Los alcaldes piden más poder

Los alcaldes se plantan. Están cansados de asumir competencias que nos les corresponden y sin los recursos necesarios; se dicen hartos de que les culpen de las penurias de la vida local sin tener toda la responsabilidad; se quejan de ser considerados la cenicienta de la Administración, cuando son ellos los que bregan en primera instancia con los problemas de los ciudadanos.

Cuando se cumplen 25 años de las primeras elecciones locales democráticas, los regidores de Madrid (Alberto Ruiz-Gallardón, del PP), Barcelona (Joan Clos, del PSC), Valencia (Rita Barberá, del PP), Córdoba (Rosa Aguilar, de IU) y A Coruña (Francisco Vázquez, del PSdeG) se reunieron el pasado lunes en la sede de EL PAÍS para plantear sus reivindicaciones, reclamar más dinero, más competencias y un papel más activo y relevante en la organización del Estado. Creen que es el momento adecuado en un periodo, el actual, de anunciadas reformas estatutarias y de la Constitución.

Los ayuntamientos reclaman el pago de la "deuda histórica", el dinero gastado en dar servicios que corresponden a otras administraciones

RUIZ-GALLARDÓN "Nosotros contribuimos a la pujanza económica; pedimos el 10% del IRPF, un 30% del IVA y un 20% de los impuestos especiales"

JOAN CLOS "Reclamo la gestión de la educación primaria hasta los 12 años, el fomento del empleo, la vivienda y los servicios sociales"

FRANCISCO VÁZQUEZ "En 1984, los ayuntamientos teníamos el 13% del gasto público. Hoy, 20 años después, estamos donde estábamos"

RITA BARBERÁ "¿Cómo no estamos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, si adopta medidas que tenemos que cumplir nosotros?"

ROSA AGUILAR "Estamos sometidos a dos centralismos: el del Estado y el de las comunidades autónomas, que acaparan competencias y dinero"

RUIZ-GALLARDÓN "Somos la garantía de integración de los inmigrantes porque su primer encuentro con la sociedad lo tienen en los ayuntamientos"

JOAN CLOS "Es importante que se entienda que si tenemos un pobre lo vamos a atender tanto si es un pobre nacional como si es extranjero"

FRANCISCO VÁZQUEZ "En los municipios pequeños dicen: 'Mira, ahora no te puedo dar nada porque se lo tengo que dar a éstos que acaban de llegar"

RITA BARBERÁ "El Gobierno debe asumir sus responsabilidades respecto a la inmigración y no limitarse a repartir 120 millones"

ROSA AGUILAR "No debe haber barrios para ricos y para pobres; la vivienda de protección oficial debe estar en todos los barrios de la ciudad"

RUIZ-GALLARDÓN "La seguridad es un derecho, pero también mejora la competitividad para atraer inversión, generar riqueza y empleo"

JOAN CLOS "En Barcelona planteamos que la Junta Local de Seguridad tenga el mando estratégico, no operativo; pedimos la justicia local"

FRANCISCO VÁZQUEZ "La competencia de la Policía Local es el cumplimiento de las ordenanzas. Punto y final. Pero luego no ha sido así"

RITA BARBERÁ "La autoridad del alcalde está totalmente mermada en realidad; ¿cuántas veces hemos oído: 'No pagues la multa, si no pasa nada?"

Durante dos horas de debate, los cinco alcaldes hablaron de la financiación municipal, del problema de la seguridad, de sus "nulas" competencias en materia de vivienda, de la falta de recursos para atender las necesidades de los inmigrantes y su integración... Abrió el fuego Francisco Vázquez, alcalde de A Coruña y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, para aclarar qué significa la "segunda descentralización" que tanto ansían los regidores.

Francisco Vázquez. La segunda descentralización es, primero, la económica. El primer problema que planteamos los ayuntamientos es la satisfacción de la deuda histórica. Se nos tiene que pagar el dinero que hemos gastado todos estos años en dar a los ciudadanos servicios que les correspondía prestar a las demás administraciones. Eso afecta a todos los ayuntamientos, pero los más pequeños tienen una situación tremenda.

La segunda descentralización consiste en abordar un proceso que ha quedado interrumpido en las comunidades autónomas. No se puede llevar a cabo ninguna reforma estatutaria ni una nueva asunción de competencias autonómicas si previamente no se efectúa el reparto de funciones entre el Estado, las autonomías y los ayuntamientos. La esencia es ésa: primero, el dinero, y después, fijar qué tiene que hacer cada administración.

Alberto Ruiz-Gallardón. En primer lugar, si hemos construido un Estado en el que se ha llegado a la conclusión de que era mejor que ciertas competencias las tuvieran las comunidades autónomas porque iba a ser más eficiente la prestación del servicio público al ciudadano, ese mismo principio, lógicamente, debe aplicarse a los ayuntamientos. Nosotros debemos gestionar las competencias que realicemos mejor que las comunidades autónomas. En segundo lugar, tiene que haber suficiencia presupuestaria para todas y cada una de las nuevas competencias que se nos transfieran y para las que ya ejercemos de hecho. Este es el tercer punto: convertir en legal lo que es real.

Rita Barberá. Un 30% de las competencias que ejercemos se corresponden con servicios para los que no tenemos competencia legal ni recursos propios. Estos servicios suponen un 20% de unos recursos que tendrían que estar destinados a otros asuntos.

Los ayuntamientos queremos estar en el debate estatal, porque somos Estado y así lo dice la Constitución. Si no estamos en el debate constitucional y estatutario, no se nos reconocerán, al menos en un futuro próximo, las competencias necesarias para que la administración sea más barata, más ágil y más eficaz. La Conferencia de Presidentes fue una oportunidad para que el presidente del Gobierno hubiera planteado a los presidentes autonómicos: "Señores, debemos modernizar las competencias que deben prestar los ayuntamientos, con los medios necesarios para poderlas ejercer".

Joan Clos. Los ayuntamientos tenemos los mismos porcentajes del total del gasto público que teníamos en la dictadura. Y hay que recordar que es el más bajo de todo el continente europeo, ya sea en Estados centralizados, donde llega al 40% o el 50% del total del gasto público, o en Estados federales, donde representa el 25%. Aquí gastamos un 13%. Tenemos un defecto en la distribución del gasto, que va más allá de las diferencias políticas. Lo que pasa es que esto suena a disco rayado. Es preciso definir qué queremos. Yo, para Barcelona, reclamo gestionar la educación primaria hasta los 12 años, los servicios de fomento del empleo, la vivienda y los servicios sociales. Así llegaríamos a controlar el 25% del gasto público.

Rosa Aguilar. Si durante 25 años los ayuntamientos democráticos venimos diciendo lo mismo, es porque ningún Gobierno nos ha atendido debidamente. No ha habido voluntad política por parte del Gobierno que fuere de resolver temas que son esenciales. Si somos una parte del Estado, si somos poder político, es normal que tengamos competencias claras y recursos financieros para desarrollarlas. Y cuando pedimos más recursos no es que de pronto queramos tener más dinero porque sí, sino para ser más útiles a la ciudadanía, para ser más eficaces y rápidos en las respuestas. Ahora que se habla de la Constitución Europea, quiero recordar que España tiene suscrita la Carta Local Europea, que no se ha hecho realidad. En ella se consagra el principio de subsidiariedad, pero hasta ahora no se le ha hecho ni caso.

Estamos sometidos a dos centralismos: el del Estado central y el de las comunidades autónomas, que han acaparado competencias y dinero. Cuando los ayuntamientos planteamos: "Cédannos competencias, evalúen su cuantía y cedan recursos", nos encontramos con una cerrazón impropia de unas comunidades autónomas que se supone que tienen claro qué es eso de la descentralización. El Estado debe incrementar la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado, y con las comunidades autónomas tenemos que ponernos de acuerdo en la transferencia de competencias. Hay competencias que deben ser transferidas de inmediato, como los servicios sociales, la cultura, el deporte...

Barberá. Quiero hacer una matización a la intervención de la alcaldesa de Córdoba. Probablemente no hemos avanzado todo lo que debíamos, pero tampoco nos hemos quedado parados. En 1998, con Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas, se avanzó en las transferencias del Estado a las comunidades autónomas; recuerdo la posibilidad de acudir directamente al Tribunal Constitucional. También se firmó, con el mismo Gobierno, un nuevo acuerdo de financiación local.

Ruiz-Gallardón. Como presidente autonómico, dirigí la tramitación de la ley de transferencias a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Sólo dos autonomías han impulsado esta segunda descentralización. Esa ley, en Madrid, está hoy paralizada. No se ha producido ninguna transferencia en esta legislatura.

Vázquez. Creo que soy el más antiguo de todos los alcaldes. Nunca tuvimos el mejor ministro de Administraciones Públicas; tampoco el mejor ministro de Hacienda. El tópico de la cercanía al ciudadano lleva implícito el de la lejanía a los Presupuestos. El ministro que más sensibilidad tuvo fue Rodolfo Martín Villa, que fue uno de los primeros en plantear, en la etapa de UCD, que los ayuntamientos fueran el equilibrio frente a las comunidades autónomas. Recuerdo también al ministro Solbes, en su anterior etapa en el Gobierno, con el que superamos el billón de pesetas de financiación. Ahora le pido que no malogre esa página ilustre en su biografía. Tanto los Gobiernos del PP como los del PSOE son responsables, porque podíamos tener arreglado el asunto y no lo tenemos.

Pero miremos adelante. Cuando el Gobierno dice "resolveremos la deuda histórica de Andalucía, y el déficit de Renfe, y la deuda de RTVE", quiere decir que hay fondos para ello en las arcas del Estado. Por tanto, tendrá que haber dinero también para una institución del Estado como son los ayuntamientos. Discrepo cuando el secretario de Estado de Hacienda dice que las administraciones territoriales tienen cerca del 60% del gasto público. No, los ayuntamientos gastamos el 13,8%; el resto es de las autonomías.

Al año siguiente de ser yo elegido alcalde, en 1984, los ayuntamientos teníamos el 13,2% del gasto público. Es decir, que 20 años después estamos donde estábamos. Ahí está la gran diferencia con otros países. Cuando uno viaja dice: "¡Qué limpias están las ciudades francesas o finlandesas!". ¿Por qué? Porque tienen más recursos, no porque sean más listos que nosotros. Los ayuntamientos de la UE, antes de la ampliación, tenían, de media, el 23,4% del gasto público; y en los países escandinavos llegan al 55% o 60%.

Aguilar. Los ayuntamientos fuimos solidarios con la construcción del Estado de las autonomías. Ahora es el momento oportuno para que las comunidades se vuelquen con nosotros y entiendan que la cesión de transferencias no supone una pérdida de poder político, sino una mejor atención al ciudadano.

Clos. Cuando hablamos de extender el servicio público local, no ponemos en riesgo el presupuesto público, no estamos amenazando el déficit del Estado. La Administración que ha tenido un incremento menor de endeudamiento en los últimos 15 años ha sido la local. El 50% de nuestros ingresos procede de impuestos propios, y el otro 50%, de las transferencias del Estado. Por tanto, tenemos un grado de corresponsabilidad fiscal mucho más alto que las comunidades autónomas, donde los impuestos propios rondan el 18% o el 20%. Además, el Estado corrige a la baja los recursos de los ayuntamientos que son generosos con sus ciudadanos y les cobran menos impuestos.

¿Esto a qué ha llevado? Pues a que la disciplina económica de la Administración local es ejemplar en nuestro país: a pesar de que hay 9.000 municipios, la contribución de la Administración local y provincial a la deuda pública es irrelevante. No somos un problema financiero para el Estado.

Barberá. ¿Cómo es posible que los ayuntamientos no estemos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, si ahí se adoptan medidas que luego tenemos que cumplir nosotros?; ¿cómo no estamos en las conferencias sectoriales de Medio Ambiente o de Vivienda? No se trata sólo de transferir competencias o de tener más dinero, tenemos que tener plena participación y opinión en el conjunto del Estado.

Vázquez. Nosotros tenemos la mitad de deuda que tienen las comunidades autónomas, según los datos oficiales de 2003. Y, por cierto, por esa deuda pagamos un interés del 3,8% y las comunidades autónomas pagan el 4,4%. Además, y paradójicamente, nosotros invertimos más que las comunidades autónomas: ellas invierten 8.200 millones y los poderes locales 8.900. Nosotros tenemos más capacidad inversora.

LA INMIGRACIÓN

EL PAÍS. Veamos dos temas. Los nuevos Presupuestos adjudican 120 millones de euros al problema de la inmigración. El 60% de esa partida irá directamente a los ayuntamientos para la acogida y las políticas de integración social y un 40% para asuntos relacionados con la educación. ¿Es suficiente? Está también el asunto del empadronamiento de los inmigrantes, que es uno de los pilares del nuevo proceso de regularización que se abrirá, durante tres meses, desde enero del próximo año.

Clos. Nosotros no queremos hacer políticas específicas de inmigración. Se pueden hacer servicios especiales de acogida para la inmigración, pero las políticas de servicios sociales, vivienda, educación, sanidad, son genéricas, no tienen nombres ni apellidos, y todas las personas que tengan necesidad de ellas tienen que poder disfrutarlas. Bienvenidos sean los 120 millones, pero es muy importante que se entienda que si tenemos un pobre lo vamos a tratar tanto si es pobre nacional como si es extranjero. Es decir, la atención específica al inmigrante se reduce a la acogida, la traducción si habla otra lengua, y poco más. Las políticas sociales son transversales, y el derecho de acceder a ellas lo da el nivel de renta, no el origen.

EL PAÍS. Pero, a la hora de asignar ayudas a la inmigración, ¿habrá que distribuirlas según el censo de inmigrantes de cada ayuntamiento?

Clos. Pues es un error. Lo que hay que fijar es cuánta población está por debajo de la renta mínima, sean inmigrantes o no. Lo relevante es que son personas que lo necesitan, no que son inmigrantes. Hay inmigrantes que se ganan bien la vida.

Vázquez. Estamos mezclando dos cosas distintas. Desde la Federación de Municipios planteamos al Gobierno la situación crítica de muchísimos ayuntamientos, sobre todo los pequeños. Están afrontando sin medios económicos la llegada de inmigrantes, que traen a familias, que traen niños a mitad del curso escolar, y lo hacen con cargo sólo a los recursos municipales. "Hasta aquí hemos llegado, amigo, nosotros no podemos", dicen ellos. Y no hablemos de la inmigración ilegal. A un ayuntamiento de Fuerteventura, por ejemplo, le llegan en una noche seis pateras, y por la mañana tiene que improvisar desayunos, ropa, y atención médica. Esto es una cosa y otra cosa muy distinta es que el tratamiento social sea genérico para todos.

Barberá. Comparto la filosofía de Joan Clos en general, pero la realidad concreta de cada día es distinta. ¿Qué hacemos los ayuntamientos cuando nos llegan diariamente tantos inmigrantes? Los centros de acogida para orientarles, en los que trabajan psicólogos, educadores, traductores, cuestan un dinero al ayuntamiento, pese a no tener competencias para ello.

El tema fundamental del futuro es el padrón. Y en este momento tenemos domicilios donde hay empadronadas 40 o 50 personas que ni siquiera residen en la ciudad. Eso exige una inspección especial, y no tenemos capacidad para hacerla; ahí está el INE y la Policía. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el informe de arraigo, que es fundamental para luego tener la residencia? El Gobierno debe asumir sus responsabilidades y no limitarse a dar los 120 millones. Yo no quiero colegios especiales ni barrios especiales para inmigrantes, pero en la educación obligatoria el 30% y 40% de los alumnos de cada clase proceden de familias inmigrantes. Están integrados, pero hay que atenderles.

Aguilar. A mí lo que me parece muy importante, en este momento, es que se explique a la ciudadanía el destino que tienen esos recursos. Porque si no se hace, se puede concluir que va a haber una discriminación en el trato a la población.

Ruiz-Gallardón. El Estado debe ser consciente de que nosotros somos la garantía de la integración de los inmigrantes en la sociedad española y de que su primer encuentro con la sociedad es a través de los servicios públicos municipales. Si fracasamos porque no tenemos recursos, no habrá integración. Es una necesidad del Estado que se nos den esos recursos.

En España ha aumentado la población en 1.700.000 habitantes, que se han asentado en las grandes ciudades. En Madrid, en los últimos años, en razón de la inmigración, ha aumentado la población en 213.000 habitantes. El porcentaje de crecimiento demográfico ha sido del 7,5% en cuatro años. Los ayuntamientos no podemos atender un crecimiento tan espectacular. Si el Estado no paga nuestras políticas de integración, esto puede convertirse en un elemento de conflicto.

Clos. Una política integral de inmigración requiere un pacto de las administraciones local, autonómica y central. Y tiene que incluir la educación, la escuela, la vivienda, los servicios sanitarios y la convivencia en la calle, la transmisión de los valores de nuestra cultura. El tema de la vivienda es delicadísimo. Hay que evitar hacer guetos de vivienda pública para los inmigrantes. Sería el peor fracaso de la política de integración.

Aguilar. No debe haber barrios para gente rica o gente pobre. La vivienda de protección oficial tiene que estar en todos los barrios de la ciudad.

Clos. Para eso se requieren unas políticas de vivienda pública muy contundentes.

Vázquez. Yo intento que lo veamos todo desde el conjunto del municipalismo, no solamente desde nuestras ciudades. En la inmigración, el problema más complicado lo tienen los pequeños ayuntamientos.

Aguilar. ¿Por qué?

Vázquez. Recibimos continuamente cartas de ayuntamientos de 5.000, 10.000 o 15.000 habitantes que dicen que han tenido que paralizar un servicio de asistencia a domicilio o un centro de atención porque deben pagar un psicólogo que atienda a 20 niños magrebíes que han llegado a mitad de curso. Eso es un problema muy grande. No veamos el problema de la inmigración sólo desde las ciudades.

Además, la falta de dinero para atender a las necesidades de los inmigrantes y a las del resto de la población provoca una reacción negativa en la ciudadanía, porque el ciudadano llega con un asunto y el ayuntamiento le dice: "Mira, ahora no te puedo dar nada, porque se lo tengo que dar a éstos que acaban de llegar".

Clos. Por eso la gestión de la inmigración afecta a todas las administraciones. Lo de la escuela y el psicólogo que dices no corresponde al municipio, sino a las comunidades autónomas. Nos toca a nosotros hacer de Administración escoba otra vez: resolver todas las ineficacias de las administraciones previas, las competentes. Que no crean que con 120 milloncetes ya está resuelto el problema de la inmigración.

Vázquez. Es una medida de choque.

LA SEGURIDAD

EL PAÍS. La seguridad ciudadana es otro asunto relevante en el Gobierno de las ciudades. ¿Desean también más competencias? ¿Deberían ser ustedes los jefes de las policías que actúan en sus términos municipales?

Clos. Por suerte estamos entre los países europeos con más policía por 1.000 habitantes, pero donde veo que tenemos que mejorar es en la eficacia judicial, el tema penal, porque estamos incrementando nuestra población penitenciaria a un ritmo elevadísimo. Hay que mejorar el sistema de prevención y la rehabilitación, en la que estamos en paños menores.

Nosotros planteamos en la Junta Local de Seguridad de Barcelona que la Administración local tenga el mando estratégico, no operativo, sobre todo con tantas policías diferentes como hay en la ciudad. Mandar o no mandar es lo de menos, lo importantes es que haya más seguridad. Nuestro nivel de seguridad no es óptimo, debemos mejorarlo y esto sí que requiere un pacto de Estado en profundidad. Me refiero a la coordinación policial y la eficacia del resto del sistema penal, y la reinserción.

Tener 60.000 personas en la cárcel es terrible. Las políticas de penas alternativas a la cárcel y el proceso de rehabilitación no son una prioridad social en nuestro país. La pequeña delincuencia y las bandas pueden llevarnos a una situación peligrosa. Es por eso que en Barcelona pedimos la justicia local.

Ruiz-Gallardón. Coincido con Clos; la seguridad no es sólo un derecho de los ciudadanos, sino que es un factor de competitividad para atraer inversiones, generar riqueza y empleo. Estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta que hacía Clos de que el mando estratégico en las grandes ciudades debe de corresponder a los gobiernos locales.

Barberá. La seguridad es el gran factor de calidad de vida de los ciudadanos. Estoy de acuerdo con Alberto en pedir un mayor papel en las políticas de prevención, pero ya estamos haciendo funciones de seguridad: la vigilancia, la cercanía de las policías de barrio que algunos hemos creado, la detención de delincuentes. Y volvemos otra vez, por razones de responsabilidad, porque nos lo piden los vecinos, a hacer funciones que no nos competen. No tenemos recursos. Por ejemplo: hay un grupo en mi ciudad, el grupo GAMA

[Grupo de Asistencia a la Mujer Maltratada], que ayuda a prevenir la violencia doméstica y hace cumplir órdenes de alejamiento. Hemos dispuesto un grupo , con dos o tres agentes por distrito, y tienen trabajo.

Pero yo creo que también hay que hacer algo más: dotar de mayores recursos a los juicios rápidos para solucionar muchos casos de delincuencia menor. No tenemos policía científica ni capacidad de tenerla, pero sí podemos actuar en la prevención, en la vigilancia y en la disuasión de la delincuencia.

Aguilar. La seguridad es un tema de Estado y los ayuntamientos estamos demostrando que tenemos sentido de Estado. En el ámbito de la seguridad asumimos más responsabilidad de lo que la ley nos confiere y los recursos nos permiten. Hace falta algo esencial: más coordinación entre las fuerzas policiales.

Vázquez. En esto, como en otras muchas cosas, los ayuntamientos han ido por delante, porque la demanda de la sociedad ha ido por delante. La violencia de género, por ejemplo. Desde hace muchos años las ciudades españolas tienen centros de asistencia a mujeres maltratadas, comisarías de barrio, y policías para luchar contra la droga en los colegios. Pero la Policía Local es una competencia municipal que está muy bien delimitada: es la policía que vela por el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Punto y final. Pero luego no ha sido así.

Hay ayuntamientos de la costa mediterránea, como el de Benidorm, en el que, en verano, cuando llegan los tour operadores o los de la cerveza de fin de semana, no pueden sufragar, con lo que les paga el Ministerio del Interior las comidas de los detenidos. Parece una tontería, pero son millones de pesetas.

En esto de la seguridad, como en otras muchas cosas, lo que hace el Estado es decir: "Ponga usted la Policía Local, que la paga usted, pero se la coordino yo y además le doy estas funciones". Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, y lo vamos a hacer, pero es una manifestación más de la situación en la que se encuentra el municipalismo español. No hay una definición de funciones, no se dice lo que corresponde hacer a cada administración.

Aguilar. En los ayuntamientos tenemos unidades de policía especializada en la lucha contra la violencia de género. Bueno, pues llega la Ley Integral

[Contra la Violencia de Género] y no nos dicen nada, no consultan a los ayuntamientos.

Barberá. ¿Cuál es la autoridad que tienen los alcaldes para hacer frente a muchos problemas de la ciudad que no podemos solucionar? El proceso sancionador, o la autoridad del alcalde, están absolutamente mermados. ¿Cuántas veces hemos oído: "No pagues la multa, si no pasa nada"?

Ruiz-Gallardón. Que no se olvide nunca que los ayuntamientos somos elementos de vertebración y de fusión, de cohesión territorial y de cohesión social. Y la cohesión territorial, que es un mandato de la Constitución, solamente se conseguirá a través de las políticas municipales; si no, no habrá cohesión social. Cuando se habla de un país poco cohesionado, que se recuerde que nosotros somos elementos clave de cohesión.