Más de 2.000 personas se hallan bajo tutela de la Generalitat por incapacidad

La falta de una familia cuando aparecen enfermedades degenerativas y se pierden las facultades básicas hace que los jueces catalanes dicten cada año decenas de certificados de incapacidad, lo que está provocando un importante aumento de las personas mayores de edad bajo tutela de la Administración. En Cataluña son ya 2.000 las personas que, derivadas por la Generalitat, se hallan bajo tutela de alguna de las 44 fundaciones y asociaciones dedicadas a prestarles ayuda cuando ya no pueden decidir por sí mismas y no tienen a ningún allegado que pueda hacerlo por ellas.

Los crecientes problemas de estas personas y entidades tutelares se pusieron ayer de relieve durante las jornadas sobre Tutela de personas con discapacidad intelectual organizadas por la Federación Catalana pro Personas con Retraso Mental (APPS).

La consejera de Bienestar y Familia, Anna Simó, vaticinó que el número de personas que deberán ser tuteladas por una administración o entidad crecerá "de forma importante" en los próximos años a causa del envejecimiento de la población y el consecuente aumento del número de personas con demencias y enfermedades degenerativas.

El gerente de la APPS, Jordi Tudela, pronosticó que el número de las casi 900 personas con retraso mental que ahora están tuteladas se podría triplicar en los próximos cinco años y lamentó la falta de estructuras para atenderlas.

Actualmente, cuando un juez dictamina la incapacitación de una persona y ésta no tiene familiares, su tutela pasa a ser ejercida por alguna de las entidades escogidas por la Generalitat, que reciben financiación pública para realizar esta tarea.

Decidir por otros

Uno de las entidades más conocidas en Cataluña por esta labor es la Fundación Aspanias, que tiene a 216 personas bajo su tutela, "mayoritariamente mayores o con problemas de retraso mental". Los monitores de esta fundación acompañan a sus tutelados en todas las tareas que impliquen la toma de decisiones y en muchos casos llegan a gestionar su patrimonio.

Es el caso de Carles Iglesias y Manel Villach, de 54 y 53 años, respectivamente, que se hallan bajo tutela de Aspanias desde hace más de una década. Aunque trabajan todas las mañanas, no pueden disponer libremente de su sueldo ni de sus ahorros. Tampoco parece importarles mucho. "En el piso donde vivimos nos tratan muy bien, nos cuidan y nunca nos dejan solos", explicó ayer Carles Iglesias. Su compañero de piso, Manel Villach, también se mostraba satisfecho con su situación: "He tenido suerte de encontrar a estas personas, ya que cuando murió mi madre me quedé solo y mi única hermana, instalada en Suiza, no podía hacerse cargo de mí".

La financiación de los servicios prestados a estas personas depende de la cuantía de las pensiones que reciben, de manera que la Generalitat paga hasta el 70% del total. La consejera Anna Simó avanzó ayer que su departamento está estudiando la forma de mejorar este sistema, aunque consideró "poco probable" que Cataluña adopte el modelo de otras autonomías en las que es la comunidad autónoma directamente, no a través de fundaciones, la que tutela a las personas desamparadas y con demencia.