Justicia revisará "con detenimiento" los permisos penitenciarios de los violadores

Los cerca de 400 reclusos de prisiones catalanas que han cometido delitos contra la libertad sexual (el 5% de los internos) seguirán disfrutando de permisos penitenciarios, aunque éstos serán revisados con más detenimiento tras el fracaso en la reinserción de Pedro Jiménez, el presunto asesino de dos mujeres policía en L'Hospitalet de Llobregat.

El secretario de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil, Albert Batlle, dijo ayer que a los reclusos condenados por estos delitos se les ofrece la posibilidad de seguir un programa de rehabilitación específico, conocido como SAC (Control de la Agresión Sexual), que "es obligatorio para acceder a los permisos penitenciarios".

Este programa fue seguido por Pedro Jiménez, condenado a 30 años por violación y acusado de haber cometido el doble crimen de L'Hospitalet el pasado 5 de octubre, cuando disfrutaba de un permiso penitenciario.

Batlle subrayó ayer que no todos los violadores son psicópatas y que este programa de rehabilitación obtiene buenos resultados en líneas generales. "De los internos que siguen el SAC, reinciden el 4,1%, mientras que el índice de reincidencia entre los que no se someten a este programa asciende al 18,5%", destacó el secretario de Servicios Penitenciarios. Batlle agregó que siempre existe un porcentaje de "reclusos impermeables" a este tratamiento.

Asimismo negó que a raíz del caso de L'Hospitalet se vayan a denegar permisos a violadores, aunque precisó que el Departamento de Justicia "revisará los mecanismos" mediante los cuales se conceden dichas autorizaciones y prestará especial atención al "tratamiento individualizado" de cada interno. El secretario de Servicios Penitenciarios añadió que el doble crimen cometido presuntamente por Jiménez sólo ha provocado la revisión de "una decena" de permisos y admitió que la alarma social generada por el caso ha desatado "cierta tensión" en las cárceles catalanas ante el temor de que a partir de ahora se denieguen numerosos permisos.

Batlle recordó que el Gobierno catalán siempre se ha mostrado "garantista" con los derechos de los presos y que "en ningún caso" se puede modificar el artículo 25.2 de la Constitución,que establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social.También admitió la falta de recursos para cumplir con esta función y anunció la voluntad de la Generalitat de aumentar el número de psicólogos, educadores y trabajadores sociales en las prisiones catalanas.