El Parlamento constituye hoy un grupo sobre violencia doméstica

La concreción de un marco integral de prevención, tratamiento y recursos para las víctimas de la violencia doméstica es la principal tarea que afrontará el grupo de trabajo que se constituirá hoy en el seno de la comisión parlamentaria de Igualdad y Bienestar Social. La creación de este grupo de trabajo fue acordada por unanimidad de los grupos parlamentarios el pasado 29 de junio, un mes después de que la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, anunciara la intención de la Junta de aprobar una Ley Integral contra la violencia doméstica, normativa que podría aprobarse el próximo año.

La portavoz de Igualdad y Bienestar Social del PSOE, Isabel Muñoz, informó ayer de que este grupo de trabajo, integrado por los miembros de la mesa de la comisión parlamentaria de Igualdad y los portavoces de este área de los cuatro grupos políticos, realizará un "estudio en profundidad" sobre la situación de la violencia doméstica en Andalucía y las medidas para atajar el problema.

El grupo de trabajo profundizará además en los diferentes aspectos de la nueva ley integral y en la prevención, el tratamiento y los recursos destinados a las víctimas. Muñoz apostó por el consenso de los grupos políticos para obtener unas conclusiones antes de la finalización del actual periodo de sesiones. La nueva ley integral pretende dar respuesta a las víctimas de la violencia doméstica en materia de empleo, vivienda, sanidad o en los ámbitos social y económico, así como garantizar el derecho de estas mujeres a los recursos públicos. Está prevista la comparecencia ante el grupo de trabajo del Defensor del Pueblo, representantes de las fuerzas de seguridad y de las organizaciones de mujeres, así como otros colectivos, que contribuyan a diseñar las medidas adecuadas para dar respuesta a la violencia doméstica de manera integral. El PP ha anunciado que presentará ante el grupo de trabajo una batería de medidas de competencia autonómica, al tiempo que ha defendido que las medidas de protección tengan sus correspondientes partidas financieras.