La seguridad debe ser cosa de todos

En Madrid se producen más de 400.000 delitos y faltas cada año. En la Comunidad de Madrid vivimos el 13,4% de los españoles, pero en la región se produce el 21% de los actos delictivos del país. Aún más, en la capital vive el 7% de la población nacional, pero se producen el 14% de los actos criminales. En Madrid capital se produce más del 70% del total de actos delictivos de la región. Son algunos de los datos que aparecen en el análisis de situación de la seguridad ciudadana que el delegado del Gobierno ha presentado al Consejo Regional de Seguridad para justificar la necesidad de un Plan Regional de Seguridad.

Iba siendo hora de que el Gobierno del Estado asumiese su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad de los ciudadanos desde un tratamiento integral de los problemas y sin reducir la seguridad a la criminalidad y, por lo tanto, abordando el problema de la delincuencia como el producto de una serie de hechos y de factores sociales en una sociedad determinada. Cada sociedad genera su delincuencia y es responsabilidad de toda la sociedad dotarse de modelos para solucionar los problemas de seguridad y prevenirlos.

El esfuerzo debe verse acompañado por un mejor tratamiento salarial de los agentes

Iba siendo hora de que el Gobierno del Estado asumiese su responsabilidad

Es importante que, partiendo del trabajo y la iniciativa de la Delegación del Gobierno en Madrid, el Plan Regional de Seguridad haya sido presentado en sociedad ante el Consejo Regional de Seguridad, que llevaba años sin reunirse y del que formamos parte las instituciones madrileñas y los agentes económicos y sociales. Los trabajadores madrileños somos los primeros interesados en ganarnos la vida y convivir en un entorno seguro, y eso significa contar con unos servicios de seguridad que garantizan la protección de las personas.

El análisis de la situación de la seguridad en Madrid debe permitir dotarse de estrategias compartidas por toda la sociedad para rebajar las tasas de delincuencia y aproximarnos a referentes como las ratios medias nacionales o las de las capitales europeas de nuestro entorno. Para alcanzar objetivos como la reducción de un 20% en las tasas de criminalidad hay que dotarse de un modelo de gestión de la seguridad que facilite la coordinación entre las instituciones del Estado, las autonómicas y municipales, fomentando la cooperación y colaboración entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Municipal, programando el despliegue más adecuado, facilitando la participación social y garantizando una atención integral a las víctimas, que requerirá inevitablemente, y entre otras cosas, mejorar de forma sustancial la agilidad de la justicia. Tampoco hay que olvidar que en Madrid operan numerosos efectivos de seguridad privada, que deben funcionar para el sistema general de seguridad y que deben de estar sometidos a una efectiva tutela pública.

El plan debe dotarse de programas específicos para atender a determinados colectivos o intervenir sobre nuevas realidades, tales como la explotación de inmigrantes irregulares, la violencia de género o los actos xenófobos. Programas que permitan, en definitiva, prevenir las nuevas realidades en una sociedad cambiante.

Junto a la coordinación y colaboración hay que realizar un esfuerzo por incrementar los efectivos policiales en Madrid. Hoy contamos con menos policías que en 1999. Teniendo en cuenta el crecimiento de la población en más de 600.000.personas, hoy serían necesarios más de 1.300 policías nuevos en Madrid. Para atender las necesidades reales, y en función de los nuevos fenómenos delictivos, habría que dotarse de otros 1.000 policías más. Estamos hablando, por lo tanto, de esa deuda que el Estado tiene con Madrid, que obligaría a incrementar los efectivos en más de 2.350 policías.

Este esfuerzo debe verse acompañado por un mejor tratamiento salarial y de condiciones de trabajo de estos cuerpos, porque mientras los trabajadores al servicio de la Comunidad y de los ayuntamientos han podido negociar salarios y condiciones de trabajo, los trabajadores al servicio de la Administración central se han visto encorsetados en el rigor de las limitaciones salariales y la dificultad de la rígida negociación colectiva en este ámbito. Es una realidad conocida, reconocida, pero no solucionada. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen aún más dificultades para ejercer sus derechos sindicales, y en casos como el de la Guardia Civil les, es directamente negado. No es difícil hacer cooperar a dos colectivos de trabajadores que, con funciones similares, tienen salarios, jornada y derechos completamente dispares.

Madrid necesitaba un Plan Regional de Seguridad que no suponga una mera reasignación y reordenación de efectivos policiales, como ocurrió con el olvidado Plan Policía 2000, sino que parta de una visión integral e integrada de la seguridad ciudadana, que tenga en su centro a las personas, a los ciudadanos y que ponga en valor los recursos y el compromiso de las instituciones y de toda la sociedad, porque la seguridad es cosa de todos y la criminalidad no se reduce a la persona, sino que es el producto de la sociedad.

Francisco Javier López Martín es secretario general CC OO-Madrid.