El fiscal del 'caso Yak-42' pide que se cite como imputados a cuatro mandos militares

El fiscal encargado del caso del Yak 42, Fernando Burgos, ha remitido un escrito al Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, en el que insta a la juez Teresa Palacios a que cite como imputados a los cuatro mandos militares que intervinieron en las autopsias o en las identificaciones de los 62 cadáveres de los militares españoles fallecidos en el accidente aéreo ocurrido en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003 cuando regresaban de una misión humanitaria en Afganistán.

Se trata de los generales Vicente Carlos Navarro Ruiz y José Antonio Beltrán Doña, "receptores de los cadáveres identificados y no identificados, según el acta de las autoridades turcas, responsables de la actuación médica, el primero, y coordinador de operaciones, el segundo". Igualmente, se pide la citación como imputados del comandante médico José Ramón Ramírez García y el capitán médico Miguel Ángel Sáez García, que extendieron los partes de autopsias.

El fiscal señala que interesa recibir declaración, pero en calidad de testigo al comandante auditor Ruiz de los Paños, del Cuerpo Jurídico Militar, quien incorporado a la comisión española actuó como asesor de los trámites legales que se precisaron.

También reclama que en calidad de testigo comparezca a declarar el oficial o funcionario responsable o coordinador del grupo de control del vuelo siniestrado, para todo lo que se refiere al alquiler de la aeronave.

El fiscal Burgos no se pronuncia en su escrito sobre la petición de los familiares de las víctimas de que se cite a declarar como testigo al ex ministro de Defensa Federico Trillo, pero sí afirma que "procede recibir declaración, en concepto de testigo, al general de Brigada del Ejército del Aire, Francisco Sánchez Borrallo, jefe de la representación española en la Comisión de Investigación Interestatal del accidente".

Toma de muestras

El fiscal Burgos, en su escrito, precisa que los dictámenes y oficios enviados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses revelan que la identidad atribuida a 30 de los 62 cadáveres de las personas fallecidas en el siniestro aéreo "no se corresponde con la verdadera, por lo que procede ordenar su exhumación y la toma de muestras para la confirmación de las identidades de los cadáveres y partes de cadáveres que puedan hallarse en cada uno de los féretros, para su análisis por el citado Instituto".

Además el fiscal indica que la comisión judicial deberá estar constituida por un médico forense de la Audiencia Nacional y un biólogo de la institución para el aseguramiento de la cadena de custodia de las muestras y, si es posible, por personal especializado de apoyo, como un antropólogo del Anatómico y otros especialista forenses.

El escrito del fiscal destaca que "no procede autorizar el traslado e inhumación de los cadáveres hasta la realización de los análisis de identificación del contenido de los féretros". Asimismo, interesa del Instituto Anatómico Forense la máxima prioridad de los estudios y en la elaboración de los informes.

El escrito menciona también que no se han solicitado exhumaciones de seis de los cadáveres porque fueron incinerados. Agrega el fiscal, que si resultase que alguno de estos restos mortales no hubiera sido finalmente incinerado, deberá oírse en audiencia a los familiares de los fallecidos que estuvieran en esa circunstancia.

Además, el fiscal destaca que entre la documentación remitida por el Ministerio de Defensa no se encuentra documento alguno relativo a la identificación de los 30 cadáveres que se enumeran en el acta levantada por las autoridades turcas que resultaron entregados a la comisión española como no identificados. El acta en cuestión figura aportada como fotocopia.

Tampoco han sido remitidos los documentos originales relativos a la práctica de las autopsias. Algunas fotocopias de éstas han sido aportadas por los familiares y son escritos elaborados por funcionarios españoles en Turquía.