"El problema de la delincuencia nos puede desbordar"

Nombrado fiscal jefe de Madrid en el verano de 2003, nada más llegar a su nuevo cargo ofreció "diálogo y cooperación para todos y con todos". Aceptó la jefatura de la mayor fiscalía de España, con 190 fiscales, asumiendo dos retos: luchar por la reducción de la delincuencia en la región, que se ha disparado en los últimos años, y potenciar los juicios rápidos.

Pregunta. La delincuencia está disparada. ¿Qué ha ha hecho la fiscalía de Madrid para frenarla?

Respuesta. Somos conscientes de que el problema nos puede desbordar. En el último año ha aumentado un pelín y de manera muy inferior a otros años.

P. Sí, pero está estabilizada en unas cotas altísimas...

R. Es un asunto complejo. Hay bandas organizadas, nacionales e internacionales, la mafia rusa... No estamos preparados para combatir esta nueva delincuencia, que es más sofisticada. Este tipo de delincuencia no existía antes. ¿Que cómo podemos atajarlo? Pues ahí está el problema. Con los medios clásicos no podemos. Nos hemos quedado atrasados. Un juzgado de instrucción que lleva 8.000 diligencias previas al año no está preparado para hacer frente a estas bandas, que roban coches, asaltan chalés... Hacen faltan más medios.

P. Entonces, ¿reconoce que no hay forma de acabar con estas bandas tan peligrosas?

R. Luchar contra esta nueva delincuencia requiere una especialización, exige una preparación de jueces, fiscales y fuerzas del orden. Es cierto que hay gente preparada, pero es poca. Son necesarios más recursos humanos y materiales: más jueces, más fiscales y más policías.

P. ¿No hay fiscales suficientes?

R. Somos 190 para toda la Comunidad. Para subsistir mínimamente hacen falta otros 50. En proporción al número de habitantes, Madrid es la que menos fiscales tiene de toda España.

P. Los juicios rápidos se presentaron como una solución y no han alcanzado aún las expectativas.

R. Empezamos muy lentos en su desarrollo. El año pasado la conclusión fue desalentadora. Pero este año sí ha habido una progresión mes a mes. Hasta agosto de este año llevábamos 12.500 juicios rápidos.

P. Pero la previsión de los jueces era hacer 24 juicios rápidos por delito al día y 16 de faltas, y la de los fiscales era mucho mayor aún. El año pasado la media diaria no llegó a 11 juicios por delito.

R. Toda nueva ley necesita un periodo de transición, de adaptación. Ya nos vamos acercando a las previsiones.

P. La ley exige que el fiscal esté presente en determinados actos. Pero lo cierto es que hay temas civiles, de familia, contenciosos, etcétera, a los que no acude.

R. Las últimas reformas legislativas han dado más protagonismo al fiscal y exigen su presencia: la Ley del Menor, la de Enjuiciamiento Civil, la de Procedimiento Laboral, la Contenciosa-Administrativa, las órdenes de protección en la violencia doméstica, los juicios rápidos... Hoy, con los medios que tenemos, no podemos atender todos los señalamientos penales y civiles. Primamos los penales; y, dentro de los civiles, tenemos que establecer prioridades.

P. Hay jueces dando la voz de alarma: dicen que hoy tienen más tiempo para juicios rápidos y no para investigar grandes procesos.

R. La finalidad de los juicios rápidos era la pequeña delincuencia, los delitos flagrantes, la violencia doméstica, y eso se está cumpliendo. Es cierto que en las causas más complejas van más despacio, sí. Pero no le echemos la culpa a los juicios rápidos. La violencia doméstica obtiene una respuesta en el día. Habrá que generar otros recursos humanos para las causas más complejas.

P. Si los juzgados, por falta de medios y por el tiempo que absorben los juicios rápidos, no investigan y tampoco lo hace la fiscalía, ¿quién investiga entonces?

R. Los juzgados siguen instruyendo. Y en la fiscalía también investigamos, pero lo esencial. Si en la fiscalía vemos que un hecho constituye delito, lo envíamos al juzgado y el fiscal hace un seguimiento desde el juzgado.

P. Sí, pero si al juzgado, donde no se investiga mucho, se le lleva la investigación ya encauzada, quizá sería mejor, ¿no?

R. Puede que se lleve hecha, pero luego en el juzgado habría que reiterarla. Lo que se haga en la fiscalía no sirve de prueba para el juicio. Con una investigación de dos meses ya tenemos datos suficientes para ver si una conducta es o no delictiva. Los asuntos importantes los investigamos.

P. Hay quejas de ecologistas de que en la sección de Medio Ambiente de la fiscalía ya no se investiga como se hacía antes, con el anterior fiscal jefe [Mariano Fernández Bermejo]. Y que tramas urbanísticas que antes se remitían a los juzgados penales usted las orienta ahora a la vía contenciosa.

R. El 85% de las diligencias de investigación de la fiscalía se han hecho en la sección de Medio Ambiente. Ahí había investigaciones abiertas de los años 1998 y 2000. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué pasa con esas investigaciones. Pienso que el fiscal tiene que delimitar el delito y enviarlo a los juzgados. Cuanto antes lo haga, menos tiempo se perderá. Y si se envía a la vía contenciosa un asunto y no a la penal, es porque la fiscalía entiende que no es delito. Y no porque crea que en el urbanismo no se cometen delitos. Cuando llega una denuncia valoramos si es o no delito y actuamos en consecuencia. Un hecho urbanístico puede no ser delito, pero sí una ilegalidad que deba verse en los juzgados de lo contencioso.

P. ¿Quién debe instruir: el fiscal o el juez?

R. Es una discusión muy antigua. Soy partidario de que instruya el fiscal. Aunque el cambio es un tema muy complejo y requiere un amplio consenso de todos los colectivos.

P. A usted le nombró el Gobierno del PP. Ahora es usted el fiscal jefe de Madrid, en cuya Comunidad gobierna el PP, si bien depende de un fiscal general designado por el PSOE. ¿Se siente cómodo en esta situación?

R. Ése es un esquema simplista. El fiscal tiene una misión constitucional. Los cambios políticos no tienen por qué afectarle. El fiscal está al margen de ideologías políticas y no debe afectarle el color político del Gobierno, puesto que se trata de un servidor de la ley. De todas formas, hay una buena relación institucional con la Comunidad, y también es absolutamente cordial con la Fiscalía General. Todos tenemos una misma misión, lo demás son etiquetas políticas. Debemos actuar con imparcialidad y objetividad.

P. Profesionales y usuarios se quejan de que en Madrid hay 16 sedes judiciales dispersas...

R. Es una rémora para el funcionamiento de la fiscalía. No podemos estar yendo cada semana a tres o cuatro sedes distintas. Hay un trasiego de expedientes de un lado para otro. Es necesario concentrar las sedes judiciales. La Ciudad Judicial es una buena idea. Pero, mientras se construye, deberían concentrarse las jurisdicciones.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix Blázquez, admite en esta entrevista la alta tasa de delitos que azota la Comunidad de Madrid -"aunque este año el crecimiento está siendo muy inferior a otros anteriores", señala- y denuncia que hacen falta "más jueces, fiscales y fuerzas del orden" para combatir el crimen. A Moix le preocupa especialmente "la nueva delincuencia". Y reconoce: "No estamos preparados para luchar contra ella".