Bono quiere acabar con las "herencias del pasado" en Rota

El ministro de Defensa, José Bono, es partidario de acabar con las "herencias del pasado" en la gestión de la base aeronaval de Rota (Cádiz), donde se concentra el grueso de las tropas estadounidenses estacionadas en España. Bono aprovechó ayer para visitar la base, incluidas las instalaciones cuyo uso ha sido cedido a Estados Unidos, antes de acompañar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero al portaaviones Príncipe de Asturias. Bono, que se reunió con el responsable estadounidense de la base, el capitán de navío John H. Orem, no quiso detallar tras el encuentro cuáles son esas "herencias del pasado", pero explicó un problema que, a su juicio, ya está en vías de solución.

Se trata de los depósitos de combustible de Rota, de los que se abastecen los principales buques de la Flota española, pero que son administrados por Estados Unidos, que además fija el precio del carburante. El ministro considera absurdo que si los buques españoles quieren repostar combustible español, tengan que desplazarse hasta Cartagena. Por ello, reclama la "repatriación" de los depósitos, es decir, su retrocesión a las autoridades españolas.

Fuentes de Defensa matizaron que, en realidad, bastaría con que EE UU cediera uno de estos depósitos o incluso sólo parte de uno de ellos, dada su gran capacidad. Respecto al precio, explicaron que EE UU lo fija con carácter anual para todo el mundo, sin atender a las circunstancias específicas de cada país, y que el traslado de su gestión a una agencia del Pentágono, en lugar de la Navy como era tradicional, ha complicado además la burocracia.

Problema laboral

Con todo, los depósitos no constituyen el mayor problema de Rota. El Ministerio de Defensa teme que el recorte de la presencia militar estadounidense en Europa afecte, aunque en menor medida, a la base gaditana, y ello acabe provocando un nuevo recorte del personal español que trabaja para las tropas de EE UU en la base, unas 2.100 personas en la actualidad.

España aún no ha dado el visto bueno al anejo laboral que se negoció tras la firma del nuevo convenio defensivo entre los dos países, en 2002, ya que quiere introducir algunos retoques. Bono no está cómodo con una situación en la que el Ministerio de Defensa asume el papel legal de empleador, pero es el Pentágono el que selecciona al personal, le paga y lo despide. Cuando se produce un despido, Defensa está obligada además a recolocar al afectado en su propia plantilla laboral.

A ello ha venido a sumarse la necesidad de negociar el nuevo convenio colectivo sin que se haya resuelto todavía el problema de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que se viene arrastrando desde hace años. Esta pérdida, de hasta el 30% en algunos casos, se debió a que, hasta ese momento, el personal español empleado por EE UU no pagaba impuestos y Hacienda obligó a que tributasen.