La guardia baja ante el 11-M

El 13 de noviembre de 2001, apenas dos meses después de los atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas y el Pentágono, la policía española detuvo en Granada y en Madrid a 11 miembros de una organización de radicales islamistas vinculada supuestamente con los ataques terroristas de Estados Unidos.

La investigación del juez Baltasar Garzón reveló que el grupo detenido, dirigido por el sirio Abu Dahdah, participó activamente en la planificación del golpe mortal contra Estados Unidos. Hasta el punto que Mohamed Atta, jefe del comando del 11-S, se reunió en julio de 2001 con otros terroristas en Tarragona para ultimar el ataque que causó más de 3.000 muertos en las Torres Gemelas y en el Pentágono.

Desde 2001, los policías dedicados al terrorismo internacional han pasado de 61 a 74

El Gobierno sólo incluyó como prioridad el radicalismo islamista en enero de 2004

Fue el primer aviso serio que recibió el Gobierno de José María Aznar de que la amenaza islamista había echado raíces en España, un país golpeado durante los últimos 36 años por el terrorismo de ETA.

Desde aquel 13 de noviembre de 2001 hasta el pasado 11 de marzo, varias operaciones policiales han destapado la existencia de células de radicalismo fundamentalista con intenciones terroristas. Hasta el 11 de marzo pasado, ni la policía ni los jueces tuvieron constancia que de los detenidos planificaran atentados dentro de España.

De tres islamistas presos en las cárceles españolas por actividades terroristas en 2000, se pasó a 20 en 2001, 16 en 2002 y 29 en 2003. Hoy ya suman 85, muchos de ellos encarcelados en el último mes y medio por planear atentados suicidas indiscriminados.

La amenaza islamista sobre España se consumó el 11 de marzo de 2004 con la masacre de los trenes de Madrid, donde murieron 191 personas y otras 1.500 resultaron heridas.

Algunas semanas después del peor atentado que ha sufrido nunca España, José María Aznar, ya ex presidente, hizo autocrítica en el epílogo del libro sobre sus ocho años de gobierno: "Debo reconocer que tal vez la opinión pública española no era lo suficientemente consciente, hasta el 11 de marzo, del alcance de la amenaza del terrorismo islámico, o por los menos, no tanto como lo ha sido del terrorismo de la amenaza del terrorismo de ETA. Si es así, el Gobierno tiene sin duda una responsabilidad que asumir. Quizás los propios éxitos conseguidos en la lucha contra ETA en los últimos años, nos han llevado a bajar la guardia ante la amenaza fundamentalista".

La reflexión sobre un fracaso que escribió el ex presidente del Gobierno terminaba así: "Las redes del terrorismo fundamentalista islámico están extendidas por todo el mundo y también por Europa y nuestro país. En algunos casos, hemos sido capaces de detectar sus movimientos a tiempo. El 11-M, desgraciadamente, no supimos hacerlo".

La gestión del Gobierno del PP entre el 11 de septiembre de 2001, cuando sucedieron los ataques terroristas en Estados Unidos, y el 11 de marzo de 2004, cuando España fue golpeada por el atentado más grave e indiscriminado de su historia, fue incapaz de tapar las grietas existentes en el servicio público de la Seguridad del Estado, según ha revelado la investigación policial, judicial y política. Por esas grietas se colaron los terroristas que atacaron con bombas cuatro trenes cargados con casi 2.000 viajeros.

LAS ALERTAS España, objetivo terrorista

El primer informe que avisaba a España de la amenaza terrorista de origen islamista llegó de Francia y se trasladó el 25 de junio de 2002 a través de la subdirección de operaciones de la Guardia Civil. Decía así: "Noticias sin confirmar alertan sobre la posibilidad de un atentado terrorista de Al Qaeda en territorio nacional. En consencuencia, disponga que se intensifiquen las medidas de protección, en especial de objetivos relacionados con intereses de Estados Unidos e Israel".

Tras esta advertencia llegaron otras muchas, más de dos decenas, que pedían que se incrementara la prevención, la protección de determinados lugares y el nivel de alerta. Entre esas alarmas, están las que siguen:

- 12 de marzo de 2003. (ocho días antes del comienzo de la guerra de Irak). Guardia Civil: "No puede descartarse la comisión de actos ilícitos de diversa índole, incluso de carácter terrorista, por grupos radicales, incluídos movimientos extremistas musulmanes". El informe recomendaba extremar la vigilancia, especialmente en inteligencia, y reforzar la protección en aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses.

- 16 de mayo de 2003 (un mes después de los ataques de 14 suicidas en Casablanca con el resultado de 45 muertos, cuatro de ellos españoles). Ana Palacio, ministra de Exteriores entonces, negó que aquel ataque terrorista fuera contra los intereses españoles ni que estuviera relacionado con el apoyo de España a la guerra de Irak. El informe, redactado por un comandante, señalaba que la amenaza era importante y que España podía vivir una situación parecida a la de Casablanca.

- 28 de noviembre de 2003. (Unidad Central de Información Exterior de la Policía Nacional). "España figura ya como un objetivo declarado por Al Qaeda, y esta organización está cumpliendo sus amenazas, atentando contra países que han sido recientemente incluídos como tales, por lo que cabe deducir que España podría ser objetivo, bien en nuestro territorio, bien contra intereses españoles en otro país, en fechas próximas".

- 22 de diciembre de 2003. El apoyo de España a la guerra era, según Europol, un "riesgo adicional".

- Directiva de Inteligencia aprobada en enero de 2004. Elaborada en diciembre de 2003 por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia y aprobada en enero de 2004 por el Centro Nacional de Inteligencia. Por primera vez incluye el terrorismo radical islamista entre las prioridades del CNI y recomienda adoptar acciones preventivas y operaciones de inteligencia ante el aumento del riesgo.

ACCIONES PREVENTIVAS Sin traductores ni policías

El Gobierno del PP permaneció dos años, entre noviembre de 2001, cuando se detuvo en España a una célula islamista relacionada con los atentados en Estados Unidos, y diciembre de 2003, cuando ya habían sido desarticuladas varias células radicales más, sin incluir en su directiva de inteligencia -la estrategia para combatir el terrorismo- esta amenaza cierta.

Respecto a las medidas de protección especial de aeropuertos, estaciones de autobuses o de trenes que solicitaba un informe de la Guardia Civil, o a la petición de incremento de las acciones preventivas y de las operaciones de inteligencia que reclamaba el Centro Nacional de Inteligencia, no hay ni rastro en los acuerdos de los Consejos de Ministros celebrados en ese periodo o en las declaraciones públicas de quienes fueron los responsables de la Seguridad del Estado.

Plantillas policiales. El incremento de las plantillas dedicadas al terrorismo internacional apenas fue relevante en esta etapa. La policía pasó de 61 agentes en 2001 a 74 en 2004. La guardia Civil pasó de contar 44 efectivos a 62.

Traductores. En las cárceles españolas no había traductores de árabe pese a que la presencia de internos acusados de actividades terroristas se incrementó desde el 11 de septiembre de 2001. El secretario de Estado de Seguridad, José Ignacio Astarloa, aseguró en el Congreso el pasado 18 de noviembre que nadie se lo había pedido: "No, nunca recibí de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni realmente de nadie en el Ministerio del Interior, una petición, ni genérica ni específica, sobre que se incrementase el número de traductores de árabe".

En la dirección general de Instituciones Penitenciarias, las cintas grabadas a reclusos islamistas detenidos por supuestas actividades terroristas eran borradas tras ser almacenadas durante dos meses sin que nadie las reclamase. No había ni un sólo traductor.

El PP quitó valor a la grabación de conversaciones de presos islamistas acusados de actividades terroristas porque, según argumentaron los dirigentes de este partido, esos reclusos conocían que sus comunicaciones estaban intervenidas. El mismo partido, sólo unos meses antes, había dado gran valor a la transcripción de unas conversaciones en las cárceles entre presos etarras y presos islamistas para barajar la posibilidad de colaboración entre ambos grupos terroristas.

TERRORISMO EN LAS CÁRCELES La constitución de células

Entre 2001 y 2003, según un auto del juez Baltasar Garzón, algunas cárceles españolas se convirtieron en el escenario donde germinaron células terroristas muy peligrosas. Garzón llegó a explicar en alguno de sus autos judiciales que se trataba de presos condenados por cometer delitos comunes que se radicalizaban en los penales.

El Gobierno del Partido Popular se preocupó realmente por los islamistas presos el 13 de marzo de 2004, dos días después de los atentados en los trenes de Madrid.

Fue el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, quien reclamó de la dirección general de Instituciones Penitenciarias un informe sobre las relaciones entre presos etarras y reclusos de origen islamista. En torno al informe que hizo Instituciones Penitenciarias, donde se recogían seis contactos entre etarras e islamistas (cuyas comunicaciones estaban intervenidas), el PP formuló sus sospechas respecto a la relación entre ETA y los violentos fundamentalistas que ningún experto en la lucha antiterrorista ha avalado hasta el momento y que los expertos de Seguridad de Instituciones Penitenciarias han negado en distintos informes.

CONTROL DE EXPLOSIVOS La inseguridad privada

Desde 1968, España sufre un grave problema de terrorismo que ha dejado casi 1.000 muertos: 817 atribuidos a la banda terrorista ETA, y otros 191 correspondientes al atentado más grave en la historia del país, cometido por islamistas radicales el pasado 11 de marzo.

Muchos de los crímenes de ETA se hicieron con coches bomba cargados de dinamita, que en los últimos años correspondía a partidas robadas en Francia de la marca Titadyne.

El explosivo con el que se perpetró el atentado de los trenes en Madrid, dinamita del tipo Goma 2 ECO, fue robado en Asturias, en la mina Conchita. La falta de controles de seguridad en esa mina consta en uno de los informes de la Guardia Civil solicitado por el juez Juan del Olmo, que investiga la masacre de los trenes.

El ex minero José Emilio Suárez Trashorras, según el relato judicial, aprovechó su conocimiento de la explotación minera para facilitar más de 200 kilos de dinamita, primero en tres viajes a Madrid de conocidos suyos cargados con bolsas de Goma 2, y luego en el desplazamiento de tres de los terroristas a la mina.

En Asturias, sólo una veintena de guardias civiles de los 1.600 agentes que hay en esta comunidad se dedican al control de los polvorines.

La Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional ha alertado en un informe sobre el deficiente control de explosivos en un país como España donde existen 10.000 polvorines y se fabrican cada año 4.000 toneladas de Goma 2.

La Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y Metalurgia ha denunciado en un escrito remitido al ministerio del Interior que "el control del uso de los explosivos, sometido a una intervención permanente de la Guardia Civil, se ha ido derivando en los últimos cuatro años hacia las empresas usuarias ...provocando una significativa pérdida de la eficacia alcanzada por la seguridad pública". La patronal resumió sus preocupaciones en el tercer punto de su escrito al ministerio:

- "La pérdida del nivel de eficacia de la seguridad pública al dejar de prestar funciones de vigilancia los Cuerpos de Seguridad del Estado y trasvasar estas funciones a jóvenes sin una preparación adecuada, decisión que contrasta con lo que sucede en otros países que sufren la lacra del terrorismo, en los que la protección de todo el sector es encomendada, incluso, a las Fuerzas Armadas".

El ministerio del Interior modificó la normativa en junio pasado para extremar los controles sobre el uso de explosivos y se ha comprometido a modificar el Código Penal para castigar con cárcel la custodia irregular de dinamita.

DESCOORDINACIÓN POLICIAL Investigación fracasada

La policía y la Guardia Civil investigaron en varias ocasiones el tráfico ilegal de explosivos en Asturias, sin saber que detrás de aquellas actividades delictivas podrían estar los islamistas que colocaron 13 bombas en los trenes que cubrían el recorrido entre Alcalá de Henares y Madrid.

La policía tenía como confidente a José Emilio Suárez Trashorras, quien sólo hablaba a los agentes de operaciones relacionadas con el tráfico de drogas, ocultándoles sus negocios relacionados con el robo de explosivos. Suárez Trashorras fue finalmente el principal colaborador de los terroristas para conseguir el explosivo del 11-M.

La Guardia Civil tenía como confidentes a un traficante de drogas, Rafá Zouhier, que habló a un agente del instituto armado de la venta ilegal de explosivos en febrero de 2003, y a Lavandero, que le contó al agente Campillo que Antonio Toro y su cuñado José Emilio Suárez Trashorras traficaba con dinamita y buscaba gente que supiera montar bombas con teléfonos móviles.

Esas investigaciones destaparon una grave descoordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hasta el punto de que ni siquiera había intercambio de información entre dos comandancias de la Guardia Civil, como son las de Gijón y Oviedo, separadas por sólo unos pocos kilómetros. La policía nunca supo de los confidentes de la Guardia Civil y la Guardia Civil nunca supo que perseguía a un supuesto traficante de explosivos que era confidente de la policía.

En el curso de una investigación por tráfico de drogas, conocida como Operación Pipol, la policía asturiana descubrió en un garaje de los supuestos narcotraficantes Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras una importante cantidad de hachís, 16 cartuchos de Goma 2 Eco y 94 detonadores eléctricos.

La Delegación del Gobierno en Asturias recibió una comunicación de la policía sobre este extraño alijo. La instrucción judicial de esa operación policial despreció los explosivos y no planteó ninguna diligencia para conocer su origen.

La Guardia Civil no conoció esta operación sobre explosivos, pese a que la dinamita corresponde a sus competencias de investigación, hasta que el confidente Lavandero les habló de Toro y su supuesto negocio de tráfico de explosivos. Pero cuando llegó ese momento, agosto de 2001, Toro andaba encarcelado por tráfico de drogas. Y cuando volvieron a investigar, febrero de 2003, no hallaron nada.

El número dos del Ministerio del Interior cuando se produjeron estas investigaciones frustradas era Ignacio Astarloa. Su juicio sobre estos hechos quedó grabado así en el diario de Sesiones del Congreso: "Esto no es eficiencia policial, es un disparate, es un desastre. Y entiendo que ese desastre es sobre el que tenemos que aclarar dónde están las responsabilidades. Yo tengo que decir con toda claridad que de la mayoría de esas cuestiones yo no tengo ni la más mínima noticia mientras soy secretario de Estado de Seguridad, ni la más mínima".