La Comisión multa con 20 millones a empresas y sindicatos agrarios por pactar el precio del tabaco
Cinco tabacaleras y cuatro sindicatos agrarios han estado pactando los precios a pagar a los cultivadores españoles del tabaco durante años. Así lo asegura la Comisión Europea tras una larga investigación al final de la cual ha decidido, ayer, imponer una multa total de 20 millones de euros a los implicados en el caso por "infracción muy grave". "El sector agrícola no goza de inmunidad frente a las normas de la competencia", advierte la Comisión en la nota emitida sobre las multas. Deltafina, con 11,8 millones de euros, es la más penalizada, mientras que los sindicatos Asaja, UPA, COAG y la confederación de cooperativas CCAE han sido sancionados con una multa "simbólica" de mil euros cada uno.
Además de Deltafina, empresa italiana que es la más importante compradora del sector español de transformación del tabaco, han sido multadas la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa), 3,6 millones; World Wide Tobacco España (WWTE), 1,8; Agroexpansión (2,5), y Tabacos Españoles (Taes), 108.000 euros. Sus prácticas comerciales de fijación de precios, formando un cartel, están prohibidas en la UE, por considerar que distorsionan las reglas de la libre competencia.
Bruselas considera que tales prácticas no pueden ampararse en la organización común del mercado del tabaco de la UE que, precisamente, acaba de ser modificada de manera que las subvenciones a la producción del tabaco dejarán de existir dentro de seis años, aunque en su lugar adjudicará una cantidad de dinero similar para mantener el tejido agrario. España se lleva anualmente por este concepto unos 100 millones de euros.
La decisión tomada ayer supone que la Comisión ha considerado especialmente grave la práctica comercial de las cinco empresas transformadoras. Según Bruselas, éstas fijaron los precios que pagarían a los cultivadores entre 1996 y 2001 y se repartieron las cantidades de tabaco crudo que cada una compraría cuando se entregara el producto. "El cartel de los transformadores se perfeccionó en 1998 mediante un sistema sofisticado de intercambio de información y de cesiones obligatorias de tabaco", dice la Comisión.
Menos grave se ha considerado el acuerdo pactado entre los cultivadores a través de los sindicatos agrarios mencionados, que durante ese tiempo acordaron entre sí unas horquillas de precios y unos precios mínimos que, según Bruselas, negociaron posteriormente con los transformadores de tabaco estar incluidos en los "contratos de cultivo", que ofrecen un marco general de precios utilizado después para fijar el precio final.
La actual dirección de Cetarsa, que estudia la presentación de un recurso, considera muy elevada la cuantía de la sanción, y la confederación de cooperativas agrarias CCAE cree que la multa "cuestiona la legalidad nacional" sobre los contratos tipo homologados que regulan la compraventa de tabaco.
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