Un congreso critica la apuesta por la cárcel para resolver un conflicto social
El congreso Servicios Sociales y cárcel. Alternativas a la actual cultura punitiva ha llevado durante esta semana al ámbito universitario la reflexión que desde hace años vienen realizando distintos colectivos, ONG y asociaciones del País Vasco: la progresiva apuesta en todo Occidente por resolver los conflictos sociales con respuestas penales. La cita, desarrollada en la Escuela de Trabajo Social de la UPV en Vitoria, convocó a profesores, expertos y representantes del Gobierno autónomo.
Aunque la apuesta por el control policial y carcelario es común a los distintos países occidentales, España destaca por tener la mayor tasa de encarcelamiento de Europa Occidental, "no porque haya más conflictividad social, sino porque se apuesta por la industria penal", apunta como una de las conclusiones del congreso su coordinador, César Manzanos. España suma casi 60.000 presos, con 25.000 funcionarios de prisiones y 10.000 agentes dedicados a tareas de vigilancia y traslados, sin olvidar las subcontratas para los servicios, la construcción de nuevas cárceles, la red de voluntariado,... "Una plaza de preso cuesta al año entre cinco y seis millones", resume.
Varios ponentes han apostado por pasar de una justicia retributiva (pagar con la cárcel o dinero por el delito cometido) a otra restaurativa, "en la que tomen protagonismo la víctima y el agresor", dice Manzanos, quien recuerda que las medidas alternativas son posibles para el 80% de los delitos por los que hay personas encarceladas: pequeño tráfico de drogas y hurtos. "En Dinamarca, Canadá o Nueva Zelanda ya se llevan a cabo", concluye.
