La opinión de un jubilado

Después de más de seis años de estar anunciándonos la reforma del estatuto y del reglamento electoral en los centros de la tercera edad del Ayuntamiento de Madrid, por fin nos lo han hecho este año. Es similar al anterior, pero más perjudicial para los socios. Es una chapuza antidemocrática y para este viaje no necesitábamos alforjas.

Los presidentes de las directivas no deberían ser también presidentes de las asambleas generales, porque son manipuladas, no se puede hacer ninguna crítica constructiva ni corregir las muchas irregularidades que cometen estos señores con su abuso de autoridad. En la Comunidad se forma una Mesa provisional con un presidente y un secretario, y esto es más democrático.

Este estatuto les ha dado un exceso de autoridad como si fueran infalibles e impolutos. Son nuestros representantes, pero en este caso ni han defendido nuestros derechos ni han sabido ni han querido, ni les ha interesado. Nos han anulado derechos inalienables que nos había concedido la Carta Magna de nuestra Constitución.

Las listas cerradas para las elecciones deberían ser listas abiertas, como en la Comunidad. En este caso hay que pertenecer a un grupúsculo, que siempre tiene una tendencia política, nombra un presidente antes de las elecciones, después se convierte en un sátrapa de turno, que domina a toda la directiva y se hace autoritario en todo el centro; a su vez es manipulado por los Servicios Sociales, que es la misma administración. Todo lo contrario a estas cacicadas se evitarían con las listas abiertas. Los socios votarían a lo solicitantes que más lo merecieran, y éstos, de vocales, elegirían un presidente mucho más demócrata. Esto también se hace en la Comunidad.

Han omitido las prescripciones de las faltas, de esta manera las directivas pueden incoar un expediente disciplinario a cualquier socio que haya cometido una supuesta grave, después de dos, tres y cuatro años, como le ha sucedido a un servidor en el centro Teresa de Calcuta, del distrito de Barajas. La orden ministerial del 16-5-8 manifiesta claramente que las faltas leves prescriben a los dos meses y las graves a los cuatro, cuando el Inserso traspasó sus funciones a la Comunidad de Madrid, que también debería ser para el Ayuntamiento.

En la mayoría de los centros no existe reglamento de régimen interior, y donde los hay son ilegales, sin estar sancionados por el concejal y sin audiencia de los socios en asambleas extraordinarias donde se recojan las inquietudes sociales del centro y se desglose y concrete algunos artículos ambiguos del estatuto.

En la mayoría de los centros las directivas se eternizan, cuando en función de la ley y de la lógica no deberían estar más de dos periodos de dos años.

Antes de haber promulgado el actual estatuto deberían haber mandado a todos los centros un borrador para conocimiento de los socios, y que éstos, en asambleas extraordinarias, hubieran manifestado sus opiniones.

¿Qué ha hecho la oposición democrática del Partido Socialista e Izquierda Unida para tolerar esta chapuza antidemocrática?

Nos han tratado como si fuéramos niños o tontos.