La hora de los ayuntamientos

Cuando, ante una falta tan importante de recursos financieros, los ayuntamientos abren sus puertas día tras día, debemos reconocer que sus gestores realizan un ejercicio de malabarismo económico o un proceso de endeudamiento público.

Se cumplen 25 años de ayuntamientos democráticos en España, siendo éstos la institución más cercana a los ciudadanos. En pueblos y pequeñas ciudades, cuando los vecinos tienen un problema, acuden a llamar a las ventanillas municipales, que son las más próximas. No entienden, al buscar soluciones, que se les mande a otra instancia administrativa superior. Alcaldes y delegados municipales auxilian en la resolución de los problemas, con más interés que recursos, asumiendo competencias que no les corresponden, pero que sus administrados les demandan. No son pocas las ocasiones en las cuales los ayuntamientos suplen a las administraciones autonómicas y estatal a la hora de cubrir necesidades básicas en muchas materias, tales como Seguridad, educación, salud, formación laboral, etc. Pero, en más ocasiones que en menos, no les son reconocidos sus esfuerzos, entrega y predisposición a ser solidarios y cercanos con sus administrados. Y no se implementan ingresos en las arcas municipales con dineros que cubran los desembolsos efectuados como resultado de cubrir las competencias propias y ajenas. Se produce un desequilibrio presupuestario.

Después de más de 25 años de democracia hay que reconocer que el protagonismo principal lo han saboreado las administraciones estatal y autonómica, desempeñando los ayuntamientos un papel secundario, pero con marcados matices de ser principal.

Por ello debemos reclamar, con voz firme y serena, un amplio "acuerdo por lo local", donde se dote económicamente a las diputaciones y ayuntamientos, en función de los servicios que prestan en realidad. Aumentar la participación de estas instituciones -diputaciones, ayuntamientos- en los Presupuestos Generales del Estado es primordial. Actualmente les toca el 13% del reparto financiero, siendo lo lógico alcanzar la media europea, situada en un 22%. Simplemente por razón de justicia administrativa y de reconocimiento político a la labor que desempeñan.