La composición del Consejo de Estado cambia para incluir a dos ex presidentes autonómicos

El Estado de las autonomías tendrá voz y voto en el órgano consultivo más importante en la estructura constitucional: el Consejo de Estado. La Comisión Constitucional del Congreso aceptó ayer, con algunas modificaciones, una enmienda de CiU, defendida por Jordi Xuclà, por la que se establece que entre los consejeros electivos que integran el alto órgano consultivo el Gobierno nombrará a dos ex presidentes de comunidades autónomas, entre aquellos que hayan ejercido el cargo, al menos durante ocho años y, si aceptan la propuesta, permanecerán durante ocho años en el Consejo de Estado.

Las reformas de la ley suponen además, y fundamentalmente, la incorporación, como consejeros natos, de los ex presidentes del Gobierno y la creación de una Comisión de Estudios a la que se encomienda la elaboración de propuestas legislativas o de reforma constitucional. Una vez que el Gobierno ha anunciado el propósito de reformar la Constitución, esta función cobra especial relevancia.

Según fuentes nacionalistas, parece lógico que, si las fuerzas de este signo participaron en las negociaciones que lograron el consenso, también tengan voz en este primer paso consultivo con el que el Gobierno quiere iniciar la reforma constitucional.

Aunque nadie quiso confirmarlo, el nombre de Jordi Pujol, entre otros, se barajó en conversaciones de pasillo. Además de Pujol, sólo hay otros cuatro ex presidentes autonómicos que cumplen los requisitos: Gabriel Cañellas (Baleares), José Antonio Ardanza (País Vasco), Pedro de Silva (Asturias) y Carlos Collado (Murcia).

Marcha atrás del PSOE

La segunda sorpresa que deparó la Comisión Constitucional la protagonizó el Grupo Socialista cuando su portavoz, Elviro Aranda, anunció que aceptaban un bloque de enmiendas del PP, defendidas por Federico Trillo, que suponían una auténtica marcha atrás para las introducidas a iniciativa socialista en el trámite de ponencia.

El Gobierno envió el proyecto de reforma al Consejo de Estado, que emitió informe favorable y algunas sugerencias que el Ejecutivo incorporó al articulado y así lo envió al Parlamento.

Durante el debate en ponencia, el Grupo Socialista introdujo enmiendas que suponían serias modificaciones al funcionamiento del Consejo de Estado y al papel de los letrados. Varios diputados aseguraron que estas enmiendas provocaron un gran malestar en el seno del Consejo y, según información coincidente de esas fuentes, el Gobierno se alarmó y trasladó a su grupo la necesidad de rectificar posiciones, y volver, en gran parte, al texto original. Según estas fuentes, el Gobierno se alarmó ante la posibilidad de que se crease un clima hostil en el Consejo.

Una de las enmiendas aceptadas al PP propone que sea el Gobierno quien señale, previamente, al Consejo de Estado "los objetivos, criterios y límites de la reforma constitucional", algo que el proyecto no recogía.