Una juez de Alicante investiga si un bañista murió por falta de asistencia

El Juzgado de instrucción número 8 de Alicante investiga de oficio las circunstancias que rodearon la muerte de un turista madrileño, de 30 años, mientras se daba un baño en la playa de San Juan de Alicante, el pasado 10 de septiembre. La juez titular ha pedido la práctica de diligencias al observar posibles indicios de delito, por falta de asistencia al bañista. [Ninguno de los dos médicos del servicio de socorrismo y salvamento de playas se encontraba en su puesto en el momento del suceso].

Pese a que la ley estipula el archivo de la causa si no existe denuncia alguna, la juez instructora del caso abrió de oficio una investigación y ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante información sobre la empresa concesionaria del socorrismo y salvamento de playas, Servicios y Sistemas Acuáticos, SL, así como un informe médico. El órgano instructor persigue

dirimir las presuntas responsabilidades del Consistorio alicantino y de la firma en el fallecimiento del turista.

El día después de la muerte del bañista, agentes de la Policía Local, -encargados de vigilar si la firma concesionaria contaba con todos los medios disponibles-, depositaron un atestado en el Juzgado de Instrucción número 8 que relataba presuntas irregularidades cometidas por la adjudicataria. Según el informe policial, ninguno de los dos médicos del servicio adscritos a esa playa se encontraban en su puesto de trabajo. De uno de ellos, añade, no se tenía noticias desde las 12 del mediodía. Y el otro estaba comiendo. Además, el atestado resalta que la ambulancia de la empresa carecía de conductor. Una unidad del servicio de atención médica urgente (SAMU) tardó unos 20 minutos en llegar al lugar del siniestro.

Polémica concesión

Apenas un mes desde que comenzó a operar, la polémica envolvió a Servicios y Sistemas Acuáticos, firma que reemplazaba en ese servicio a Cruz Roja, entidad que históricamente trabajaba en las playas de Alicante. La Policía Local alertó, a través de varios informes a la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, a la sazón responsable de la adjudicación, de que la firma tenía "graves carencias" para prestar un servicio óptimo. En todos los atestados policiales sobre las inspecciones en los botiquines de las playas, los agentes escribían la misma coletilla: "...existen importantes deficiencias que sin duda afectan a la eficacia del servicio pretendido...". Las carencias en el servicio se trasladaron a la esfera política. Tras conocer las inspecciones policiales, el edil responsable de la contrata, Juan Zaragoza, acusó a la alcaldesa en funciones, Sonia Castedo, de usurpar sus competencias. Ese enfrentamiento supuso un salto cualitativo en la pugna entre las dos facciones del gobierno local (partidarios del alcalde Luis Díaz Alperi y afines al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll).