La Audiencia de Pamplona abre hoy el juicio sobre el 'caso Otano' con dudas sobre la prescripción del delito de cohecho
Tras ocho años de investigación, la Audiencia de Pamplona inicia hoy la vista oral del llamado caso Otano, el proceso instruido contra dos ex presidentes socialistas de Navarra por el presunto cobro ilegal de una comisión de un millón de euros procedente de la venta de la empresa de electrodomésticos Safel a la multinacional Bosch Siemens. La fiscalía no presenta acusación al considerar que el presunto cohecho no ha quedado acreditado y planteará como cuestión previa la prescripción del delito, dado que la venta de Safel se produjo en 1989 y la investigación se inició en 1996, superado el margen de cinco años fijado en la ley para enjuiciar este tipo de actuaciones.
Un juez archivó la causa en 2001, pero los recursos presentados por Herri Batasuna llevaron a la Audiencia Provincial a reabrirla y ordenar finalmente la vista oral. Apartada HB del caso por su ilegalización, la única acusación del proceso la ejerce una acción popular que representa a 129 ciudadanos. Sus letrados solicitan cuatro años de cárcel y dos meses de prisión para el ex presidente Gabriel Urralburu y el ex consejero Antonio Aragón, ya condenados por la llamada trama navarra del caso Roldán, por ser los únicos imputados que ostentaban cargos públicos en el momento de la venta. Para los otros acusados (el ex presidente Javier Otano; su mujer, María Teresa Arcos; las esposas de Urralburu y Aragón, Olivia Balda y Ana Isabel Romeo; el abogado madrileño Agustín Guardia Palau y Jorge Esparza) la acusación piden sendas multas de 6.000 euros como encubridores del presunto cohecho.
La investigación se desgajó del sumario Urralburu en 1996 al descubrirse una cuenta en Suiza a nombre de Otano, lo que provocó su dimisión al frente del Ejecutivo navarro y la caída del gobierno tripartito que presidía. La cuenta había sido abierta por ex dirigentes socialistas navarros en el Discount Bank de Ginebra y en ella se ingresaron 1.057.781 euros. El juez suizo Paul Perraudin acreditó que entre 1989 y 1990 Bosch Siemens ingresó 1,9 millones de euros en diferentes cuentas suizas, una de ellas la perteneciente a los políticos navarros. Finalmente, el dinero desapareció entre 1994 y 1995, cuando la cuenta final estaba a nombre de la esposa de Otano.
