¿Nos protege la Constitución europea?
Entiendo que una Constitución tiene la función de dar un marco político, social y organizativo que proteja los derechos y explicite los deberes. Por eso me pregunto si la firma del tratado para una Constitución europea por parte de los jefes de Estado de la Unión Europea en Roma responde a esta inquietud. Aparte de la arrogancia que supone que firmen el tratado antes que los pueblos se pronuncien, tengo la sospecha de que el objetivo de este proyecto de Constitución no es protegernos. Porque una Constitución de verdad y útil tendría que fijar unos derechos sociales para todos los europeos.
En el apartado social del proyecto de Constitución, todo son grandes declaraciones de intenciones sin compromisos claros, en contra de lo que pasa en el apartado económico, donde sí que se acotan unos compromisos obligatorios para todos los Estados. Sólo temo que con la Constitución se prepare el camino para liquidar la Europa del bienestar y de los derechos sociales, ya que en la Carta de Derechos Fundamentales (part. II) se mantienen todos los preceptos que han dado lugar a las privatizaciones y el desmantelamiento de los servicios públicos, que ahora pasan a denominarse sospechosamente "servicios económicos de interés general" (II.36.0). Y mientras que en el campo económico sí, en las políticas sociales no se prevé ningúna armonización entre todos los países europeos (III-101 y 104) y se permiten, con total impunidad, las deslocalizaciones de empresas multinacionales (III-104.6).
La verdad es que, como no tengo ninguna gran empresa, no me interesa la Constitución europea que se está gestando. Históricamente hemos visto en Europa un modelo social que imitar; por tanto, lo que sí que me interesa es que la Constitución europea dé un marco estable y seguro para que todos los ciudadanos tengan garantizados unos derechos sociales al alza (servicios públicos de calidad, reducción del tiempo de trabajo, fiscalidad progresiva...) y se establezcan mecanismos para garantizar el cumplimiento en todos los países europeos. No vale la pena una Constitución para perpetuar socialmente la ley del más fuerte.
