La Audiencia imputa a los cuatro mandos militares que identificaron a las víctimas del Yak 42

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha asumido hoy las peticiones de la Fiscalía y ha imputado en el sumario abierto por la tragedia aérea del Yak-42 a los cuatro mandos del Ejército que intervinieron en las autopsias o las identificaciones realizadas a las víctimas. Además, la juez ha ordenado exhumar los cadáveres de 30 de los militares, que fueron identificados incorrectamente, y ha citado a dos oficiales más como testigos en la causa.

El aparato se estrelló en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003 cuando regresaban de una misión humanitaria en Afganistán; 62 militares españoles murieron en el accidente. Los cuatro militares imputados hoy son los generales de división ya en la reserva Vicente Carlos Navarro Ruiz y José Antonio Beltrán Doña, el comandante médico José Ramón Ramírez García y capitán médico Miguel Ángel Sáez García. La juez ha dictado una providencia para citarles a declarar el próximo lunes como había solicitado el fiscal, Fernando Burgos, en un escrito dirigido al Juzgado Central número 3 de la Audiencia.

El fiscal considera Navarro Ruiz y a Beltrán Doña "receptores de los cadáveres identificados y no identificados, según el acta de las autoridades turcas, responsables de la actuación médica, el primero, y coordinador de operaciones, el segundo". Ramírez García y Sáez García fueron los que, según el escrito del fiscal, extendieron los partes de autopsias.

También el lunes, según han indicado fuentes jurídicas, declararán el comandante auditor Ruiz de los Paños, oficial del Cuerpo Jurídico Militar, que actuó como asesor de los trámites legales precisos para repatriar los cadáveres; y el general de Brigada del Ejército del Aire Francisco Sánchez Borrallo, jefe de la representación española en la Comisión de Investigación Interestatal del accidente. Además, la juez ha atendido la petición del fiscal para que comparezca el oficial responsable y coordinador del grupo de control del vuelo siniestrado, con el fin de que aclare todo lo referente al alquiler del aparato. El fiscal Burgos no se pronunció sin embargo sobre la petición de los familiares de las víctimas para que se citara a declarar como testigo al ex ministro de Defensa Federico Trillo.

El fiscal precisa en su escrito que los dictámenes y oficios enviados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses revelan que la identidad atribuida a 30 de los 62 cadáveres de las víctimas "no se corresponde con la verdadera, por lo que procede ordenar su exhumación y la toma de muestras para la confirmación de las identidades de los cadáveres y partes de cadáveres que puedan hallarse en cada uno de los féretros, para su análisis por el citado Instituto".