El fiscal pide 41 años para ocho acusados de 3.000 cremaciones ilegales

La Audiencia Provincial de Málaga juzgará a partir de hoy a ocho personas acusadas de haber incinerado de forma ilegal unos 3.000 cadáveres en los hornos del cementerio municipal. La Fiscalía pide para ellos penas que suman 41 años de prisión por los presuntos delitos de estafa, falsificación de documentos, contra el respeto de los difuntos y contra el mercado y los consumidores. Además solicita indemnizaciones por un total de dos millones de euros para las familias que fueron presuntamente estafadas.

El caso, conocido como el fraude de las funerarias, fue descubierto en 1997 por el Cuerpo Nacional de Policía tras una denuncia de la dirección del cementerio sobre el uso sin control de sus hornos crematorios en horario nocturno. En su día causó una gran conmoción en la ciudad por la naturaleza de la estafa -en algunos casos se ha comprobado que los restos entregados a las familias no eran los de sus finados- y el gran número de personas afectadas.

Los acusados son un empleado de la empresa municipal Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) y siete trabajadores de seis empresas funerarias de la ciudad. Según la acusación, el trabajador de Parcemasa Francisco Yepes ofreció en 1992 a las seis funerarias cobrarles una tarifa más baja que la oficial, entre 60 y 150 euros, si llevaban los cadáveres a incinerar por las noches.

Las empresas informaban a los familiares de que trasladaban los cadáveres a otras ciudades donde la cremación era más barata que en Málaga (incluso cargaban los costes del viaje), pero la realidad era que, con la supuesta complicidad de Yepes, se realizaban de forma clandestina en el cementerio malagueño, en muchas ocasiones de forma colectiva, por lo que las cenizas que devolvían a las familias no eran las de sus allegados.

La red tramada por los acusados alcanzó tal extremo que llegó a tener problemas para realizar todas las cremaciones. La policía encontró restos humanos sin incinerar de 55 personas en el garaje de uno de los acusados, Emilio P. R., gerente de la funeraria La Popular.