La Audiencia deja abiertas las indemnizaciones en el caso Maeso

El tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Valencia ha rechazado la petición de Allianz Seguros y Reaseguros S.A. de modificación del auto de apertura de juicio oral del caso de la hepatitis C por la que pretendía acogerse a lo estipulado por el juez de instrucción y dar por prescrita su responsabilidad respecto de algunos de los 278 afectados por el contagio masivo del virus en cuatro hospitales de Valencia, por el que se imputa al anestesista Juan Maeso. Allianz, que absorbe a las compañías Cresa, Aseguradora Ibérica y Reaseguradora, y Unión y El Fénix, solicitó a la sala que dictara un nuevo auto en el que "se declarara la improcedencia de la apertura de juicio oral contra Cresa por la totalidad de las intervenciones contenidas en el mismo y contra Unión y El Fénix en tres casos". En total quedarían descubiertas, siguiendo el criterio de Allianz, 33 personas "al ser las intervenciones previas a abril de 1993, en base a la extinción de la responsabilidad penal por prescripción y consecuentemente de la civil que pudiera llevar aparejada". Pero la sala no sólo ha confirmado el auto en ese extremo -en el que se considera a las aseguradoras responsables civiles directos- sino que ha hecho una serie de advertencias en el auto al respecto de las fianzas que deberán, una vez se conozca la calificación fiscal de los hechos, aprovisionar cada una de las más de 20 compañías con responsabilidad directa o subsidiaria. Recoge el auto que "el hecho de que el instructor limitara en su momento el importe de la suma a afianzar por la compañía Unión y El Fénix o incluso exonerara de ello a Cresa se entienda como una especie de pronunciamiento adelantado de la responsabilidad civil". Recuerda el tribunal que el auto que cerró la etapa de instrucción tenía carácter provisional, que las cantidades, todas, se fijarán una vez se conozca la calificación fiscal de los hechos a criterio de la sala, que se puede dar por fijada cantidad alguna porque se desconoce la responsabilidad penal, y por ello no se puede establecer que alguna responsabilidad civil haya prescrito. El cálculo del instructor cifró la indemnización global posible en torno a los 30 millones de euros. Otras causas ya resueltas en distintos tribunales elevan la cifra hasta los más de 90 millones de euros, por lo que la fianza a las aseguradoras puede ser de cualquier cantidad.