La mayoría conservadora impondrá su criterio contra la reforma de la elección de los jueces

La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer por tres votos a dos el informe contrario al anteproyecto de ley que exigirá 13 de los 21 votos del Consejo para designar a los cargos de la cúpula judicial. El informe no vinculante auspiciado por la mayoría conservadora califica el anteproyecto de inconstitucional e "intempestivo", mientras que el voto particular del sector progresista avala la reforma planteada por el Ejecutivo, a la que considera correcta, al realizarla por ley orgánica. Dicho voto niega que la reforma propuesta sea inconstitucional, cuestión que, según recuerda, no sería de su competencia. Previsiblemente se impondrá el criterio contrario a la reforma legislativa.

Votaron a favor del informe tres vocales propuestos por el PP: el presidente de la Comisión de Estudios, Adolfo Prego; José Luis Requero y Javier Laorden, este último ponente del texto, de 35 folios. Votaron en contra dos consejeros propuestos por el PSOE: el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, y el vocal Luis Aguiar.

Entre los argumentos conservadores en contra de que la ley exija tres quintos del CGPJ para designar magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, el informe señala que "un cambio en el sistema de mayorías para la formación de la voluntad de sus órganos no puede ser calificado sino de intempestivo, y en modo alguno puede ser presentado ante la opinión pública y de los profesionales implicados (...) como presupuesto necesario para el afianzamiento de la imagen de imparcialidad de los órganos judiciales".

El voto particular elaborado por Aguiar, en nombre del sector progresista, considera correcto y adecuado un sistema de nombramiento de importantes cargos judiciales que propicie el consenso y el diálogo entre los integrantes del CGPJ. Aguiar -que es catedrático de Derecho Constitucional- considera "jurídicamente muy débiles las imputaciones de inconstitucionalidad que se hace a la futura ley, ya que carecen de fundamentación jurídica y sólo se sustentan en la crítica al criterio de oportunidad política aplicado por el Gobierno".

Potestad legislativa

El sector progresista encuentra en el informe aprobado por los conservadores un punto de conexión asumible por todo el CGPJ, que es la referencia a la potestad legislativa que la Constitución permite para regular las funciones del órgano de gobierno de los jueces, entre ellas la de nombramientos. El voto particular señala que la ley orgánica es el instrumento adecuado y recuerda a los conservadores que no se opusieron a otras reformas del Gobierno del PP que afectaban a funciones del CGPJ.

Aguiar señala que, a pesar de las duras críticas conservadoras a la futura ley, el informe no niega "en ningún caso la amplia potestad de configuración normativa que la Constitución atribuye al Poder Legislativo en la regulación del ejercicio de las funciones de gobierno del CGPJ, y en la determinación de sus procedimientos de actuación y decisión".

Para Aguiar, la referencia a la potestad legislativa es obligada si se tiene en cuenta que el artículo 122.2 de la Constitución dice taxativamente: "El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario".

La Asociación Profesional de la Magistratura, beneficiaria de la política de nombramientos del actual Consejo, calificó ayer de "intromisión flagrante por parte del Poder Ejecutivo" el incremento de la mayoría necesaria para designar altos cargos judiciales.

En cambio, el portavoz de la minoritaria y progresista Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achútegui, señaló que "exigir que nombramientos tan delicados vengan avalados por un amplio apoyo de vocales del CGPJ no sólo no vulnera la Constitución, sino que, por el contrario, responde al espíritu de la Constitución".