La juez imputa a cuatro mandos por las erróneas identificaciones del Yak-42

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha citado para el próximo lunes, en condición de imputados, a cuatro mandos militares que acudieron el 26 de mayo de 2003 a Trabzon (Turquía) para identificar y repatriar los cuerpos de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42. Entre ellos, los generales José Antonio Beltrán y Vicente Navarro, firmantes del acta en la que se responsabilizaban de las identificaciones de 30 cadáveres, todas ellas erróneas. En un auto difundido ayer, la juez anuncia que ordenará "en su día" la exhumación de los restos mortales.

La titular del Juzgado Central número 3 ha asumido en su integridad las demandas que, en un informe difundido el pasado lunes, le formuló el fiscal Fernando Burgos. La primera es la exhumación de los 30 cadáveres que, según las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Toxicología, fueron mal identificados.

Aunque la juez señala en su escrito que dicha exhumación se ordenará "en su día", el presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Yak-42, Carlos Ripollés, expresó ayer su confianza en que antes de Navidad cada familia haya recuperado los restos de su ser querido.

Para llevar a cabo la exhumación, según la petición del fiscal, la juez ordena la creación de una comisión judicial de la que formará parte un médico forense y un biólogo, que tomarán muestras "de los cadáveres y partes de cadáveres que puedan hallarse en cada uno de los féretros, para su análisis en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses".

El auto sugiere la posibilidad de que en un mismo ataúd haya restos de varias personas, lo que se apuntó en su día y se ha intentado obviar desde entones. También prohíbe que se realicen traslados o inhumaciones hasta que, a través de nuevas pruebas de ADN, se corrobore su identidad real.

Con todo, lo más inmediato es la toma de declaración, como imputados, de cuatro militares que acudieron a Turquía para ayudar a la identificación y repatriación de los cuerpos. El próximo lunes están citados ante el juzgado el comandante médico J. R. Ramírez y el capitán médico M. A. Sáez. Ambos firmaron en Trabzon, el 27 de mayo de 2003, las necropsias de los cadáveres, pero no se responsabilizaron de su identificación, pues hicieron constar en los correspondientes documentos que los cuerpos se les entregaban ya con nombre y apellidos.

Petición de documentos

Quienes se hicieron cargo de las identificaciones, y deberán comparecer también el lunes, son el general de división médico Vicente Carlos Navarro y el teniente general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán. Ambos, que fueron pasados a la reserva con carácter forzoso en junio pasado, firmaron a las 2.20 de la madrugada del 28 de mayo, pocas horas antes de su repatriación a España, un acta en el que reconocían que 30 cuerpos estaban sin identificar y se comprometían a identificarlos y entregarlos a sus familias.

Precisamente, la juez se ha dirigido al Ministerio de Defensa para que le entregue la documentación en la que conste cómo se hizo dicha identificación. Igualmente, reclama los certificados de necropsia ya mencionados y los certificados de defunción, que firmó el propio general Navarro en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), mientras se desarrollaba el funeral. También reclama una copia de los antecedentes utilizados para las correspondientes inscripciones de defunción en el registro civil de Estambul, muchas de las cuales llegaron a España después de que los cadáveres estuvieran ya enterrados.

Además, la juez cita como testigo al comandante auditor Alberto Ruiz de los Paños, que se incorporó como asesor legal a la comisión enviada a Turquía. También declarará como testigo, en este caso el próximo martes, el general de brigada del Ejército del Aire Francisco Sánchez Borrallo, representante español en la comisión de investigación del accidente. La juez reclama a Defensa tres notas informativas de dicho general, de septiembre y octubre pasado, que sirvieron al ministro José Bono para explicar el accidente en el Pleno del Congreso del 21 de octubre, así como dos informes de la Dirección General de Aviación Civil.