Máxima tensión en la Acadèmia por la injerencia del Consell en su trabajo

El conflicto surgido a raíz de la denominación del valenciano en Europa ha estallado finalmente en la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Presionada por el Consell, la presidenta de la institución, Ascensión Figueres, del PP, pretende frenar el dictamen de la ponencia sobre la denominación que fue encargada por el propio pleno de la institución. El dictamen estaba ya prácticamente cerrado y consensuado, pero la injerencia ha modificado su cauce.

Al menos 10 miembros de la Acadèmia, compuesta por 21 (el mínimo para introducir una propuesta es de siete) decidieron continuar ayer con el proceso y presentar al pleno de la institución los trabajos ya realizados por la ponencia para debatir la entidad del valenciano. Varios académicos incidieron en el ambiente de entendimiento que ha presidido la ponencia y en que se seguirá buscando el consenso, a pesar de que dos de los cuatro ponentes, designados por el PP, rectificaron su visto bueno inicial al documento consensuado el pasado viernes.

El consejero de Cultura, Alejandro Font de Mora, insistió ayer por la mañana a Figueres en que se mantuviera firme. El día anterior, la presidenta había salido a la palestra para responder y puntualizar al ministro de Administraciones Públicas, el socialista Jordi Sevilla, que se refirió a la unidad lingüística. Hasta ese momento, la Acadèmia no se había pronunciado sobre la polémica, remitiendo cualquier manifestación sobre la denominación de la lengua -siempre ha defendido el valenciano como la denominación vehicular y estatutaria- a la ponencia. Presionada por el Consell, la presidenta rompió con esta actitud. Además anunció al final de la pasada semana que se frenaba sine die el dictamen.

Elaborada por Rafael Alemany, Manuel Pérez Saldanya (filólogos y defensores de la unidad lingüística), Ángel Calpe (médico y secesionista) y Ramón Ferrer (historiador y secesionista moderado), la ponencia recoge el nombre legal y estatutario de valenciano, resalta la importancia de la presencia de la denominación de valenciano en el exterior y apuesta por el uso establecido en el código internacional. De modo que el valenciano aparecería junto al sistema lingüístico al que pertenece, el catalán. Como sostiene la comunidad científica internacional, se reconoce la unidad lingüística, al igual que en la perífrasis empleada en el preámbulo de la ley de creación de la Acadèmia.

Un primer texto de la ponencia fue mostrado al resto de los académicos para que formularan enmiendas verbales. Así se hizo y éstas se incorporaron al dictamen, siempre en aras del consenso y de la moderación. Días después, Calpe y Ferrer (nombrados por la cuota del PP) no han querido refrendar este último texto, más rebajado que el anterior, en coincidencia con los obstáculos puestos por la presidenta. Este verano, numerosos representantes del PP se manifestaron contrarios a que la Acadèmia se pronunciase sobre la onomástica del valenciano, alegando que no es de su competencia. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, rechazó la pasada semana la denominación "valenciano-catalán" y dijo que la Acadèmia no debía pronunciarse sobre la polémica en Europa.

En un principio, la Acadèmia había decidido que la ponencia se discutiera después del congreso del PP de este fin de semana para evitar polémicas. Se preveía tratarla en el pleno el 22 de diciembre.

La elaboración de la citada ponencia fue aprobada el 25 de junio en el pleno del organismo por 17 votos a favor, una abstención y uno en contra.El eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo

acusó ayer al Gobierno central de que podría incurrir en delito "si intenta imponer la unidad lingüística del valenciano y el catalán, como reclaman sus socios de ERC y en contra del Estatuto valenciano y de la Constitución" por vía de la oficialidad de esas lenguas en la Unión Europea. El eurodiputado realizó estas declaraciones tras conocer que el Gobierno presentará el 13 de diciembre un memorándum en el consejo de Ministros de la UE para pedir la reforma de su régimen lingüístico, "en el que supuestamente el valenciano será decretado idéntico al catalán". Asimismo acusó al Gobierno de estar "violando la Constitución y el Estatuto de la Comunidad Valenciana" y definió esta acción como "prevaricación". Para García-Margallo, "la imposición de la unidad lingüística" es "la primera piedra que quiere colocar el PSOE para hacer una reforma de la Constitución en la que haya unas comunidades de primera y otras de segunda", en clara referencia a la propuesta de reforma estatutaria de Pasqual Maragall. "La Comunidad Valenciana", aseveró, "no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie".

Por su parte, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, reclamó ayer al presidente de la Generalitat que "se ponga a la altura de su responsabilidad" y que ni caiga en la tentación ni permita que se utilice la lengua como elemento de confrontación entre valencianos. En ese sentido le exigió que "dé instrucciones para que el consejero Portavoz no haga declaraciones sobre 'me han contado' o 'he leído' en temas serios e importantes". Sevilla rectificó sus declaraciones del martes, en las que citando la ley de creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua dijo que "el valenciano formaba parte de la unidad lingüística" que los estatutos de autonomía de los territorios hispánicos de la antigua Corona de Aragón reconocen como lengua propia, cuando en realidad, para ajustarse a la literalidad, debió decir "el sistema lingüístico". El ministro, en tono irónico, dijo que alguien debiera aclararle la diferencia, aunque rectificó y exigió asimismo a Camps "que rectifique y haga rectificar a su portavoz en unas declaraciones en la que demuestra que no está a la altura de su cargo".