciones que se dicten en los distintos procedimientos administrativos", y pide que ese deber se extienda también a las resoluciones en materia de autorizaciones y visados, "ya que sólo a través de la motivación es posible fijar las causas de una denegación, basada en la inexistencia de 'razones humanitarias' o de 'situación nacional de empleo".

Otra objeción al Reglamento es que prevea que cuando un inmigrante colabore con las autoridades judiciales sean las autoridades administrativas las que concedan la autorización de residencia temporal.