Las víctimas del silencio

"¿Cómo es posible que la cifra de muertos en carretera de cualquier fin de semana, 15 ó 20 personas, no sea noticia de portada?; ¿cómo una sociedad puede contemplar impasible esta catástrofe diaria sin reaccionar como cuando ocurren otras desgracias?". Jeanne Picard, vicepresidenta de Stop Accidentes, Asociación de Ayuda y Orientación a los Afectados por Accidentes de Tráfico, se sintió "perdida, destrozada, con un dolor físico inmenso", cuando un día sonó el teléfono y un guardia civil le comunicó la muerte de su hijo de 33 años en un accidente fatal. Desde ese momento, Picard se implicó en la asociación e impulsó la reforma del Código de la Circulación que renunció al uso del término vía rápida, para designar determinadas carreteras.

Fueron 5.339 las familias que lloraron la muerte de un familiar en el asfalto el año pasado. Las heridas graves torcieron la vida de 26.305 personas sólo en 2003. "El cúmulo total de supervivientes, cuya trágica situación es subestimada a menudo, si no ignorada, es al menos de seis millones en Europa y 100 millones en el mundo", afirma la Federación Europea de Víctimas de la Carretera cuando dibuja el panorama global de la pandemia. Hoy se celebra el Día Mundial en recuerdo de todos ellos.

El cartel anunciador de los actos que este domingo está previsto celebrar es sombrío: una hoja color rojo sangre caída del árbol, seca sobre fondo gris. Una imagen que quiere llamar la atención sobre los números que se repiten cada año convirtiéndose en una letanía que esconde la tragedia que nace tras cada muerte. "Queremos que nos tengan en cuenta, somos las víctimas del silencio", se queja Picard.

"Una gran soledad"

El drama comienza en el hospital, "cuando te hablan de abogados, de seguros, los trámites para el tanatorio; y entonces se siente una gran soledad y uno se encuentra desamparado", dice el familiar de una víctima mortal. Por eso, la jornada mundial persigue la mejora de las atenciones en el momento más crítico.

En este sentido, la psicóloga Sara Bosch ha diseñado unos cursos de intervención hospitalaria para formar a los profesionales que acogen a las familias de víctimas en los centros sanitarios. "Se les enseña la mejor manera de comunicar una mala noticia porque hoy todo depende de la buena voluntad de cada uno, pero no hay un dispositivo organizado para tratar estos casos". Bosch, que participó en la asistencia del accidente de autobús de Golmayo (Soria), en 2000, en el que murieron 22 escolares y seis adultos, trabaja para editar un folleto que explique qué hacer en estas situaciones. "La Dirección General de Tráfico ha acogido bien la idea", asegura.

Las víctimas pretenden, además, que el Gobierno realice cambios en las leyes para reducir el índice de siniestralidad en las carreteras. Aitor Canales, abogado de Stop Accidentes, anima a actuar en dos frentes: la confección de atestados que permitan el conocimiento exacto de la causa de los accidentes -y ayuden a la persecución de las conductas delictivas- y, sobre todo, la concepción misma de los comportamientos violentos al volante y su enjuiciamiento.

Suecia es un buen ejemplo para conseguir el objetivo fijado por la Carta Verde Europea que pretende reducir a la mitad en 2010 la cifra de 46.000 muertos anuales en la UE. En el país escandinavo se producen sólo 500 muertos al año (en España fueron 5.399 en 2003) y el motivo de cada accidente es estudiado al detalle. "Las carreteras no son permisivas con el error humano, y por eso debe mejorar su estado", dice el abogado, "pero si ocurre un siniestro, la causa debe quedar clara".

"¿Por qué cada policía realiza un atestado distinto, muchas veces incompleto? ¿por qué no se realiza el control de alcoholemia a todos los conductores participantes en el accidente mediante una extracción de sangre en el hospital? ¿por qué no se graba las inmediaciones del accidente con cámaras de vídeo?". Para acabar con la "impunidad" en carretera, Stop Accidentes propone la adopción de un Protocolo Legal de Atestados, riguroso y obligatorio en todo el país.

Canales no desea que se agraven las penas por conducir bebido o a más velocidad de la permitida, pero sí que "el que la haga la pague". El abogado asegura que el Código Penal convierte al juez en legislador al dejar a su albedrío la tipificación como imprudencia grave o leve un comportamiento peligroso al volante. "Los tipos penales deben ser eficientes, y las condiciones objetivas que los producen tendrían que estar tasadas".

El pasado 8 de octubre, el presidente del Gobierno garantizó que la lucha contra la plaga de los accidentes sería "una prioridad" de su acción ejecutiva. En Stop Accidentes le exigen que se implique "de frente, como hizo Chirac en Francia", y que atienda sus peticiones para que las víctimas sean cada vez menos.