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La Generalitat hace incompatible la titularidad de una farmacia con los funcionarios

María Fabra

Hasta ahora, los funcionarios farmacéuticos debían ser titulares de una oficina para acceder a su puesto en la Administración. A partir de ahora, una vez se haya aprobado la nueva Ley de Salud Pública, elaborada por al Consejería de Sanidad, la Generalitat hará incompatibles ambas circunstancias. El Comité Económico y Social (CES) dictaminó ayer favorablemente el anteproyecto de la nueva normativa. Sin embargo, varios de sus miembros destacaron el cambio que pretende la Generalitat. El representante de la patronal, Arturo Cerveró, calificó de "no positiva" la incompatibilidad prevista por Sanidad pese a que el grupo de representación empresarial no trató de incluir ninguna enmienda en el dictamen para que el Gobierno valenciano revisara este requisito. Así, la nueva norma pretende suprimir el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares al servicio de la sanidad local en la Comunidad Valenciana y declara "a extinguir" todos los puestos pertenecientes al mismo. Esta categoría quedará reconvertida a la de "farmacéuticos de salud pública", con la consideración laboral de funcionarios de instituciones sanitarias al servicio de la Consejería de Sanidad. Para ello, el Consell, según la nueva ley, se compromete, en el plazo de un año, a la creación de esta nueva categoría profesional y establecerá el procedimiento para la amortización de plazas de farmacéuticos titulares vacantes, de las ocupadas por farmacéuticos titulares interinos y de las de aquellos funcionarios con plaza en propiedad que se integren en la nueva categoría profesional. A este respecto, el dictamen del comité señala que "sería necesaria" una negociación previa al proceso de amortización de las plazas de farmacéuticos titulares cubiertas por interinos.

Cambio de modelo

El anteproyecto de Ley de Salud Pública configura un cambio en el modelo de gestión de la salud pública mediante la distribución de competencias en nuevos organismos. Con esta intención incluye la creación de la Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria, el Centro Superior de Investigación en Salud Pública y el Instituto Valenciano para la Acción en Salud Pública. Respecto a estas tres nuevas instituciones, el CES ha hecho una importante salvedad ya que, del estudio del anteproyecto, se desprende que el mismo "profundiza en mayor grado, en nuevas medidas organizativas que en el desarrollo de las funciones esenciales, actividades básicas y líneas estratégicas en salud pública". Además señala que, de hecho, "se produce un solapamiento de funciones entre las establecidas por el anteproyecto" para el Centro Superior de Investigación y las de la escuela de Estudios para la Salud. Los tres nuevos organismos provocaron la presentación de un voto particular al dictamen del CES ya que los sindicatos son partidarios de que tanto la agencia como el centro de investigación sean dependientes del Instituto Valenciano para la Acción en Salud Pública y que no estén únicamente adscritos al mismo.

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