El Poder Judicial rechaza que se exijan lenguas cooficiales a los jueces

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer el informe contrario a la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para exigir a los jueces el conocimiento del idioma y del derecho propio de la comunidad autónoma en la que ejerzan. El informe fue aprobado por 11 votos a favor (los 10 vocales propuestos por el PP más el presidente), frente a ocho votos en contra (los seis consejeros designados a iniciativa del PSOE y los propuestos, respectivamente, por IU y CiU) y una abstención (la del vocal de consenso PP-PSOE).

El informe aprobado establece que la propuesta tomada en consideración por el Congreso de los Diputados es "constitucionalmente dudosa", al configurar el conocimiento de las lenguas y del derecho propio de las comunidades autónomas como un requisito de capacidad -actualmente sólo es un mérito preferente- para la provisión de destinos. "Conduciría", dice, "a una compartimentación territorial de la carrera judicial, que desvirtuaría de hecho su carácter único o nacional".

Los ocho consejeros que votaron en contra de ese informe aceptan la pretendida exigencia con distintos matices. Así, el vicepresidente Fernando Salinas y los vocales Montserrat Comas y Juan Carlos Campo, propuestos por el PSOE, creen "lógico" el conocimiento de la lengua autonómica por parte de los jueces, dado "el carácter oficial" de dichos idiomas y para hacer compatible y efectivo "el derecho de los ciudadanos de las comunidades autónomas con lengua propia a utilizar su idioma de forma oral y/o escrita ante la Administración de Justicia".

Otros vocales, entre ellos Javier Martínez Lázaro, discrepan del informe, pero recuerdan que "sin cambiar la ley hay más de mil jueces que hablan idiomas autonómicos".

En cambio, Alfons López Tena, propuesto por CiU, más radical, dice que la proposición de ley plantea "la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de su derecho a usar la lengua oficial" y "su no discriminación por la lengua utilizada" ante los jueces.

Cargos por 12 votos

El pleno del CGPJ acordó ayer cinco nombramientos judiciales, entre ellos dos de la cúpula judicial, que requerirán dentro de unos meses 13 votos y que ayer se tomaron por 12: el de Emilio Frías Ponce como magistrado de la Sala Contencioso-Administrativa del Supremo y la reelección de Jesús Souto Prieto como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

El CGPJ informó ayer que los nombramientos contaron con el "respaldo de una mayoría cualificada de tres quintos de los miembros del Consejo", dado que 12 votos son tres quintos del total de los 20 consejeros en ejercicio (no se ha ocupado la plaza vacante por el nombramiento de José Antonio Alonso como ministro del Interior). Sin embargo, la inminente reforma legal exigirá un mínimo de 13 votos, es decir tres quintos sobre los 21 consejeros.