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Embajadores de 17 países europeos piden a Zapatero la reforma de la LRAU

Los embajadores de 17 países europeos han solicitado en una carta conjunta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que tome las medidas necesarias para activar una "reforma justa y satisfactoria de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU)" de la Generalitat Valenciana.

Así lo indicaron ayer fuentes de la asociación Abusos Urbanísticos No, que desarrolla una campaña de movilizaciones en contra de la citada norma autonómica. En el escrito, fechado el 15 de octubre, los diplomáticos le recuerdan a Rodríguez Zapatero que él es "garante del cumplimiento de las obligaciones del Estado español ante la Unión Europea y del pleno ejercicio de los derechos más elementales de los ciudadanos".

Una copia de la carta, que suscriben los embajadores de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Malta, Luxemburgo, Gran Bretaña, Suecia, Eslovaquia, Finlandia y Polonia, ha sido enviada también a los ministros de Asuntos Exteriores, Justicia, Administraciones Públicas, Vivienda y Medio Ambiente. Asimismo, también se ha remitido al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco. La finalidad de la misiva es poner de relieve la implicación de los representantes diplomáticos europeos en la demanda que desde hace varios años llevan a cabo "miles de ciudadanos de la Comunidad Valenciana que sienten vulnerados sus derechos como propietarios", según las mismas fuentes.

Los diplomáticos afirman en la carta que requieren la ayuda de Rodríguez Zapatero para "la posible reforma de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de la Generalitat Valenciana". Tras recordar que el supuesto abuso de la legalidad en la aplicación de esta ley está siendo objeto de la atención de miembros del Parlamento Europeo, los embajadores alertan al presidente del Ejecutivo central que "este hecho podría tener consecuencias negativas para la reputación de España en general, y de Valencia en particular".

La plataforma Abusos Urbanísticos No solicitó hace unos días a la Fiscalía Anticorrupción que abra una investigación para perseguir a grupos organizados que, según el colectivo, se han lucrado en detrimento de los propietarios de los terrenos. El colectivo advierte de que los promotores han trasladado su actividad hacia las comarcas del interior ante la palmaria saturación urbanística de la costa.

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