El Consell obtendrá suelo gratis en Mundo Ilusión tras los litigios por expropiaciones en Terra Mítica

La Generalitat se garantizó ayer la gratuidad del suelo sobre el que, de cumplirse el compromiso, construirá el parque temático Mundo Ilusión, entre los municipios de Oropesa y Cabanes. El Consell ha optado por una fórmula bien diferente, la cesión de terrenos por los constructores, a la aplicada en Terra Mítica, donde se compró, a través de expropiaciones, el suelo destinado al parque de Benidorm y a su entorno. En aquel caso, el Consell ha perdido ya cuatro litigios con los propietarios porque los terrenos fueron pagados por debajo de su precio, dado el uso al que se han destinado.

El pago como suelo forestal de los terrenos destinados a Terra Mítica llevó a la impugnación del justiprecio fijado y, de momento, a cuatro sentencias por las que los 17,6 millones de euros iniciales rozarán, finalmente, los 100 millones de euros que habrán de pagar los valencianos, ya que el Tribunal Superior de Justicia considera que en realidad se trataba de suelo urbanizable y como tal debía pagarse.

Con el convenio firmado ayer por el consejero de Economía, Gerardo Camps, la Administración autonómica obliga a los ayuntamientos a ceder 800.000 metros cuadrados para la construcción del centro de ocio. Los consistorios obtendrán este terreno de la superficie que las constructoras han de ceder obligatoriamente a los municipios por el aprovechamiento urbanístico de un entorno. Así, los ayuntamientos de Cabanes y Oropesa no verán aumentado su patrimonio y, a cambio, la Generalitat financiará la construcción del parque. Camps admitió ayer que con Mundo Ilusión "innovamos una fórmula" y añadió: "Estoy completamente seguro de que lo hacemos de mejor forma que lo hemos hecho en ocasiones anteriores". Aún más, calificó de "positiva" la aplicación de fórmulas que mejoren otros sistemas "que hayan podido ser causa, a lo mejor, de algún error".

Camps firmó ayer con los alcaldes de Oropesa, Rafael Albert, y de Cabanes, Artemi Ciurana, y con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, un convenio de colaboración que no marca plazos. El convenio sí sirve, en cualquier caso, para levantar definitivamente, la suspensión de licencias de obras decretada en mayo de 2003 sobre la superficie del futuro parque y su entorno. Esta suspensión, de la que ya en septiembre se anunció su fin, sirvió de excusa legal para que los ayuntamientos rechazaran una propuesta de urbanización de cerca de 16 millones de metros cuadrados alrededor del futuro centro de ocio, presentada por Lubasa, PGP y Ortiz.

Según Fabra, "a partir de hoy, las empresas interesadas en desarrollar el entorno ya pueden presentar sus ofertas". Sin embargo, el convenio marca otros tiempos. Pese a que se ha dejado en manos del los ayuntamientos la confección del modelo de urbanización para la zona, la Generalitat obliga a que ambos consistorios revisen su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un trámite que puede demorarse durante años. Aún así, el mismo documento estipula que, al menos, antes de concluir con la revisión, cada una de las administraciones locales habrá de ordenar los sectores "en los que va a gestionar la obtención de los terrenos del centro de ocio" y señala que los mismos ayuntamientos no remitirán a la consejería ningún proyecto de desarrollo del entorno "sin que previamente se haya emitido informe favorable al documento de concierto previo a la revisión de sus planes generales". Es decir, en manos de la Generalitat está el visto bueno al modelo de urbanización que se pretenda construir y hasta que los ayuntamientos no cuenten con él no se tramitará ninguna oferta presentada por las empresas privadas.