El alcalde de Majadahonda planea subir los impuestos para sanear la Hacienda local

El alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, del PP, ha anunciado una restricción del gasto corriente y la subida de algunos impuestos, como el IBI, plusvalías e impuesto de circulación, para acabar con el déficit de cuatro millones de euros que presentan las cuentas municipales de 2003. Las actuaciones concretas se plasmarán en un programa de saneamiento que ya se está elaborando. La oposición municipal (PSOE, CDS e IU) han presentado una moción de urgencia, donde reclaman la dimisión del alcalde por su "desastrosa" gestión.

Los grupos de la oposición majariega se unieron el pasado martes para pedir la marcha del alcalde de la localidad. Por un lado, critican la gestión económica de un equipo de gobierno que ha llevado al Ayuntamiento a un déficit, según sus estimaciones, de 15 millones de euros. Y por otro, afirman que se está produciendo un progresivo deterioro del funcionamiento interno de la casa consistorial. "Existe una total ausencia de planificación, una pésima organización administrativa y una escasa o nula justificación de importantes decisiones", sostienen.

El detonante que llevó a los tres grupos de la oposición a pedir el cese del alcalde fue la retirada del pleno del martes pasado del punto en el que se presentaba la revisión de las ordenanzas fiscales. "No se puede plantear que se va a subir el impuesto de bienes inmuebles en algunos casos hasta un 30% y a la semana siguiente retirarlo. Esto es un barco a la deriva", se queja Ricardo Núñez, portavoz del PSOE.

La oposición conocía la intención del equipo de gobierno de subir los impuestos. Para aclarar las razones del aumento de la presión fiscal a los vecinos, los ediles solicitaron al Ayuntamiento que presentara en la sesión plenaria un estudio. "Pretendían incrementar el tipo del IBI en un 19%, y la base, en un 10%; el impuesto de vehículos para coches de 8 a 12 caballos fiscales, un 22,28%, y las plusvalías, un 81%", explica la portavoz del CDS, Mercedes Pedreira.

Pero el estudio no apareció, y las ordenanzas fiscales se retiraron del orden del día. La oposición municipal interpretó que esta decisión era "arbitraria e irresponsable", porque iba a suponer un incremento del elevado desequilibrio entre los ingresos y los gastos ordinarios del Ayuntamiento de Majadahonda. Guillermo Ortega, el alcalde explica que decidieron quitar el punto "para estudiarlo mejor".

Déficit de cuatro millones

El equipo de gobierno reconoce la existencia de un déficit en las cuentas de 2003. "Pero de sólo 4 millones de euros, según ha informado el interventor", dice el regidor. Para la portavoz de Izquierda Unida, Dolores Dolz, es necesario elaborar un plan económico financiero que saque al Ayuntamiento de esta situación. "El año pasado confeccionaron un presupuesto con unos ingresos inflados de forma irresponsable". Dolz indica que esta planificación municipal, por irreal, ha sido imposible de cumplir.

Ahora el primer edil anuncia un plan de saneamiento de reducir el déficit público. "Habrá que hacer una restricción del gasto, que es lo que propondrá el equipo de gobierno en fechas próximas. La intención es eliminar el déficit en 2005, y poder asumir el de 2003, y si lo hubiera, el de este año", explica.

Para Guillermo Ortega, el desequilibrio se ha producido por el crecimiento natural del Ayuntamiento, y por la falta de revisión de determinados impuestos, como, por ejemplo, el IBI, que permanece sin modificar desde 1998.

La portavoz del CDS recuerda al primer edil que no se puede despilfarrar ni tener unos ingresos fluctuantes de un 60%. Otra de las quejas de los grupos de la oposición es el coste que supone al municipio actuaciones que deberían haber financiado otras administraciones. Como ejemplo, se refieren a la urbanización del terreno donde se va a levantar el nuevo hospital Puerta de Hierro, el acceso a la autovía de circunvalación M-50 y el alquiler del centro provisional de salud.

También critican el gasto que suponen los 11 asesores de los que se ha rodeado el alcalde, y el concurso por el que se va a adjudicar la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano por 12 millones de euros en 12 años. "Con la retirada de esa partida ya habría para pagar el déficit del Ayuntamiento", insiste Pedreira.