Demanda de explicaciones a las autoridades de París

José Manuel Durão Barroso ha pasado parte de este pasado fin de semana en París. Ya lo tenía previsto hace varios días, pero lo imprevisto ha sido el asunto que ha tenido que abordar en sus contactos con las autoridades francesas, y sobre todo con el ministro de Exteriores, Michel Barnier, a quien Jacques Barrot sustituyó en abril pasado como comisario de Política Regional, una vez que Barnier se incorporó al Gobierno francés. "Barroso ha tratado el problema con las autoridades francesas", dijo ayer uno de sus colaboradores, "y les ha pedido información sobre lo ocurrido".

Barroso, según esas fuentes, se encuentra molesto porque ni Barrot, comisario de Trasportes y vicepresidente de la Comisión, ni Jacques Chirac, presidente francés, le informaron de que Barrot había sido condenado en febrero de 2000 a ocho meses y amnistiado poco después. La legislación francesa prohíbe difundir noticia alguna sobre la condena a un amnistiado y en eso se han escudado las autoridades francesas para ocultar el dato.

Ahora, la posición de Barroso la resumen sus colaboradores en cuatro puntos. En primer lugar, recuerdan que Barrot es comisario desde abril pasado, dentro del equipo de Romano Prodi, con el visto bueno de todo el mundo, incluido el Consejo (los Gobiernos). "No tenemos un servicio de información para investigar el pasado de cada comisario", se quejan. Pero, además, y en segundo lugar, Barrot puede ser, con la ley francesa en la mano, "incluso presidente de la República", porque judicialmente su expediente "está virgen" al haber sido amnistiado. En tercer lugar, "el debate político" se centra ahora en discutir "si la cultura francesa en el terreno de las amnistías es aceptable a nivel europeo". "Hay otras culturas, otras formas de actuar en la UE, según las cuales un condenado no puede ocupar un puesto político". Por este motivo, Barroso ha exigido a Barrot que mande por escrito su expediente judicial al presidente de la Eurocámara, Josep Borrell, y se ponga a disposición de la misma si es llamado.

En cuarto lugar, el litigio se enreda aún más porque la legislación francesa prohíbe difundir informaciones sobre la condena y el Parlamento Europeo tiene una de sus habituales sedes en Estrasburgo (Francia). Al euroescéptico británico Nigel Farage le advirtieron de ello después de que el jueves levantara la liebre y amenazó con no regresar a Estrasburgo si no le dejan hablar del caso.