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Prada quiere que los menores infractores pasen a prisión al tener 18 años

El consejero de Interior pide mayor pena para el homicidio y las agresiones sexuales

El consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada Presa, solicitará al Gobierno central que los menores condenados por un delito, y estén cumpliendo su pena en un reformatorio, "acaben de cumplir la sentencia judicial en las prisiones al alcanzar la mayoría de edad" (18 años). Prada hizo esta petición durante su intervención en el pleno de la Asamblea de ayer. Además propuso que desde el Ejecutivo de Zapatero "se impulsen medidas orientadas a sancionar con firmeza los delitos de homicidio, asesinato, agresión sexual y terrorismo cometidos por menores".

La Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor es un organismo de nueva creación dependiente de la Consejería de Justicia e Interior. El consejero Prada defendió ayer, ante el pleno de la Asamblea de Madrid, la puesta en marcha de este órgano, que tendrá una dotación presupuestaria de 48 millones de euros. Según la presidenta, Esperanza Aguirre, servirá para que "se ocupe de los menores condenados por sentencia firme, de tal forma que se separen de los menores cuya tutela y patria potestad está en poder de la Comunidad de Madrid".

Durante su comparecencia, el consejero anunció que pedirá al Gobierno central, que preside el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que desarrolle todas las medidas necesarias para que los menores que hayan sido condenados por la comisión de un delito sean trasladados del reformatorio a la prisión en el momento de alcanzar la mayoría de edad (18 años).

La Asamblea debatió ayer la enmienda a la totalidad presentada por IU a la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, el primer proyecto de ley del Gobierno de Esperanza Aguirre que llega a la Cámara tras los presupuestos.

El portavoz de IU, Fausto Fernández, aseguró que este organismo tendrá "muchos cargos, pero ni un solo euro más de presupuesto ni aumento del personal" que trabaja con los menores. Según Fernández, se trata de "cambiar a las cosas de nombre para dejarlas como están" a través de "una estructura exclusivamente burocrática" pensada para "reubicar a altos cargos cesantes que abundan en el seno del PP".

Prada puso de manifiesto algunas de las nuevas medidas que se adoptarán con la puesta en marcha de la Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. Destacó un aumento del 32,9% en su presupuesto "dedicado a la creación de nuevos centros de reinserción para menores". También destacó que la nueva agencia incorporará la representación de los sindicatos en el seno de su consejo de administración y potenciará acuerdos con organizaciones empresariales para "crear una bolsa de empleo destinado a menores en proceso de reinserción".

Apoyo a inmigrantes

Prada también hizo hincapié en otra de las medidas que, aseguró, se pondrán en marcha en colaboración con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid: crear un plan de apoyo residencial para inmigrantes mayores de 18 años que terminen una medida de internamiento y que no tengan apoyo familiar, para evitar una reincidencia delictiva.

Según el consejero, también se fomentarán, entre otras iniciativas, los ciclos de formación profesional y los cursos de formación ocupacional "en el empeño de buscar salidas al mercado laboral cuando estas personas acaben el cumplimiento de las medidas de reinserción".

La diputada del PSOE Soledad Mestre anunció que su grupo no presentaría enmienda a la totalidad, si bien señaló que "no es de recibo" que el primer proyecto de ley que el Gobierno ha remitido a la Cámara tras los Presupuestos Generales se haya tramitado por el procedimiento de urgencia.

Según Mestre, la Ley del Menor "es moderna y con medidas aceptables, pero no se le ha dotado de medios suficientes, por lo que ha resultado caótica, con profesionales sin formación para atender las diferentes situaciones ni a los menores infractores inmigrantes". Mestre señaló que, ante esta situación caótica, hay que hacer "algo", y apoyó que se haga un esfuerzo presupuestario y que las competencias que antes estaban en manos de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales pasen ahora a la de Justicia e Interior. En cuanto al aumento de las penas propuesto por Prada, la diputada socialista dijo que se trata de una propuesta que debe ser estudiada, aunque no es "descabellada".

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