Comienza el juicio contra el menor acusado de facilitar explosivos

El primer juicio por hechos relacionados con los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid se inicia hoy en la Audiencia Nacional con el enjuiciamiento de un menor, G. M. V., de 16 años, al que la fiscal relaciona con la entrega a Jamal Ahmidan -jefe operativo de la célula de Morata de Tajuña, que perpetró la matanza de los trenes de la muerte- de una partida de explosivos presuntamente sustraídos por el ex minero José Emilio Suárez Trashorras.

El juez central de menores de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, ha señalado tres días para la celebración de la vista. Para esta tarde está prevista la declaración del menor imputado y de varios agentes de la Guardia Civil, policía, miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos y Policía Municipal de Madrid.

Mañana comparecerán como testigos cinco de los imputados en el sumario que instruye el juez Juan del Olmo sobre el 11-M. Se trata de José Emilio Suárez Trashorras, Iván Granados Peña, Rubén Iglesias Díaz, Javier González Díaz y Sergio Álvarez Sánchez. Los testimonios de todos ellos podrán utilizarse en el juicio principal por el 11-M, por lo que con seguridad habrán sido asesorados por sus letrados sobre lo que tienen que decir. En principio, al estar considerados técnicamente como testigos, están obligados a decir la verdad, si bien, en puridad, deberían considerarse coimputados por lo que podrían no declarar contra sí mismos e incluso negarse a declarar.

Sentencia 'in voce'

El tercer día están señaladas las pruebas periciales sobre explosivos y otros aspectos, así como los informes de la fiscal y el defensor del menor. Nada más concluida la vista, el juez puede dictar sentencia in voce haciendo público el fallo, si bien después deberá razonar jurídicamente la resolución. El magistrado dispone de cinco días para notificar la sentencia.

La fiscal ha relatado en su escrito de alegaciones que el menor -de 16 años en la actualidad- llevaba dos años relacionándose con José Emilio Suárez Trashorras, del que se convirtió en su persona de confianza y colaborando en todas sus actividades especialmente en la obtención y distribución de hachís.

A principios de enero de 2004, el menor acompañó a Suárez a la estación de autobuses de Oviedo para recoger a Sergio Álvarez Sánchez, Amocachi, y así supo que Suárez Trashorras estaba robando explosivos y facilitándoselos a personas procedentes del Magreb. Álvarez acababa de regresar de Madrid, donde había transportado una mochila con explosivos.

A primeros de febrero, según el relato de la fiscal, el menor accedió a la propuesta de Suárez Trashorras de trasladar otra mochila con unos 20 kilos de dinamita al grupo de magrebíes que facilitaban el hachís. En Madrid, telefoneó al móvil de Jamal Ahmidan, El Chino, al que él había conocido en Avilés (Asturias) con el apodo de Mowgli. A su regreso, Suárez le pagó algo más de 1.000 euros por sus servicios.

El 28 de febrero por la tarde, Suárez pasó a buscar al menor a su domicilio. Le acompañaban tres magrebíes: Jamal Ahmidan, Mowgli, Abdennabi Kounjaa y Mohamed Oulad Akcha (los tres se suicidaron en la explosión de la calle de Carmen Martín Gaite, de Leganés, el pasado 3 de abril). En el Toyota Corolla, matrícula 3291 COW, fueron hasta la mina Conchita, donde Suárez había trabajado como minero. Suárez y Ahmidan fueron andando hacia el monte y el menor se quedó con los magrebíes durante unos tres cuartos de hora. A su regreso, el menor oyó cómo Suárez decía a Ahmidan que no se olvidara de coger las puntas o los tornillos, que estaban unos 15 metros más adelante. Tras comprar unas mochilas, todos volvieron esa noche a la mina, donde recogieron explosivos, que cargaron en cinco mochilas, desde donde los tres magrebíes regresaron a Madrid en el Toyota y un Volkswagen Golf negro.

Los explosivos fueron utilizados para los atentados del 11-M en los que se produjeron 191 asesinatos consumados y más de 1.800 heridos.

El 12 de julio pasado, el Equipo Técnico emitió un informe en el que considera que el menor asume la autoría de los hechos, "pero la ausencia de atribución de culpa es total, no hay arrepentimiento, no relaciona sus actos con el daño hecho a las víctimas y no tiene conciencia del daño causado".

El 19 de octubre, el Equipo Técnico informa que el menor no ha querido matricularse para finalizar 2º de ESO, porque "aquí dentro [en el Centro de Reforma Los Rosales] no puedo estudiar". En cambio se muestra dispuesto a participar en un curso de carpintería. Además ha mostrado conductas violentas y ha sido sancionado varias veces por ello.

La fiscal ha solicitado ocho años de internamiento en régimen cerrado y otros cinco de libertad vigilada para él.

Su defensor, José Baeza, asegura que su cliente no ha cometido infracción penal alguna.