El Tribunal de Cuentas analizará si fiscaliza las cámaras de la Propiedad

Un grupo de empleados de las cámaras vascas de la Propiedad Urbana han solicitado al Tribunal de Cuentas Públicas que investigue la situación económica, financiera, de personal y patrimonial de las tres entidades, vistas las conclusiones de una auditoría, que revela pérdidas continuas y escasa actividad en las de Vizcaya y Guipúzcoa. La auditoría, encargada por el Gobierno vasco para conocer la situación real de las entidades, y que fue torpedeada por la dirección de esas dos cámaras, concluye que la mala gestión se está comiendo un patrimonio de 18 millones de euros.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas tendrá que analizar primero la situación jurídica de las Cámaras de la Propiedad para decidir si entra o no a investigar y fiscalizar sus cuentas. Las cámaras tienen como fin asesorar a los propietarios de bienes inmuebles (fincas o pisos), que pagan -ahora voluntariamente, pero hasta 1987 obligatoriamente- una cuota por este servicio. Un real decreto del Gobierno central de 1994, que el Ejecutivo vasco todavía no ha aplicado, reguló la liquidación de las cámaras como corporaciones de derecho público. Su patrimonio habría de pasar a ser de titularidad pública de la comunidad autónoma correspondiente y sus empleados, funcionarios de la misma.

Además de aportar la auditoría, los trabajadores de las cámaras explican que el patrimonio no es público a todos los efectos por un incumplimiento deliberado del Gobierno vasco, que hace caso omiso de la legislación a pesar de que han transcurrido más de diez años desde que el real decreto fue promulgado. Según los empleados está justificada la intervención del Tribunal de Cuentas porque los resultados de la auditoría revelan que la mala gestión está haciendo que, precisamente, ese patrimonio se esté perdiendo. "Entendemos que si esos bienes no tienen ya carácter público es porque el Gobierno no cumple la ley", manifestó ayer un portavoz de los empleados.

Patrimonio público

Las conclusiones de la auditoría son, en opinión de expertos, alarmantes. Se trata de entidades que gozan de una "envidiable situación financiera", consecuencia directa de los importantes excedentes que acumularon en la época en la que se financiaban mediante exacciones parafiscales. Sin embargo, debido a una mala gestión, a una pérdida de actividad y a una "exagerada estructura de gastos", se encuentran en una delicada situación económica. "En los tres últimos ejercicios su patrimonio ha descendido en 1,4 millones de euros", y a esas pérdidas habría que añadir los costes de oportunidad por los rendimientos que cabría esperar de unos capitales ociosos de semejante magnitud", cita la auditoría. El informe estima que el valor de inventario que podría alcanzar el patrimonio es de 18,1 millones de euros, "más unas reservas ocultas superiores a los 9,5 millones de euros".

Fuentes de los empleados de las Cámaras de la Propiedad justifican la necesidad de la intervención pública porque, si ésta se demora más, "en siete u ocho años, las cámaras, sobre todo la de Guipúzcoa y la de Vizcaya, se van a comer un patrimonio que debiera de ser de todos los vascos".

Los doce empleados de las Cámaras que el próximo uno de noviembre pasarán a integrarse en la Administración vasca, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia contra el incumplimiento por el Gobierno del real decreto de 1994, presentaron también ayer una propuesta de actuación para dar mejor servicio a los ciudadanos, "que cada vez demandan más unas cámaras fuertes que les defiendan y asesoren".

Sin embargo, la única de las tres entidades que incrementa significativamente sus ingresos por actividad, es decir por servicios a usuarios, es Álava, posiblemente debido a que su estructura de gastos le permite ofrecerlos a unos precios competitivos. "En Guipúzcoa se aprecia un aumento constante de las cuotas, mientras que los ingresos por servicios van a la baja los dos últimos años, y tan sólo representan el 7,7% de sus ingresos", cita la auditoría. "Respecto a la Cámara de Vizcaya hay que reseñar el escaso nivel de importancia de los ingresos por servicios y fianzas, el 10,5% del total". La tendencia de esos ingresos en los últimos años se mantiene estable, "a pesar del aumento de los precios de los servicios", añade la auditoría. Guipúzcoa es además la que más gasta en servicios exteriores, encareciendo mucho sus servicios. La jornada laboral de las tres cámaras es de 1.519 horas anuales y en algún caso, como el de la de Guipúzcoa, la auditoría dice: "Parece poco razonable que el 23% de las horas totales trabajadas en el año las realice el personal de limpieza, los conserjes y los ordenanzas".