Los grandes partidos de México acosan al alcalde de la capital

La normalización política será imposible en México sin un acuerdo sobre el proceso de desafuero contra el alcalde de la capital federal, Andrés Manuel López Obrador, favorito en las encuestas previas a las generales de 2006. Casi todo gira en torno a un regidor que maneja un presupuesto de 6.800 millones de dólares y hace tres semanas llamó a la "resistencia civil pacífica" frente a una supuesta conjura del Gobierno de Vicente Fox.

López Obrador acusa a Fox y sus aliados en la sombra de intentar inhabilitarle como candidato y abortar la posibilidad de que la izquierda alcance, por primera vez, la presidencia de la república. No podrá serlo si es juzgado y condenado por el desacato de una sentencia sobre paralización de obras porque le caerían antecedentes penales.

"No me quedaré con los brazos cruzados", advirtió López Obrador, de 52 años, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), izquierda. Ni el desafuero, que ventila una comisión del Congreso, ni las acometidas contra su gestión le mellaron significativamente, ya que la muestra lo percibe víctima de la derecha y de la oligarquía. Los gobernantes de su perfil se desayunan con las encuestas sobre el ánimo social y emulan al venerado Pericles, que construyó el Partenón y fue mecenas de las artes, pero quebró a Atenas porque echó mano del dinero de otras ciudades griegas. Buena parte de los fondos distribuidos a los capitalinos ancianos o menesterosos, en efectivos o en útiles escolares, procede de la federación.

"Como los buenos negociantes, ha localizado los nichos de mercado de una manera precisa: los pobres y los empresarios de primer nivel", señalan Alejandro Trilles y Héctor Zagal, en un libro sobre el alcalde. La captación de los primeros es fácil porque el 50% de los 104 millones de mexicanos malvive y atribuye su postración a la sistemática depredación de los caudales públicos. El oficialista y conservador Partido de Acción Nacional (PAN) y el opositor y camaleónico Partido Revolucionario Institucional (PAN) se coaligaron para golpear a López Obrador donde más puede dolerle: el dinero.

Los dos principales partidos de México aprobaron el primer paso de una reforma constitucional que arrebata a la capital 800 millones de dólares anuales, puesto que se modifica la financiación de su sistema educativo. De completarse la enmienda, ya no será sufragado casi en su totalidad por el Gobierno federal. "Es un tema de equidad, de distribución más pareja de los recursos y de las responsabilidades", justificó el diputado Francisco Barrio, del PAN. México está dividido en 31 Estados y el Distrito Federal. Durante dos días, clamando contra "el saqueo para asfixiar a López Obrador", los diputados del PRD, tercer partido de México, asaltaron la sala de sesiones del Congreso. Su bronco comportamiento satisfizo a quienes lo esperaban "para que la gente vea qué tipo de partido nos quiere gobernar a partir de 2006".

Pero López no ceja y apenas cae en las encuestas, porque se exhibe virtuoso y austero, viaja en utilitario, habita un modesto piso, maldice el neoliberalismo y entrega 600 pesos mensuales (50 dólares) a sus ancianos, y 670 pesos (55 dólares), a las madres solteras. Propone la obligatoriedad del donativo en todo el país. Consulta a la ciudadanía las tarifas del transporte público o la idoneidad de los pasos elevados, y después actúa a conveniencia. Magistralmente, exalta al olvidado "pueblo". Sus políticas son descaradamente electoralistas, según sus críticos. El electoralismo y el populismo son epidemias de vieja data que lastran el despegue de América Latina.

La "revolución productiva" prometida hace cuatro años por Fox, dirigente del PAN, no arranca: millones, fundamentalmente campesinos, reciben dinero en mano para sobrevivir. Aunque incorporando ciertas condiciones y estímulos para apoyar a los emprendedores, continúa vigente el paternalismo de Estado aplicado durante la hegemonía de 71 años del PRI, cuyos presidenciables sueñan con la inhabilitación del ex priista López Obrador. Bajo su mandato, auguran sus oponentes, México se precipitaría en la intolerancia, la heterodoxia económica y la inseguridad jurídica.

El economista Antonio Castro piensa que el populismo, "más que una borrachera, es como una droga para el que está en el poder, y los impactos de la cruda (resaca) son para la población. Ya vivimos unas crudas allá en 1977, 1982, 1987 y 1995 [fechas de las sucesivas crisis económicas de México]".