Los promotores admiten el riesgo de colapso del territorio con el actual modelo de desarrollo

La necesidad de cambiar el modelo de desarrollo urbanístico en el litoral andaluz, donde el suelo urbanizado se ha multiplicado por cinco desde los sesenta, empieza a ser incuestionable e incluso es admitida ya por los propios promotores inmobiliarios, que en su primer congreso, celebrado en Málaga, han llegado a la conclusión de que, "sin una adecuada planificación, se puede llegar al colapso de las infraestructuras y al agotamiento de la capacidad ambiental de carga del territorio". Definir las estrategias de futuro es, sin embargo, una cuestión sobre la que existen discrepancias de difícil conciliación.

La actividad inmobiliaria en Andalucía, según se constató en el congreso de Málaga, necesita un cambio para la pervivencia de un modelo que, hasta ahora, se ha caracterizado por una voraz ocupación del territorio y que es insostenible a medio y largo plazo, como de hecho ha ocurrido ya en otras zonas españolas, especialmente Baleares. En apenas cuatro décadas se ha multiplicado por cinco el espacio urbanizado en el litoral andaluz, que ha pasado de 67 a 330 kilómetros cuadrados y en el que, pese a significar apenas el 10% del territorio, concentra a más de una tercera parte de la población andaluza.

También se precisa un nuevo modelo por las propias exigencias de la demanda de viviendas residenciales, que exige mayor calidad en los servicios e infraestructuras, actividades y oportunidades diferentes al mero disfrute del sol y playa y que tiene la opción de elegir entre una oferta cada vez más extensa y competitiva en zonas nuevas, como los países más orientales del Mediterráneo o del norte de África.

Las inversiones extranjeras en segunda residencia en la costa andaluza descendieron en los primeros seis meses del año un 10%. Pese a todo, Andalucía es la región española más apreciada para la adquisición de una vivienda turística. El año pasado se vendieron 115.000 casas de este tipo y el sector facturó en su conjunto 5.500 millones de euros.

Con las cifras en la mano, el presidente de la Asociación Provincial de Promotores y Constructores de Málaga, José Prado, resalta que el sector tiene un "protagonismo muy determinante" en la actividad económica de Andalucía y avisa frente a quienes postulan establecer límites al crecimiento urbanístico: "Aquí vivimos de la construcción y el turismo". Prado reclama que los ayuntamientos deben poner más suelo urbanizable en el mercado, lo que entiende sería una buena fórmula de frenar la especulación.

Según el urbanista Manuel González Fustegueras, Andalucía se encuentra en una "encrucijada" y "no es posible mantener una actividad que ejerce una presión y saturación sobre espacios ambientales frágiles". Considera, además, que mantener el actual modelo atentaría contra la supervivencia de la actividad turística, porque turista y residente "exigen espacios de elevada calidad ambiental y paisajística y relacionan cada vez más su ocio con actividades de naturaleza y culturales".

El catedrático de Geografía Alfredo Rubio reconoce la dificultad de conciliar intereses y, aún en la aceptación de que es necesario un desarrollo sostenible, describe dos escuelas enfrentadas. Por un lado, la economía comercial, que entiende que, a través de aplicaciones tecnológicas, medidas de fiscalidad o la construcción de infraestructuras potentes, se pueden conseguir unos niveles adecuados de sostenibilidad. Por otro lado, la economía ecológica sostiene que éstos sólo serán posibles si se reduce de forma drástica el consumo de suelo y ecosistema. Rubio apuesta por que, en la planificación urbanística, se incluya una nueva figura de suelo: el territorio de compensación, áreas de espacios naturales que queden preservadas de la construcción.

Entre las conclusiones del congreso, se reconoce la necesidad de una planificación urbanística que unifique criterios por encima de los límites municipales y se requiere a la administración una mayor coordinación entre los distintos ámbitos de competencia, pues, como reconoce González Fustegueras, muchas veces no es ya que haya disparidad de criterios entre un ayuntamiento y la Junta, sino que dentro de ésta hay diferencias de opinión entre las distintas consejerías.