Medina paga a los jueces el aparcamiento pese a que Justicia dispone de plazas en el entorno

Los Juzgados de Orihuela disponen de espacio público para aparcamiento, en concreto 600 metros cuadrados en los bajos del edificio Prop, inaugurado en 2000 y dotado con un plan de vigilancia y seguridad. Desde abril de 2002 el Ayuntamiento, gobernado por el PP, paga ocho plazas al personal del partido -jueces, fiscales y secretarios- en un aparcamiento privado. El alcalde, José Manuel Medina, alega motivos de "seguridad" para justificar la iniciativa.

Funcionarios de los juzgados de Orihuela aseguran que los sótanos del edificio Prop -instalación dependiente de la Consejería de Justicia, ubicada frente a la sede los juzgados- están habilitados como área de aparcamiento, aunque desde 2000 cuando entró en funcionamiento el centro multiservicios está prácticamente inutilizado. El Prop está dotado con un plan de vigilancia y seguridad.

Pese a esta dotación judicial,cuyas excelencias, especialmente en el apartado de seguridad, resaltó el consejero de Justicia, Miguel Peralta, en una reciente visita a Orihuela, el Ayuntamiento paga el servicio a los jueces en una instalación privada, el aparcamiento Entrepuentes. Medina puso en práctica la medida en abril de 2002, desde entonces, mediante decretos de alcaldía trimestrales, el Ayuntamiento ha abonado ya 54.000 euros a la firma que explota el aparcamiento, la constructora Doalco. El Ayuntamiento paga ocho plazas, que utilizan indistintamente los jueces, fiscales y secretarios, mediante la firma de un recibo que, más tarde, la empresa pasa a cobro. El aparcamiento Entrepuentes es propiedad del constructor Domingo Alcocer, miembro del consejo de administración de la televisión local Canal 34, afín al PP.

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Francisco García Ortuño, considera que la existencia de esa área de aparcamiento en el edificio Prop hace innecesario el pago del servicio a una firma privada. "Creemos que la iniciativa es ilegal y por eso la hemos trasladado al Fiscal General del Estado", dice Ortuño. "El edificio Prop sí cuenta con un plan de vigilancia y seguridad. Por tanto, el argumento de Medina de garantizar la seguridad de los jueces es falso", añade. El PSPV exige al alcalde que explique la fórmula de pago que, según los socialistas, supone un sobrecoste de un 75% a las arcas municipales respecto a un abonado ordinario.