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Un comandante revela a la juez que avisó de que 30 cuerpos del Yak estaban sin identificar

El general Navarro asegura que destruyó en mayo las notas que usó para las identificaciones

Miguel González

El Ministerio de Defensa supo el 28 de mayo de 2003, poco antes del funeral de Estado celebrado en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) por los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42, que 30 de los cadáveres habían sido repatriados sin identificar. Así lo reveló ayer el comandante auditor Alberto Ruiz de los Paños ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que investiga el siniestro y la errónea identificación de 30 cuerpos. El testimonio del comandante echó por tierra la versión que habían ofrecido los dos generales imputados: Vicente Navarro y José Antonio Beltrán.

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La declaración del comandante concluyó cerca de la medianoche. Fue el último en acudir ante el juzgado central de instrucción número 3 y el primero en hacerlo como testigo, con obligación legal de decir la verdad. Le precedieron a lo largo de todo el día el capitán médico Miguel Ángel Saez, el general de división médico Vicente Navarro, el comandante médico José Ramón Ramírez y el teniente general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, todos ellos como imputados.

El comandante auditor viajó a Trabzon (Turquía) para colaborar en los trámites legales de repatriación de los cadáveres. Ayer recordó que hizo el viaje de ida en un Hércules cargado de féretros vacíos y el de vuelta, en el mismo avión con los ataúdes llenos. Entre tanto, estuvo en la morgue de Maçka, donde se realizaron las identificaciones, y allí tuvo conocimiento del acta en la que se hacía constar, a las 2.20 del 28 de mayo, pocas horas antes de la repatriación, que las autoridades turcas entregaban a la delegación española 32 cuerpos identificados y 30 sin identificar.

Navarro y Beltrán no tuvieron ayer más remedio que reconocer la existencia del acta, en la que constan sus firmas, pero alegaron que no entendieron su contenido por problemas con el intérprete. El primero llegó a decir incluso que no se le tradujo el párrafo en el que asumía el compromiso de identificar los cuerpos y entregarlos a los familiares.

Sin embargo, el comandante dijo ayer que durante la discusión del documento los responsables españoles estuvieron asistidos por un traductor y que su contenido era meridianamente claro para los presentes, según indicaron anoche letrados que asistieron a su interrogatorio.

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Informó a sus superiores

Cuando llegó a Madrid, horas antes del funeral de Torrejón, agregó el comandante, informó a sus superiores en la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa de que 30 de los cadáveres habían sido entregados sin identificar. Pese a esta advertencia, el funeral de Estado siguió adelante y la existencia del acta no se conoció hasta el pasado 2 de marzo, cuando la publicaron EL PAÍS y El Heraldo de Aragón.

El comandante auditor aportó también ayer un fax remitido desde el Consulado de Estambul al Ministerio de Defensa en el que se reclamaban los datos de filiación de las víctimas para poder inscribir su fallecimiento.

El testimonio del comandante, por su rigor, contrastó con el que ofrecieron ante la juez los imputados, quienes describieron un proceso de identificación carente de cualquier base científica. El general Navarro admitió que el equipo que dirigía no realizó acto médico alguno, sino que se limitó a cumplimentar lo que calificó de "autopsias light", consistentes en una mera observación visual de los cadáveres.

Durante sus casi cuatro horas de declaración, el general asumió "íntegramente y de forma personal" las 30 identificaciones erróneas, exonerando de toda responsabilidad a sus subordinados y superiores. Aseguró que dedujo dichas identificaciones de insignias, restos de uniforme y otros signos externos, que los forenses turcos consideraban poco relevantes. Sin embargo, cuando se le pidieron las fichas en las que debió anotar los elementos distintivos de cada cuerpo, alegó que las destruyó en mayo pasado.

Se da la circunstancia de que la juez ha reclamado esta documentación a los nuevos responsables del Ministerio de Defensa, que hasta ahora no la han localizado en sus archivos. Cuando se le preguntó por qué destruyó estas notas, alegó que habían pasado varios meses sin que las familias le pidieran información sobre la forma de identificar a sus parientes. Se da la circunstancia de que 30 familias viajaron precisamente el 16 de mayo a Estambul (Turquía) para someterse a pruebas de ADN y confirmar la falsedad de las identificaciones firmadas por el general Navarro.

Éste reconoció ayer que estuvo presente cuando los forenses turcos tomaron las muestras de los cadáveres para realizar pruebas de ADN, pero alegó que no las reclamó porque los anfitriones mantenían una actitud "arisca y esquiva" y, además, no lo creía necesario. Por este último motivo, prescindió también del equipo de la Guardia Civil preparado para acudir a Turquía con expertos en identificación.

Pese a ello, Navarro negó que actuara con precipitación o recibiera la orden de repatriar con celeridad los cuerpos, aunque admitió que conocía, con 24 horas de antelación, que iba a celebrarse el funeral de Torrejón.

También reveló que fue el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, quien le llamó personalmente el día del accidente para encomendarle que supervisara la identificación de los cuerpos, dada su experiencia en el caso del periodista Julio Anguita Parrado, muerto en Irak.

El general de división médico Vicente Navarro, izquierda, a su llegada ayer a la sede de la Audiencia Nacional.
El general de división médico Vicente Navarro, izquierda, a su llegada ayer a la sede de la Audiencia Nacional.EFE

Más vale general que cocinero

Todos los españoles son iguales ante la ley, pero un general no es lo mismo que un cocinero. Al menos, en la Audiencia Nacional. Aunque los cocineros se llamen Juan Mari Arzak y Pedro Subijana y disfruten de prestigio internacional y los generales se apelliden Navarro y Beltrán y pasaran forzosamente a la reserva por una presunta negligencia profesional. Mientras los dos cocineros tuvieron que someterse al paseíllo -es decir, al escrutinio de fotógrafos y cámaras de televisión- cuando acudieron el pasado día 18 a declarar como imputados ante el juez Fernando Andreu, por haber cedido supuestamente a la extorsión de ETA, los dos generales sortearon sin problemas a los numerosos informadores que esperaban ayer su interrogatorio, también como imputados, en este caso por prevaricación y falsificación de documento, ante la juez Teresa Palacios. Los cocineros entraron y salieron de la Audiencia por la puerta lateral, mientras que los generales pudieron acceder directamente al garaje del edificio a bordo de sus vehículos. Los cocineros esperaron en el pasillo a que el juez les tomase declaración, mientras que los generales se acomodaron en el despacho de la secretaria del juzgado.

Por último, los cocineros no recibieron la visita del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, quien ayer acompañó al fiscal del caso, Fernando Burgos, al inicio del interrogatorio. Lo explicó el propio Fungairiño a los periodistas. "Procuro estar presente en atención al rango" de los citados, dijo. "Cuando declaran personas importantes, como ministros y generales", aclaró. Hubo un tiempo, ya lejano, en que muchos ministros eran también generales. Hoy, el rango de un general no supera el de director general en la Administración civil. Fungairiño anticipó, ya antes de su interrogatorio, que no pediría ninguna medida cautelar contra los generales.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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