Un juez exculpó a Medina de tráfico de influencias y soborno tras contratar el Ayuntamiento a su hermana

Un juez de Orihuela decretó el archivo de dos querellas por supuesto tráfico de influencias y soborno presentadas contra el alcalde de la localidad, José Manuel Medina, del PP, después de que el Ayuntamiento contratara a un familiar del magistrado, en concreto a una hermana. El PSPV, promotor de una de las denuncias, asegura que solicitará la nulidad de las actuaciones judiciales. Los socialistas también han anunciado que trasladarán al fiscal general del Estado la medida del Ayuntamiento de pagar ocho plazas de aparcamiento privado para uso exclusivo de los jueces.

El alcalde de Orihuela dice que pensar que un magistrado actúa así es una desvergüenza

El PSPV dice que el juez debió abstenerse y pedirá la anulación de las actuaciones

El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP con mayoría absoluta, contrató en agosto de 2001 a María Dolores Galiana Serrano, hermana del entonces titular del Juzgado número 3 de Orihuela, José Manuel Galiana Serrano - el magistrado dejó esa oficina judicial unos meses antes de los comicios municipales de 2003-. La hermana del juez se incorporó al negociado del Registro de Entrada del Ayuntamiento con un contrato para obra o servicio determinado. Tres años después sigue en el mencionado departamento y en mismo puesto.

Unos meses antes de la entrada de la hermana del juez en el Ayuntamiento, en concreto en abril de 2001, el PSPV presentó una querella contra el alcalde y una concejal del grupo popular por un supuesto delito de tráfico de influencias y prevaricación por adjudicación de fondos a la revista local Portada. La publicación está regentada por Antonio Galiano, a su vez, hermano de la edil denunciada junto a Medina.

El asunto recayó en el juzgado número 3 de Orihuela. El magistrado, sin citar a declarar a los querellados, archivó la causa un año más tarde.

El juzgado número 3, también bajo la dirección del magistrado Galiana Serrano, fue el encargado de instruir una querella por un supuesto delito de soborno presentada por José Meseguer, edil del grupo liberal, contra el industrial Ángel Fenoll. El denunciante acusaba al empresario de ofrecerle dinero a cambio de mantener su apoyo a Medina. El primer edil también fue imputado en la causa como beneficiario directo del supuesto soborno. El juez, tras tomarle declaración, retiró la acusación contra Medina. La resolución judicial coincidió en el tiempo con el archivo de la querella del PSPV.

El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco García Ortuño, ha asegurado que tras tener "constancia" de la contratación de la hermana del juez instructor en el Ayuntamiento va a solicitar la nulidad de las actuación judiciales. "No estamos en contra de que familiar de un juez trabaje allí donde encuentre un puesto", dijo García Ortuño. "Pero pensamos que el magistrado debió abstenerse en el asunto, máxime cuando adopta el acuerdo con posterioridad a la entrada de su hermana en el Ayuntamiento", añadió el dirigente socialista.

Por su parte, el alcalde expresó ayer su indignación por la reacción de los socialistas. Medina ni negó ni confirmó que el Ayuntamiento haya contratado a la hermana del juez: "Son más de 500 empleados los que hay en el Ayuntamiento y no conozco a todos", dijo. "Pero en cualquier caso, ¿por ser hermana de un juez no tiene derecho a trabajar?" se preguntó.

Medina censuró el anuncio de los socialistas de pedir la nulidad de las actuaciones judiciales en la querella contra él por supuesto tráfico de influencias. "Es una desvergüenza pensar que un juez actúa de un forma o de otra por una cuestión así [el contrato de un familiar]", explicó. "Son ellos [los socialistas] los que sí actúan así, y su comportamiento y denuncia dejan claro cuál es su verdadero talante político", añadió.

García Ortuño también anunció que trasladará a la Fiscalía General del Estado la iniciativa del Ayuntamiento de Orihuela de pagar el aparcamiento privado a los jueces. Desde abril de 2002, el Ayuntamiento, por decreto de Alcaldía, ha abonado ya unos 40.000 euros a la empresa que explota el aparcamiento Entrepuentes por ocho plazas para uso exclusivo de los magistrados.