Marisol Yagüe, Julián Muñoz y Angeles Muñoz coinciden en los juzgados de Marbella

Los juzgados de Marbella se convirtieron ayer en un ir y venir de alcaldes, diputados y concejales citados en tres procedimientos distintos. La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, su antecesor, Julián Muñoz, y la portavoz del PP, Ángeles Muñoz, declararon como imputados por un delito contra los derechos fundamentales, uno urbanístico y por atentar contra el honor de las personas, respectivamente. Unas comparecencias con el denominador común, habitual en tiempos de Jesús Gil, de referirse a políticos vinculados directamente al Ayuntamiento.

La jornada la inauguraba la diputada y edil popular, Ángeles Muñoz, acusada por el concejal andalucista, Carlos Fernández, de atentar contra su honor por declarar que tras la moción de censura, en la que participó este último, existían "intereses ocultos". Muñoz demandó a su vez a Fernández por asegurar que intermedió entre el ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, y su marido, promotor inmobiliario, en relación a un convenio urbanístico que finalmente no se habría llevado a término.

Según Fernández, la concejal del PP realizó a este respecto una llamada telefónica desde el Congreso de los Diputados al despacho de Roca, contratado en la actualidad como asesor del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El juicio celebrado en junio pasado tuvo que repetirse ayer, al haberse extraviado la cinta con la parte relativa al testimonio realizado anteriormente por la edil popular.

Licencia urbanística

Mientras, en otro juzgado comparecían Julián Muñoz y los concejales Marisa Alcalá (Grupo Mixto B) y Alberto García Muñoz (Grupo Mixto D) en relación a una licencia urbanística otorgada a Promociones Inmobiliarias Monteparaiso en 1999, cuando Jesús Gil era alcalde. Julián Muñoz aseguró que "todas las licencias" se hacían desde la sede de Planeamiento 2000, empresa municipal de la que es gerente Roca, y que los tenientes de alcalde se limitaban a aprobarlas "de acuerdo a los informes técnicos que venían de Urbanismo". "Ustedes saben que yo cesé a Roca", recordó a su salida de los juzgados.

El ex alcalde explicó también que ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional, que investiga el pago con dinero público de 42 millones de euros al arquitecto Carlos Monteverde por 73 proyectos falsos, para que le cite a declarar. "Soy culpable hasta de la muerte de Manolete y también tuve que ver con lo de Arafat, y si no soy yo culpable, lo es mi mujer, Isabel Pantoja", ironizó Muñoz en referencia a las manifestaciones de Yagüe y sus socios, que le culpan de todos los desmanes ocurridos desde el desembarco de Jesús Gil en el Ayuntamiento.

El sobrino de Julián Muñoz y edil del Grupo Mixto D, Alberto García Muñoz, cambió poco después el banquillo de los acusados por la toga de abogado. Alberto García ejerció de letrado de la acusación en la causa contra la alcaldesa, Marisol Yagüe, a la que su grupo ha demandado por un delito contra el impedimento de los derechos cívicos, al negarse a dar a la oposición una información solicitada hace ya más de un año.

La documentación requerida se refiere a una vivienda de propiedad municipal que ocupó la concejal de la Mujer, Carmen Revilla; al contrato del director del diario municipal La Tribuna, Martín Hidalgo y del resto de personal contratado tras la moción de censura; y a los permisos para la celebración de fiestas patrocinadas por el Ayuntamiento en la playa de El Cable. La regidora, que durante 40 minutos contestó a las preguntas de su antiguo compañero del partido GIL, achacó a la sobrecarga de trabajo del Ayuntamiento la imposibilidad de dar la información. "Ha quedado claro ante el juez que se ha contestado a todas las baterías de preguntas que nos efectuaron, aunque no en el tiempo que ellos creen correcto, eso no lo marco yo, sino los funcionarios", destacó.