Aguirre sube un 25% el precio medio de los pisos protegidos menores de 110 metros

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una subida del precio de venta de la vivienda de protección pública en la Comunidad. El coeficiente autonómico que fija la Comunidad hasta un máximo permitido por el Gobierno central, pasa del 1,25% al 1,56% para todos los pisos protegidos, es decir, un incremento del 24,8%. Esto es, si la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, no hubiera subido el módulo autonómico, un piso de 100 metros cuadrados en Madrid costaría 84.367 euros, en lugar de los 105.290 que el comprador habrá de desembolsar como máximo con esta subida.

Antonio Fernández Gordillo, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, denuncia que este incremento "no tiene parangón en la historia de Madrid y supone un aumento muy superior al del precio de la vivienda libre".

Los precios máximos de venta por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas sujetas a regímenes de protección pública se determinan multiplicando el precio básico, que establece el Gobierno central, por el llamado coeficiente autonómico, que determinan los gobiernos de las comunidades autónomas hasta un tope propuesto por el Gobierno central.

El Ministerio de Vivienda ha aumentado el precio básico desde 648,98 euros el metro cuadrado a 674,94 euros, lo que supone una subida del 4%. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha acrecentado el módulo autonómico un 24,8% -dentro del marco que le permite el ministerio-, lo que supone que si en marzo pasado había que multiplicar el precio básico de venta de un piso menor de 110 metros cuadrados por 1,25, ahora ha de hacerse por 1,56. Esto es posible por lo legislado en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del plan 2002-2005, aprobado por el ex ministro Francisco Álvarez Cascos, del PP.

En este texto legal se dice en su artículo 8 que las comunidades autónomas, según su propia normativa, podrán "fijar las cuantías máximas de dichos precios de venta" [de los pisos de protección pública] para cada una de las localidades de su ámbito. Este decreto establece que el precio máximo de venta de las viviendas será fijado por la comunidad autónoma y "tendrá un límite de 1,56 veces el precio básico" a escala nacional. Aguirre, que en marzo no aplicó el coeficiente autonómico máximo, salvo para los pisos mayores de 110 metros, extiende la subida a cualquier piso de protección sea del tamaño que sea.Tanto la Administración central -que ha subido el precio máximo estatal en un 4%- como la madrileña justifican el incremento del precio de la vivienda protegida como forma de afrontar las quejas de los constructores respecto al escaso beneficio que les reporta edificar este tipo de inmuebles.

En la anterior legislación, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el martes 23 de marzo de 2004, se establecía una diferencia entre los pisos de protección pública de más de 110 metros cuadrados y los de menos superficie. Entonces, el coeficiente autonómico para los pisos menores de 110 metros era de 1,25, y el de más de esta superficie, de 1,56. Ahora, según la orden publicada el pasado lunes, todos los pisos protegidos tendrán un coeficiente de 1,56 (el máximo permitido).

Según el libro editado en 2003 por la Dirección General del Suelo de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, "el 80% de la vivienda protegida, desde 1998 hasta la fecha, ha sido construida por consorcios urbanísticos". En este mismo texto se asegura que en los consorcios en ejecución en la Comunidad Autónoma de Madrid, 25.918 viviendas de protección pública son menores de 110 metros cuadrados, mientras que sólo 5.451 son mayores de esta superficie. En cuanto a los ya ejecutados, el número de viviendas menores de 110 metros es de 30.620, mientras que las más grandes no llegan a las 2.700.

Zonas singulares

Fernández Gordillo considera, además, que la subida es mucho mayor en determinadas localidades debido a "la política errática en la clasificación de municipios como zonas singulares que han sido aprobadas por los distintos gobiernos del PP".

Para determinar el precio máximo de venta de una vivienda de protección pública, al coeficiente autonómico hay que sumar un coeficiente por municipio singular que oscila entre el 40% y el 10%, dependiendo del grado de protección que se le asigne. La legislación define como municipios singulares aquellos en los que el precio medio de la vivienda es tan elevado que la comparación entre la vivienda de precio libre y la protegida hace especialmente poco rentable a los promotores la construcción de viviendas públicas.

Fernández Gordillo asegura que, "siendo Francisco Álvarez-Cascos ministro de Fomento en funciones, emitió un decreto [en marzo y publicado el 16 de abril en el Boletín Oficial del Estado] por el que se determinaban cuáles eran estos municipios singulares. Entonces incluyó entre ellos a Aranjuez, Ciempozuelos y El Escorial. Esto ha supuesto que comprar una vivienda protegida en estas localidades sea ahora un 55,7% más caro que antes de marzo. "Es difícil de imaginar qué tienen que ver municipios como Fuente el Saz del Jarama con Alcalá de Henares, o Moraleja de Enmedio con Getafe", concluye el parlamentario socialista.

Según los cálculos del PSOE, el incremento será del 51,4% en municipios como Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes; del 42,7% en Alpedrete, San Agustín de Guadalix y Torrejón de la Calzada; del 41,6% en Arroyomolinos y Ajalvir, y un 30% en Madrid capital.

Fernández Gordillo afirmó: "El incremento desorbitado para la vivienda protegida aprobado por el Gobierno regional y que oscila entre casi el 30% y el 56%, no tiene parangón en la historia de la Comunidad de Madrid y supone una subida muy superior a la alcanzada por la vivienda libre en el último trimestre".

Por su parte, el parlamentario de IU Eduardo Cuenca manifestó que "en un discurso de bajada de impuestos, como es el de Aguirre, es más que curioso que en el mismo año haya habido dos subidas del coeficiente autonómico". Según Cuenca, ésta es una "subida fortísima que va a tener dos repercusiones: hará mucho daño a los jóvenes y beneficiará a los promotores privados de vivienda".

El director general de la Vivienda de la Comunidad, Juan Blasco, justificó esta subida afirmando que "no era lógica jurídicamente la diferenciación entre pisos de más de 110 metros y de menos de 110 metros". Además, Blasco asegura que "no se ha implantado el máximo permitido por el Ministerio de la Vivienda, que es del 55% para los municipios singulares del tipo A [los de mayor protección]". Según Blasco, "el incremento se ha fijado en el 40%, menos del máximo permitido por el Gobierno central". "Todavía estamos un 15% por debajo de ciudades como Barcelona o comunidades como Baleares, y los promotores nos criticarán por no haber aplicado la subida máxima".

En el decreto 1721/2004, de 23 de julio, el Ministerio de la Vivienda da la posibilidad a las comunidades autónomas de aumentar entre un 10% y un 55% el precio máximo de una vivienda de protección pública en municipios singulares, dependiendo del grado de protección que se establezca en cada una de las zonas de esos municipios. Pero nada se dice del coeficiente autonómico aplicable a todas las viviendas, que Aguirre ha subido del 1,25 al 1,56.