Los abortos practicados en 2003 fueron 8.003, casi el doble de los registrados seis años atrás

En los últimos seis años, las interrupciones de embarazo practicadas en la Comunidad Valenciana se han duplicado. De las 4.252 registradas en 1997 se ha pasado a 8.003 en 2003. Buena parte del aumento está relacionado con el incremento de casos entre la población inmigrante. Sólo en las intervenciones realizadas en centros públicos o concertados entre julio de 2003 y el mismo mes de este año, se trata de mujeres extranjeras en un 75% de los casos, de las que la mitad son ecuatorianas. Los especialistas destacan la necesidad de dirigir programas de planificación familiar a estos colectivos.

El aumento sostenido de interrupciones de embarazo en la Comunidad Valenciana desde 1997, que marca el final de un descenso prolongado desde 1988, se mantuvo el año pasado. Según los datos que refleja una respuesta parlamentaria remitida por la consejería de Sanidad al grupo socialista de las Cortes, las clínicas privadas autorizadas practicaron el año pasado 4.798 abortos por 3.205 a cargo de la consejería, ya fueran en hospitales públicos o a través de concierto. En total fueron 8.003, el doble de los 4.252 de 1997, pero también más de los practicados en 1998 (5.198), 1999 (5.310), 2000 (6.053) y 2001 (6.819) [Sanidad no ha facilitado los datos de 2002].

Detrás de este incremento está, según el ginecólogo Josep Lluís Carbonell, director de la Clínica Mediterránea, el aumento de población. Pero sobre todo, el incremento de intervenciones en mujeres extranjeras. Los datos de actividad de los centros públicos o concertados facilitados por Sanidad indican que hasta el 75% de las mujeres que interrumpen su gestación son extranjeras y de ellas, casi la mitad, son de origen ecuatoriano. Estas cifras, apunta Carbonell, no son extensibles a todos los abortos. En las interrupciones privadas -las que pagan íntegramente las mujeres-, la tasa de extranjeras también es alta, pero desciende hasta el 40%. "Las inmigrantes no pueden pagar de su bolsillo los 400 euros que cuesta una interrupción de primer trimestre, y por eso buena parte de ellas acuden a los centros públicos o concertados". En todo caso, sea el 75% o el 40%, su peso es notablemente superior a la de los últimos años y explica, en buena medida, el aumento de casos.

Las intervenciones concertadas se mantienen en una media de unas 3.000 al año desde 2001, después de crecer a lo largo de la década de 1990. Si en 2001, las intervenciones sufragadas por la consejería fueron 2.831, las practicadas en hospitales propios o concertados en 2003 fueron 3.205, y entre julio de 2003 y el mismo mes de 2004, un total de 2.963; prácticamente las mismas.

Donde sí que ha habido una alteración es en la gestión de las intervenciones. A partir del mes de agosto de 2003, la consejería puso en marcha un circuito de remisión de mujeres que ha potenciado la actividad en los centros públicos, una normalidad, que admite el propio Carbonell, que se encontraba el viernes en Bilbao, en la reunión de la Sociedad Española de Contracepción: "Reconozco que el PP lo ha hecho bien en esto".

Este cambio ha hecho que aumenten las operaciones en centros públicos y frente a las 6 de 1999, las 7 de 2000, las 16 de 2001 o la ausencia de abortos en hospitales de la red de la consejería en 1997, se ha pasado a 1.054 entre julio de 2003 y julio de 2004. Sanidad complementa la actividad en los centros públicos -básicamente en las provincias de Valencia y Castellón- con un concierto que tiene con una clínica en la provincia de Alicante. Eso explica que el 63% de los abortos que corren a cargo de la consejería tengan lugar en Alicante (1.877), por el 31% en Valencia (925) y el 6% (161) en Castellón. El motivo por el que no hay concierto en Castellón y Valencia es que las clínicas no presentaron ofertas al negarse a que sanidad controlara los informes de las mujeres que pretenden abortar por entender que se usaría un criterio restrictivo. Sin embargo, las mujeres que lo han solicitado a la red pública desde julio de 2003 han obtenido en un 96,6% de los casos, dictámenes positivos de las unidades de salud mental.

El aumento de población extranjera que accede a las interrupciones de embarazo es una tendencia sobre la que ya advirtieron las clínicas y especialistas de centros de planificación familiar a principios de 2002. Entonces unas de las mayores usuarias eran mujeres llegadas del Este de Europa, que mantenían el recurso al aborto como instrumento anticonceptivo que se generalizó en los países soviéticos. El desconocimiento de la planificación familiar se refleja ahora también en las mujeres latinoamericanas. Ginecólogos y trabajadores de centros de planificación familiar destacan la importancia de hacer extensivas las políticas de planificación familiar a las inmigrantes, de forma que puedan evitar la interrupción de la gestación.