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LA REFORMA DEL ESTATUT D'AUTONOMIA

Pla pide que la reforma del Estatut se someta a referéndum y ve insuficiente la propuesta del PP

El conflicto lingüístico y las prisas del PP ponen a cero la negociación con los socialistas

Valencia
Ésta es la tercera legislatura en la que los principales partidos políticos, representados en las Cortes Valencianas, han constituido una comisión para el estudio de la reforma del Estatut. Las dos anteriores concluyeron sin éxito. Esta última semana, previa al congreso regional del PP, el jefe del Consell, Francisco Camps, ha intentado cerrar la reforma del Estatut en base al aval obtenido de Mariano Rajoy para incorporar la capacidad plena de disolución de las Cortes. Sin embargo, la decisión del presidente de la Generalitat de colocar en el centro de su agenda la polémica lingüística y sus indisimuladas prisas por cerrar el acuerdo han llevado a los socialistas a poner a cero el contador de la negociación.

La decisión de Francisco Camps y el PP de situar la polémica sobre la adscripción del valenciano al mismo sistema lingüístico que el catalán en el centro de la agenda política ha empantanado las negociaciones sobre la reforma del Estatut. Los socialistas consideran que la decisión del Consell de abrir, de nuevo, la batalla de la lengua rompe el acuerdo de no modificar el preámbulo y el título primero del Estatut para evitar polémicas sobre las señas de identidad de los valencianos. Éste es el diario de una semana de acontecimientos en la que se pudo cerrar la reforma estatutaria.

- El 3 de noviembre, el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, entró en el Palau de la Generalitat convocado por el presidente del Consell, el popular Francisco Camps, para lo que parecía que iba a ser una entrevista protocolaria más sobre la reforma del Estatut. Un Estatut que ha quedado obsoleto en su redacción de 1982 y, lo que es más importante, que se ha visto superado por nuevas realidades políticas y sociales -el ingreso en la Unión Europea, la implantación de la Administración valenciana en el territorio y un notable incremento de transferencias estatales que aconsejan reclamar otro tipo de competencias-.

El PP quiere una reforma 'express' y los socialistas intentan no repetir algunos de los errores de 1982

El miedo a reabrir una guerra de símbolos suponía que se excluía del debate el preámbulo y el título 1

La entrevista, que Pla consideraba protocolaria -como un día después les ocurriría a la coordinadora y al portavoz de Esquerra Unida, Glòria Marcos y Joan Ribó- se convirtió a los pocos minutos en una sesión de trabajo. Francisco Camps presentó a Pla una propuesta integral de reforma del Estatut y planteó allí mismo que se abordase la negociación. La situación obligó a convocar a la reunión al consejero de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, al portavoz adjunto del Grupo Socialista, Antoni Such, y al jefe de gabinete Pla, Joaquín Martín Cubas, para que se sumasen a una entrevista que se cerró con la satisfacción del presidente del Consell y el secretario general del PSPV.

Ambos acordaron un pacto de mínimos sobre el que se basaría una reforma estatutaria que debería culminar en el periodo de sesiones que acaba en junio: el preámbulo y el título primero del Estatut no se modificarían, aunque se permitían adiciones -estos apartados son básicos porque definen las señas de identidad de los valencianos y su relación con el Estado, que fueron objeto de agrias discusiones en la transición política- y a cambio el PP aceptaba la capacidad de disolución plena de las Cortes Valencianas por parte del presidente de la Generalitat -cuestión que había bloqueado los intentos de reforma anteriores-.

- El 4 de noviembre Camps recibió en su despacho a los representantes de Esquerra Unida. Esta vez les comunicó el acuerdo de mínimos que había alcanzado con el PSPV y les transmitió que era el momento de abordar la reforma del Estatut y cerrarla cuanto antes. El jefe del Consell les trasladó un índice de materias y expresó su disposición a aceptar algunas cuestiones propuestas por EU, como un reconocimiento y mejora de algunos sistemas de participación democrática como la iniciativa legislativa popular -en realidad un proyecto de ley que puede presentarse en las Cortes si reúne un elevado número de firmas de electores-. Marcos y Ribó pidieron al jefe del Gobierno valenciano tiempo para discutir la reforma y advirtieron de que no renunciarían a proponer cambios en el preámbulo y en el título primero del Estatut. Una pugna, según explicaron, que se centraría en recoger la definición de valenciano existente en la ley de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y en consolidar los derechos de los valencianohablantes.

- El 5 de noviembre, el dirigente del PP trasladó a su portavoz parlamentario, Serafín Castellano, que era necesario acelerar los trabajos de reforma y ambos anunciaron que el 7 de marzo el pleno de las Cortes ratificaría la reforma del Estatut y que dos días más tarde se presentaría en el registro de entrada del Congreso de los Diputados para su ratificación.

El anuncio olió a cuerno quemado, especialmente en una dirección socialista sorprendida por el intento de imponer un calendario de manera unilateral por parte del PP. Esquerra Unida temió que populares y socialistas tuviesen una agenda oculta que les relegase al simple papel de comparsa de quien se busca la abstención a cambio de concederles alguna reivindicación menor.

Ese día empezaron a torcerse las cosas respecto a la reforma del Estatut. Mientras el Consell y el PP anunciaban un calendario de tramitación de la reforma estatutaria sin pacto previo, el Gobierno español presentaba en Bruselas tres traducciones de la Constitución europea en las lenguas cooficiales del Estado. Cuatro denominaciones de procedencia diferentes y tres traducciones, ya que la copia remitida por el Ejecutivo catalán y el valenciano eran la misma, la redactada por la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Así, los ejemplares entregados por el Gobierno español ante la Unión Europea llevaban en sus portadas las siglas GA para el gallego, EUS para el vasco y CAT y VA, con un texto idéntico, para referirse al catalán y al valenciano. Pasqual Maragall y sus socios, especialmente Esquerra Republicana de Cataluña, reaccionaron con toda su capacidad de presión ante la negativa de Camps a negociar una denominación conjunta en Europa que no bloquee el reconocimiento del catalán-valenciano o valenciano-catalán.

- El 10 de noviembre, tras reunirse el presidente José Luis Rodríguez Zapatero con los dirigentes de ERC, el Gobierno anunció que haría un pronunciamiento público en el que reconocería la unidad lingüística del catalán -una situación ya reconocida mediante una alambicada perífrasis en la ley de creación de la AVL-.

- El 11 de noviembre, Camps consideró que si el Gobierno se pronuncia en ese sentido adoptará cuantas medidas estén a su alcance para que se imponga la denominación exclusiva del valenciano, diferenciada del catalán. El presidente de la Generalitat argumentó que no le temblará el pulso -como ya ha hecho en la defensa del trasvase del Ebro- aun a riesgo de que se produzca una fractura en la sociedad valenciana. Francisco Camps aseguró que sus posiciones sobre la lengua no tenían por qué enturbiar la negociación sobre la reforma del Estatut.

Lo cierto es que las negociaciones sobre la reforma estatutaria están paralizadas y que los socialistas dan por roto el principio de acuerdo alcanzado con los populares. "El acuerdo para no tocar el preámbulo y el título primero del Estatut fue para no abrir una nueva guerra de símbolos, pero si ellos han abierto la guerra de la lengua el pacto está ya roto", aseguran fuentes de la dirección del PSPV conocedoras del proceso.

En esta coyuntura, los socialistas reclaman ahora que se lance una fuerte campaña institucional para concienciar a la ciudadanía de la importancia del Estatut y que se articulen instrumentos de participación social, aunque eso implique la necesidad de tomarse más tiempo para redactar la reforma estatutaria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de noviembre de 2004