Naranjo dice que un certificado municipal valdrá para la regularización de los inmigrantes no empadronados

La consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, dijo ayer que un certificado emitido por el ayuntamiento correspondiente servirá a los inmigrantes no empadronados para acogerse a la regularización extraordinaria por arraigo laboral que contempla el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería. Según Naranjo, en el desarrollo de la ley "aparece que se pueden dar otras condiciones o circunstancias para evitar ese escollo del empadronamiento".

Distintas asociaciones de inmigrantes y extranjeros han criticado el requisito del empadronamiento en el borrador consensuado por el Gobierno con patronal y sindicatos, ya que legislación anterior incluso prohibía la inscripción de inmigrantes indocumentados. La consejera reconoció la existencia de una "contradicción previa", razón por la que, afirmó, el desarrollo de la ley permite otros documentos. Sin embargo, distintos expertos en extranjería consultados por EL PAÍS explicaron que el requisito del empadronamiento en el actual borrador de reglamento es insalvable.

Según Naranjo, "se aceptaría una emisión de certificado por parte de los ayuntamientos de que esa persona lleva un tiempo residiendo en esa localidad", periodo que se marca en la ley y que es "de seis meses anteriores a la entrada en vigor de la misma", de forma que no sea "una llamada masiva", sino que "hay unas condiciones previas".

A falta de un certificado de empadronamiento, la consejera explicó que se admitirá "la certificación de un ayuntamiento sobre esta persona", vía "muy aceptable" y que dará "soluciones a muchos inmigrantes que efectivamente no aparecen en los padrones municipales". Según la consejera, los ayuntamientos se deberán "apoyar en un soporte, bien de residencia, hablando con personas de su entorno sobre el tiempo que lleva residiendo o haciendo uso de tarjetas sanitarias".

En este sentido, la directora de Políticas Migratorias, Teresa Bravo, precisó que habrá que arbitrar fórmulas de consenso "para no dejar este tipo de certificación a la sensibilidad o a la interpretación que cada entidad local pueda hacer", y señaló que dentro de las competencias de la Junta "se podría ver la posibilidad de aunar unos criterios consensuadamente", por ejemplo con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

La consejera hizo estas declaraciones durante la presentación de una campaña para promover la integración de los inmigrantes en Andalucía, con el nombre de ¡Abre!. Durante la misma, que durará cuatro semanas, se emitirán más de 700 anuncios, 264 en televisión y 444 en radio, basados en el lema de que "las fronteras más infranqueables son las de la mente". El presupuesto de la campaña ha sido de 2,04 millones de euros, financiados en un 75% con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y en un 25% por la Junta.